Hoy las organizaciones de Cotabambas, entre ellas el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de Cotabambas, enviaron una carta a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), solicitando la modificación de la Resolución Ministerial 263-2015-PCM que creó la “Mesa de trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”.
En el documento se plantea cambiar la finalidad de la mesa, que actualmente, según la resolución, se centra en “acciones de desarrollo”. Desde su instalación, en febrero de este año, la mesa ha buscado en la práctica encontrar soluciones a la problemática social y ambiental generada por las modificatorias del proyecto minero y del Estudio de Impacto Ambiental; así como lograr compromisos que permitan una convivencia pacífica y que favorezcan el desarrollo de la provincia de Cotabambas. Todo ello, en concordancia con los 4 ejes que se han venido manejando, desde abril: Medio Ambiente y Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible, y Responsabilidad Social Empresarial.
Pese a que el Ministro de Vivienda en el mes de abril se comprometió a intervenir para que la Resolución se modificara lo más pronto posible, hasta la fecha no se ha realizado. Es más, en seis reuniones de la “mesa de trabajo” se ha reiterado el pedido. En la última reunión, realizada el 24 de mayo de 2016, se ha acordado que a más tardar el 7 de junio, se emitirá la nueva resolución modificando la denominación de «mesa de desarrollo» por “mesa de diálogo” y la finalidad considerando la problemática ambiental y social que se busca resolver a través de sus cuatro ejes.
Las organizaciones que firman la carta advierten que dicha comunicación solo tiene el objeto de recordar los términos del compromiso establecido, y esperan que, en esta oportunidad, el gobierno cumpla con los acuerdos establecidos.
De las compensaciones: El día de hoy, un medio de prensa nacional publicó una nota informativa sobre la creación de un ‘Fondo de apoyo humanitario’ para ayudar a los familiares de los fallecidos durante el paro de setiembre del 2015 en Cotabambas, en relación a la empresa Las Bambas. En esta nota se resaltó que este acuerdo producido en el marco de la mesa de diálogo provincial, creada luego del conflicto, tenía plena aprobación de la población tal como constaba en el acta firmada por los integrantes de la submesa de Derechos Humanos, en reunión celebrada a fines de mayo, en el centro poblado Pisaccasa, distrito de Challhuahuacho.
Ante dichas afirmaciones, es necesario aclarar que la población no está satisfecha con lo ofrecido. Ante la propuesta de un fondo de apoyo humanitario, uno de los dirigentes presentes en la reunión manifestó las siguientes palabras de resignación, “La justicia humana no existe, sólo existe la justicia divina. Mientras esperamos, tenemos que aceptar estas propuestas”.
Luego de seis meses de esperar una respuesta, el Estado y la empresa ofrecieron beneficios muy por debajo de las necesidades reales de estas víctimas del conflicto social y ambiental en Cotabambas. Se les ofreció en esa reunión incorporarlos en los programas Juntos y Pensión 65 (siempre y cuando las víctimas cumplan con los requisitos de ley), la entrega de un kit escolar por única vez. En cuanto a la compensación económica, paradójicamente, el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga, propuso la creación de un fondo de ayuda que no cubre la canasta mínima vital y deja sin perspectivas futuras a estas familias. Se trata de un sueldo mínimo mensual (S/.850 soles), asumido conjuntamente por el gobierno regional, gobiernos locales y la empresa minera, para cada familia de los fallecidos, por dos años, y para una cuarta familia, cuyo jefe de hogar ha quedado con incapacidad física (y que tiene diez hijos).
En el caso del conflicto de Espinar (2012), la empresa Xstrata ofreció un fondo de S/.500 mil para atender a las familias de las cuatro personas fallecidas y otro fondo de S/.300 mil para la atención de los seis heridos. Más allá de comparar el monto, se debe evaluar objetivamente cuáles son las necesidades reales de las familias cotabambinas. Este comportamiento del Estado y la empresa profundiza la desconfianza que existe por parte de la población y no favorece una reconciliación en la provincia luego del estallido social del año pasado.
03 de junio de 2016