Alerta Informativa: CIDH expresa preocupación por criminalización de la protesta y convenios de seguridad privada en Perú

Audiencia General “Política del Estado Peruano en materia de Derechos Humanos”

FEDEPAZ.- Panamá, 2 de diciembre de 2016.- Fedepaz participó a la Audiencia General sobre “Política del Estado Peruano en materia de derechos humanos”, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH en la ciudad de Panamá, en el marco de su 159º Período Ordinario de Sesiones.

El Estado Peruano estuvo representado por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, y delegación de la sociedad civil estuvo integrada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, Demus, Promsex y Fedepaz, miembro del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM, representada por su Director Ejecutivo, David Velazco Rondón.

En relación a los conflictos socioambientales, David Velazco expuso sobre criminalización de la protesta social y convenios de seguridad privada en el Perú.

Sobre criminalización de la protesta abordó el uso indiscriminado de la fuerza policial y militar, la instrumentalización del derecho penal para perseguir a dirigentes, las campañas de difamación de defensores, y la inexistencia de justicia y reparación para las víctimas. La política sistemática de criminalización por parte del Estado se mantiene gracias a medidas legislativas como la Ley 30151, que permite la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, y el Decreto Legislativo 1095 que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para mantener el orden interno, sin o con declaración de Estado de Emergencia por parte del Poder Ejecutivo.

Además, el derecho penal se sigue utilizando como instrumento de criminalización, como ejemplo tenemos la reciente aprobación del DL 1245 que, de manera injustificada, aumenta las penas en delitos como daño o hurto agravado, tipos penales que se utilizan para procesar a quienes protestan.

Sobre los convenios de seguridad privada, indicó que existen empresas privadas involucradas en actos de represión abusiva, que contratan los servicios de la Policía Nacional del Perú. Resulta grave la privatización de la fuerza pública al servicio de empresas privadas del sector minero extractivo y de hidrocarburos, o lo que algunos analistas llaman mercerización de la fuerza pública a favor de las transnacionales. Para dar carácter de constitucionalidad a la intervención policial el Estado ha aprobado normas de jerarquía legal que, por un lado, prohíben servicios de seguridad privada por parte del efectivo policial de manera personal pero, por otro, ratifican la excepcionalidad de los contratos de servicios de seguridad privada brindados por la policía a empresas privadas (DL 1148, 1213 y 1230).

Fedepaz, integrante del OCM, solicitó a la CIDH que exhorte al Estado Peruano a revisar y derogar las normas que criminalizan la protesta social y establecer una política pública de protección a los defensores de derechos humanos. La Ministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú señaló que, los contratos de seguridad privada, vienen siendo revisados en la línea de la responsabilidad social y los principios voluntarios de las empresas de respeto a los derechos humanos, dando a entender con ello que serían dejados sin efecto.

Las y los integrantes de la CIDH expresaron preocupación por la situación presentada, exhortando a ambas partes a mantener un diálogo para la solución de estos problemas, y solicitaron al Estado Peruano y a las y los representantes de la sociedad civil, a seguir informando a la CIDH sobre la evolución de la problemática de criminalización y convenios de seguridad privada en contexto de conflicto en Perú.

La CIDH publicó el video de la sesión en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-y9qCTz7fgA

13 de diciembre de 2016

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