Alerta Informativa – Espinar: una agenda que no se atiende y compromisos que no se cumplen

Foto: Espinar Noticias

La población de Espinar sigue esperando respuestas y hasta ahora nada. Solo un dato de la realidad: el próximo mes mayo se cumplirán cinco años del último estallido social -ocurrido en 2012- y pese al tiempo transcurrido nada significativo ha pasado; la agenda que originó el paro y la movilización, sigue sin ser atendida.

El malestar sigue creciendo en esta provincia cusqueña. A inicios del pasado mes de septiembre, las organizaciones sociales de Espinar dieron un plazo de 30 días a las autoridades nacionales para que se pronuncien sobre el conflicto y presenten una agenda de trabajo que permita avances concretos en relación a los temas de salud, la contaminación ambiental y las demandas de desarrollo.

Vencido el plazo y sin ninguna respuesta de parte de las autoridades nacionales, las organizaciones sociales de la provincia han anunciado un paro indefinido que se iniciaría el 21 de noviembre.

Es importante subrayar que la voluntad de diálogo se mantiene. Edgar Huaranca, presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), ha declarado que están llanos a conversar con el gobierno central, pero lamentablemente hasta el momento ningún representante del Ejecutivo ha buscado contactarse con ellos. En los próximos días emitirán un pronunciamiento con los acuerdos tomados entre los representantes de las diversas organizaciones sociales de la provincia.

Entre las principales demandas de la población está el incumplimiento de los acuerdos de la mesa de diálogo de Espinar; la falta de atención especializada a las personas afectadas por metales pesados; el asfaltado de la vía Negromayo-Yauri- San Genaro (por donde transitan vehículos pesados de las empresas mineras HudBay, Antapaccay y Las Bambas), y la construcción del hospital de categoría II, entre otros.

Salud: hace aproximadamente un mes y a través de un pronunciamiento, pobladores afectados por metales pesados de la provincia exigieron una vez más la atención que esperan desde el año 2010, cuando se confirmó la grave situación en la que se encontraban 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancane. Han pasado los años y las autoridades encargadas no han implementado las medidas que debían permitir salvaguardar la vida e integridad de los afectados.

Con información de: Derechos Humanos sin Fronteras -Cusco

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06 de octubre de 2016