REGIÓN ANCASH

Informe extraído del 22° Reporte del OCM

La región de Ancash sigue siendo la que registra mayor número de conflictos sociales según los reportes mensuales de la Defensoría del Pueblo, con 30 casos identificados a abril de este año. La gran mayoría de ellos (25) son de tipo socioambiental, de ellos 17 están categorizados como activos y los 8 restantes como latentes. Ancash es la quinta región con mayor proporción de su territorio concesionado a la minería, con un 42.4% del mismo bajo esta situación. Con relación al informe semestral anterior, puede observarse que el área concesionada ha aumentado ligeramente hasta mayo de este año, confirmando una aún incipiente tendencia de recuperación luego de una importante caída desde el 2014. Ancash es actualmente la primera región productora de zinc, con 119,720 TMF producidas entre enero y marzo del 2018, lo que representa una participación del 34.60% en el total nacional y un incremento de 20.98% con respecto al mismo periodo del año anterior. Es también la segunda región productora de cobre, con 113,727 TMF producidas en el primer trimestre del año y un incremento de 20.07% respecto a similar período del 2017. Esto representa una participación del 20.04% en el total nacional, casi idéntica a la que representa Arequipa, que se ubica en el primer lugar. Precisamente, el zinc y el cobre son los metales que han tenido un repunte importante en las cotizaciones internacionales. Esta región también tiene un lugar destacado en la producción de plata, molibdeno y plomo, y en menor medida de oro. Ancash representa actualmente el 3.7% de la cartera de proyectos de construcción, con cinco proyectos por un total de US$ 2167 millones. En tanto, en esta región se ubica el 7% de la cartera de proyectos de exploración, con un total de cinco proyectos y una inversión comprometida de US$ 20.3 millones.

Derrame de relaves

 A inicios de marzo, el colapso de la presa de relaves de la unidad de Huancapetí, de la compañía minera Lincuna (ubicada en el distrito de Recuay) produjo el derrame de unos 50 mil m3 de relaves en la quebrada de Shipchoc. Tanto el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se hicieron presentes y anunciaron las investigaciones pertinentes sobre la responsabilidad de la empresa en los hechos. La autoridad de fiscalización ambiental ordenó a Lincuna reforzar de manera inmediata el dique de contención del depósito de relave e implementar de manera temporal un sistema de contingencia para evitar una afectación mayor, existiendo el riesgo de desplazamientos por la persistencia de las lluvias. OEFA también ordenó a la compañía minera remediar el suelo, así como el lecho y ribera de la quebrada afectada, en un plazo máximo de 30 días hábiles. Por su parte, el fiscal especializado en asuntos de medio ambiente en la zona se encuentra preparando una investigación que podría llevar a una denuncia por delitos ambientales.

Fuente : Bolognesi Noticias

Conflicto que pone en cuestión los EIA

 En el informe semestral anterior, se reportó la importante movilización de los caseríos de Atupa y Antahuarán (distrito de Jangas, provincia de Huaraz) contra la empresa minera Barrick Misquichilca por la desaparición de un manantial. Barrick, que extrae oro en la mina Pierina, señalaba que esto estaba contemplado en su EIA y que por lo tanto había sido autorizado por el Estado, por lo cual mantenía una negativa a tratar el punto. Las acciones de protesta, iniciadas en octubre, se mantuvieron hasta el 27 de noviembre, cuando finalmente la empresa minera accedió a tratar el tema del manantial denominado Yarcok, así como a desistir de las denuncias presentadas contra dirigentes de los comités de regantes que lideraron las protestas. Finalmente, el 1 de diciembre se instaló la “Mesa de Determinación de Responsabilidades y Compensación de Daños”, con la facilitación de la PCM. El desarrollo de la mesa de diálogo en los meses siguientes ha llevado a la firma de un acta en febrero en la cual Barrick reconoce su responsabilidad en la desaparición del manantial, aclarando que ello estaba previsto en su EIA aprobado por el Minem; y se acuerda realizar un estudio técnico, financiado por la empresa, a fin de implementar obras que permitan reponer el caudal de agua perdido en la zona. Este conflicto evidencia que el Estado, al momento de aprobar actividades extractivas, no toma adecuadamente en cuenta el impacto que estas pueden tener en el acceso al agua de las comunidades. En este caso, la desaparición del manantial estuvo prevista y fue aprobada por las autoridades correspondientes, y hoy cuando la empresa ya se encuentra próxima a su cierre, las comunidades sienten los impactos pero ya es demasiado tarde para cuestionar una decisión que nunca se les consultó. Así pues, nuevamente un conflicto genera interrogantes en torno a la calidad y fiabilidad de los estudios ambientales.

Proliferación de minería pequeña e informal 

Otro de los conflictos de mayor actividad en este semestre ha sido el del Valle de Nepeña, que ha registrado diversas acciones de protesta entre diciembre y abril. El Frente de Defensa denuncia la supuesta contaminación del agua por parte de las empresas mineras Conexas S.A.C. y Pequeño Productor Minero GyM, entre otras minas, muchas de ellas artesanales o ilegales que vienen proliferando en la zona. Señalan que la contaminación está afectando seriamente el aprovechamiento de las aguas para el riego agrícola, la alimentación animal y el consumo humano. A raíz de este conflicto se realizó un informe de la Autoridad Local del Agua (ALA) que concluyó que las aguas eran aptas para el uso animal y agrícola pero no para el consumo humano, informe que no convenció a la población. Frente a ello, la Junta de Usuarios de Nepeña y las nueve comisiones de regantes de la cuenca acordaron asumir los costos de un estudio independiente.

Fuente : El País 

Otra vez Condorhuain

Las protestas contra el proyecto minero César Jesús, perteneciente a la empresa minera Corporación Minera Aurillac y ubicado en el cerro Condorhuain (Ancash), llegaron a momentos de máxima tensión durante marzo. A inicios de mes, ciudadanos de diversas comunidades campesinas aledañas al proyecto realizaron un plantón en los accesos viales hacia el mismo. Pese a que la protesta era pacífica, un piquete de manifestantes llegó hasta las instalaciones de la empresa que denunció daños diversos, entre ellos el incendio de sus almacenes y daños a un vehículo. Condenables hechos que dan cuenta de la falta de prevención y diálogo. La Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Áncash emitió la Resolución Directoral Regional Nº 007-2018-GRA/ DREM mediante la cual se dispone suspender las labores de exploración del proyecto. Esta suspensión tiene como fundamento la inspección realizada el viernes 26 de enero en la cual se detectaron labores de perforación en zonas no autorizadas, así como la existencia de riesgo potencial en la calidad de suelo y la cobertura vegetal. Como se recuerda, inicialmente fue la empresa Barrick la que realizó actividades de exploración en Condorhuain. Tras protestas ocurridas en el año 2007, un grupo de comuneros fue denunciado por “secuestro” y bloqueo de carreteras, delitos de los que resultaron absueltos tras nueve años de proceso judicial. Posteriormente, Barrick se alejó del área. Ahora, otra empresa busca explorar y explotar este yacimiento minero, poniendo en riesgo, según los comuneros, los ojos de agua que abastecen la agricultura local.

Conflictos de diverso carácter

En Ancash, la gran cantidad de conflictos existentes está asociada también a la diversidad de empresas que operan en la región. Hay conflictos que tienen que ver con la convivencia con grandes empresas transnacionales, reguladas por autoridades de nivel nacional. Por ejemplo, Antamina (la segunda productora de cobre y la primera de zinc en el país) está involucrada en ocho de los conflictos identificados por la Defensoría, y Barrick (la segunda productora de oro) en tres de ellos. Así pues, ambas tienen que ver con 8 de los 25 conflictos registrados en la región. Al mismo tiempo, muchos de los conflictos tienen que ver con operaciones medianas o pequeñas autorizadas y reguladas por las autoridades de nivel regional, tales como el nuevo conflicto por el cerro Condorhuain, los conflictos con la empresa Santa Luisa o Shuntur y el que tiene lugar en el Valle de Nepeña con operaciones formales e informales de pequeña y mediana minería.  “Junta de usuarios financiará nuevos análisis en cuenca de Nepeña”, diario El Ferrol. 21/03/2018