#Alerta nuevo Estado de Emergencia en Cotabambas

Mediante decreto supremo, el Gobierno ha declarado el Estado de Emergencia en tres distritos de la provincia de Cotabambas (Apurimac). Se trata de los distritos de Mara, Chalhuahuacho y Haquira, en donde la población mantiene bloqueada la carretera del Corredor Minero desde hace dos semanas. Los manifestantes pertenecen a las comunidades campesinas de Pitic, Miraflores, Pisaccassa y Congota.

Con la medida quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad del domicilio, y libertad de reunión y de tránsito.
La mañana del martes se había informado que la empresa Minera MMG Las Bambas y el MTC habían llegado a acuerdos con representantes comunales, incluyendo la formación de una comisión técnica que evalúe si la empresa minera debe efectuar el pago de compensaciones a las comunidades por posibles desviaciones o ampliaciones ejecutadas en la vía.

Como se recuerda, desde el 7 de agosto se informó que seis comunidades mantenían esta medida de protesta reclamando el pago de derechos de servidumbre por el uso de la carretera que cruza sus territorios.
El uso de esta ruta por parte de la empresa MMG Las Bambas para el transporte diario del mineral es consecuencia de la modificación inconsulta del Estudio de Impacto Ambiental y las negociaciones originales con las comunidades, que contemplaban el uso de un mineroducto. Como han denunciado los pobladores anteriormente, el tránsito ininterrumpido de vehículos pesados viene generando impactos por la polvareda, el ruido, la accidentabilidad, la vibración, entre otros.

Dicha vía empieza en el pueblo de Chumille, en el distrito de Challhuahuacho, atraviesa el distrito de Mara y termina en el límite con la provincia de Chumbivilcas, en Cusco.
Esta carretera fue también la causa del conflicto que estalló en 2016, cuando la represión a la protesta social causó la muerte del comunero Quintino Cereceda por impacto de bala en la cabeza. En ese momento las protesta fue protagonizada por las comunidades de Quehuira, Choquecca, Allahua y Pumamarca.

Desde el conflicto de octubre pasado, el gobierno ha declarado la emergencia una y otra vez, manteniendose suspendidas las garantías constitucionales en las zonas aledañas a este,uno de los principales proyectos mineros del país.
La estrategia de declarar Estado de Emergencia ante cada conflicto no solo no contribuye a prevenir y solucionar los desencuentros con la población, sino que agrava la criminalización de la protesta que afrontan los líderes sociales.

Continúa cerrada la vía a pesar de la declaratoria de Estado de Emergencia. La empresa ha pedido la liberación de la vía para iniciar el diálogo, pero las comunidades no ceden porque consideran que las mesa de diálogo no han funcionado. Si se logra primero acuerdos concretos, liberaran la vía.

16 de Agosto de 2017