El pasado jueves 25 de mayo de 2017, tuvo lugar la audiencia pública sobre “Derecho a la verdad, justicia y reparación en el Perú” convocada en Buenos Aires (Argentina) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 162º Período Extraordinario de Sesiones.
El Estado Peruano estuvo representado, entre otros, por el Procurador Público Adjunto Supranacional, Iván Bazán. La delegación de la sociedad civil estuvo integrada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ); esta última, integrante del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM).
El representante de FEDEPAZ, David Velazco, denunció que se está generando una situación de impunidad sobre gran parte de las investigaciones y proceso judiciales, sobre casos suscitados durante el conflicto armado interno que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000. Y precisó que esta situación de impunidad se está trasladando a los procesos penales generados alrededor de la problemática de actuales conflictos socioambientales, expresada en la criminalización de la protesta social en Perú.
Asimismo, se instrumentaliza el derecho constitucional y penal para perseguir a los dirigentes de las protestas que defienden sus derechos fundamentales. Como ejemplo tenemos la modificación del artículo 2º inciso 24 apartado f de la Constitución Política del Perú, que incorpora el supuesto de organización criminal a los casos en que la Policía puede disponer prisión preliminar de hasta por 15 días.
Esto resulta una grave amenaza para las defensoras y defensores de derechos humanos y todos quienes participan en la defensa de sus derechos fundamentales, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta social, porque se les denuncia e investiga por asociación ilícita para delinquir, como una modalidad de la organización criminal. Como tal, son susceptibles de ser detenidos hasta por 15 días sin cargos concretos y sin intervención del fiscal ni del juez.
Al respecto, las comisionadas y comisionados de la CIDH expresaron su preocupación por la situación de la modificación constitucional que expone a los defensores de derechos humanos a la criminalización y a la detención sin cargos concretos hasta por 15 días. Finalmente, solicitaron al Estado peruano y a la delegación de la sociedad civil, seguir informando a la CIDH sobre la evolución de la problemática expuesta.
06 de junio de 2017