Seis comunidades de los distritos de Tambobamba y Challhuahuacho, de la provincia de Cotabambas, Apurímac, han bloqueado la vía utilizada por la mina Las Bambas. Ayer domingo 06 de agosto los comuneros mantuvieron bloqueada la carretera durante todo el día y no pudo transitar ningún carro de la mina. Hoy al menos dos comunidades continúan continúa la medida de fuerza exigiendo tanto a la empresa como al Estado atención inmediata a sus demandas.
El conflicto alrededor de esta carretera no es un tema nuevo. El antecedente inmediato es el paro del 2016, cuando cuatro comunidades (Pumamarca, Choqueca, Allahua y Quehuira) protestaron y bloquearon la vía por cuatro días. Como se recuerda, en aquella oportunidad el desalojo de los manifestantes terminó con la muerte de Quintino Cereceda. Tras el conflicto, la empresa y el gobierno acordaron en trato directo con las cuatro comunidades una compensación económica por el uso de la vía.
En el origen del conflicto está el cambio inconsulto en el proyecto que descartó el mineroducto que originalmente serviría para transportar el mineral, para reemplazarlo por el traslado en camiones a través de esta vía. Como se recuerda, el proyecto original –a cargo de la empresa Glencore Xstrata – incluía en 2012 la construcción de un mineroducto para el transporte del material minero, y adicionalmente la construcción de una vía de transporte entre las comunidades. Para garantizar la venta de Las Bambas –que posteriormente fue adquirida por la empresa china MMG- Glencore Xstrata decidió modificar sin previo aviso las negociaciones previas, no construir el mineroducto y en su lugar usar la vía que se había construido entre las comunidades. Vía no construida para ser usada por transporte pesado y que además no toma en cuenta el impacto que este tipo de transporte en una vía sin asfaltar genera a la salud y calidad de vida de las personas que viven en las comunidades que atraviesa, incluyendo polvareda constante, ruido, vibraciones, riesgos de tránsito, entre otros. La medida de mitigación adoptada por la empresa consistió en echar agua para evitar la polvareda, la cual no ha resuelto de ninguna manera el problema.
Al suspenderse el mineroducto, las comunidades consideraron caducos los contratos establecidos previamente y exigen una nueva negociación. El saneamiento y solución integral a este tema quedó pendiente luego que se suspendiera la Mesa de Diálogo establecida en 2016, y al ser muchas las comunidades atravesadas por esta vía ello ha abierto las puertas a la continuidad del conflicto.
7 de agosto de 2017