REGIÓN APURIMAC

Informe extraído del 22° Reporte del OCM

El Perú se ha consolidado como el segundo productor de cobre en el mundo debido al inicio de nuevas operaciones mineras, entre ellas Las Bambas, ubicada en Apurímac, que empezó a producir el 2016. En lo que va del 2018 Apurímac ocupa la tercera posición entre las regiones productoras de cobre. En cuanto a la cartera de proyectos mineros ocupa la segunda posición con una participación de 19.4% que equivale a una inversión de US$ 11 353 millones, no obstante, la inversión corriente durante los primeros meses del año bordea sólo los US$ 20 millones. Como en el resto de regiones, las concesiones mineras en Apurímac se han incrementado y han pasado a ocupar de 44.6% de su territorio a finales del año pasado hasta a 48.8% durante el primer semestre del 2018 (es decir, ocupan casi la mitad de su territorio). Actualmente 1 031 679.4 hectáreas están concesionadas a la minería en la región. Este avance de la minería también se ha visto reflejado por un aumento de los conflictos socioambientales. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, Apurímac registra 10 conflictos activos, de los cuales 5 están vinculados a la actividad minera. Además de presentar conflictos mineros, también se pueden encontrar frecuentemente conflictos de linderos entre comunidades. Actualmente, Apurímac es la tercera región con más conflictos en el país.

 

El largo estado de emergencia

Uno de los hechos más preocupantes en la región durante este período ha sido la sucesiva prórroga de la declaratoria del estado de emergencia en los territorios en donde opera la minería, que mantuvo a algunas localidades de Apurímac con los derechos restringidos durante casi un año. En agosto del año pasado, los distritos de Challhuahuacho y Mara (Cotabambas) y Capaccmarca (Chumbivilcas – Cusco) fueron declarados en estado de emergencia, el mismo que fue prorrogado varias veces. Sin embargo, el 11 de enero de 2018 el gobierno de Kuczynski decide declarar el estado de emergencia en un territorio de mayor extensión, el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa (Decreto Supremo N° 006 – 2018 – PCM)[1]. El estado de emergencia se declaró inicialmente por treinta días calendario; sin embargo, es prorrogado hasta en dos ocasiones por el mismo gobierno[2]. Con la renuncia de Kuczynski en marzo, se esperaba que el nuevo presidente Vizcarra abriera nuevos caminos hacia el diálogo sobre las principales preocupaciones de la población; sin embargo promulgó un nuevo decreto supremo (D.S N° 037–2018–PCM) que prorrogó dicho régimen por sesenta días adicionales. Finalmente en junio dicha medida no fue renovada, luego de una reunión del nuevo viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, con las autoridades y dirigentes sociales de Cotabambas, en donde se trató este tema. Se espera que ahora se pueda retomar el diálogo constructivo con la población en torno a la agenda legítima de demandas pendientes referidas a los impactos de Las Bambas. Los estados de emergencia suspenden derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito de las y los ciudadanos. Al respecto, diversas organizaciones de sociedad civil vienen alertando que este tipo de medidas vienen produciendo una constante violación a la Constitución Política del Perú ya que sólo debería emplearse en “caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”. Ninguna de estas situaciones se presentó en meses recientes en los territorios afectados por la prolongada declaratoria de emergencia. Más aún, la calificación de esta medida como “preventiva” por parte del gobierno introduce una causal que no existe ni en el texto constitucional ni en la normatividad internacional sobre los estados de emergencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado claramente que “(…) las medidas de emergencia deben estar justificadas por una amenaza a las condiciones necesarias para mantener la organización política del Estado de acuerdo con los principios de la democracia representativa”Asimismo, existe un convenio entre minera Las Bambas y la Policía Nacional del Perú (PNP) (aprobado por Resolución Ministerial N° 990-2017-IN de 6 de octubre de 2017) que ha venido siendo cuestionado reiteradamente por la población y diversas organizaciones. Este convenio fue suscrito por el Director General de la PNP, quien es la autoridad que recomendó al Poder Ejecutivo la declaratoria de los estados de emergencia, lo que expresa un grave conflicto de intereses. Otro hecho reciente es que en abril se produjo un derrame de substancias químicas en la carretera utilizada por empresas del corredor minero y la población fue impedida de desarrollar actividades de monitoreo y de reclamo pacífico aduciéndose justamente el estado de emergencia.

En este caso la PNP actuó privilegiando la cautela de un bien particular frente al bien público. En relación al estado de emergencia, los integrantes del Frente de Defensa y por el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas manifestaron que tienen temor de reunirse debido a que pueden ser acusados de “asociación ilícita para delinquir”, como ha sucedido ya en anteriores oportunidades contra sus dirigentes. Estas declaratorias de estados de emergencia así como los convenios entre empresas mineras y la PNP, y la militarización de los territorios del corredor vial forman parte de una estrategia de control y amedrentamiento que viene generando un rechazo general de la población. En paralelo, se mantienen los procesos de investigación fiscal de líderes en Cotabambas como consecuencia de las normas nacionales que criminalizan la protesta social. A la par de estos hechos, el gobierno central durante el gobierno de Kuczynski rehusó la apertura de cualquier espacio de diálogo en Cotabambas que retomara las preocupaciones de la población en materia ambiental, derechos humanos y responsabilidad social, temas que quedaron sin atender luego de la suspensión de la mesa de diálogo provincial hace casi dos años. En su lugar, el gobierno reiteró su apoyo al Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas, el cual fue impulsado por el mismo Vizcarra cuando era vicepresidente, en diciembre del 2016, luego del estallido social de octubre de ese año que cobró la vida del campesino Quintino Cereceda.

Luego de un año de aprobado el Plan, en febrero del 2018, se llevó a cabo en Lima una reunión de balance, en donde participaron únicamente autoridades y representantes del Estado[3], pero se excluyó nuevamente a las organizaciones sociales y sociedad civil en general, que ya habían sido marginadas durante la elaboración del plan. Otra de las críticas a este Plan es que se organizó como un listado de obras de infraestructura sin una planificación estratégica (de hecho, se concluyó en sólo dos meses). A inicios de junio, durante la visita del viceministro Molina a Cotabambas, se trató también este punto, expresándose la necesidad de avanzar hacia un plan de desarrollo concertado. Finalmente, el 11 de junio, luego de vencido el plazo de la última ampliación del estado de emergencia, éste no se prorrogó. Esperemos que el fin del estado de emergencia y la aparente actitud de apertura del nuevo viceministro permitan retomar un diálogo franco en el que participe tanto el Estado, la empresa y las organizaciones sociales.

La corrupción se agrava en Cotabambas: un nuevo alcalde acusado

Durante el 2017, el tema de la corrupción ha formado parte de la agenda pública en la provincia de Cotabambas. Como se sabe, el ahora ex alcalde provincial, Odilón Huanaco Condori, fue acusado de peculado doloso por apropiación, asociación ilícita para delinquir y falsedad ideológica por el Ministerio Público. Se le atribuyó el haberse apropiado de más de S/ 10 millones en su anterior gestión como alcalde del distrito de Challhuahuacho (2011 – 2014), basado en un informe de la Contraloría General de la República. Actualmente, Odilón Huanaco Condori sigue en calidad de prófugo de la justicia desde junio del año pasado, momento en que el Poder Judicial aprobó un pedido de prisión preventiva por 12 meses en su contra. Por otro lado, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Abancay acusó al ex gobernador de Apurímac, el señor Elías Segovia Ruiz de peculado y otros delitos en agravio del Estado. Finalmente, este último fue detenido. En lo que va del 2018, un nuevo caso de corrupción ha salido a la luz en Cotabambas. El actual alcalde de Challhuahuacho, Antolín Chipani Lima, venía siendo investigado por la Fiscalía de presunto lavado de activos. A él se le acusa de favorecer a un grupo de empresas constructoras para que obtengan licitaciones a cambio de dinero. Asimismo, se hallaron S/ 12 mil en efectivo durante el allanamiento de su domicilio y existe un colaborador eficaz que ha revelado los cobros ilegales por parte de alcalde.

La fiscalía acusó penalmente al funcionario ante el Poder Judicial y el 20 de marzo de 2018 el juez aprobó el pedido de prisión preventiva en contra de Antolin Chipani por un período de 12 meses. En los últimos años han comenzado las transferencias de préstamos por adelanto de canon y regalías mineras hacia los municipios de Cotabambas, especialmente a Challhuahuacho, en donde están asentadas las operaciones de Las Bambas. Tras la captura del alcalde de Challhuahuacho por presunto delito de corrupción, el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de Cotabambas ha difundido un pronunciamiento en el que exige la mayor sanción para quienes resulten responsables. “Los recursos que aportamos los contribuyentes y los que son el producto de las riquezas extraídas diariamente de nuestras tierras no se pueden ni se deben utilizar en provecho personal”, señala la organización social. Estas situaciones de corrupción en Apurímac debilitan no sólo el respaldo ciudadano hacia sus autoridades, sino también las iniciativas de desarrollo local. Éste y otros casos en el país resaltan la urgencia de fortalecer la institucionalidad estatal en todos los niveles y la fiscalización y control de los recursos fiscales en cada espacio del país.

Tercera modificatoria al EIA de Las Bambas y los impactos ambientales

Tras la aprobación del EIA de Las Bambas el 2011, este proyecto minero ha sido modificado mediante la aprobación de dos modificatorias de EIA y 5 Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), un instrumento de menor rango. Por ello, las características e impactos iniciales del proyecto han cambiado, causando desconcierto y malestar de la población que señala que los impactos que perciben son distintos de los que inicialmente se les había anunciado. En el 2018, la empresa ha presentado una nueva modificatoria a su EIA que se suma a los cambios ya mencionados. En este marco, una revisión independiente realizada por especialistas ambientales de sociedad civil ha mostrado un conjunto de observaciones y recomendaciones ante la tercera modificatoria de EIA del megaproyecto minero Las Bambas. Las observaciones, enviadas por vía formal ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), fueron presentadas en abril por el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de Cotabambas, la presidenta del consejo regional de Apurímac, Evelyn Cavero Contreras, y CooperAcción. Son 22 las observaciones identificadas e incluyen temas sensibles como la ausencia de diagnósticos actualizados en varios parámetros ambientales, falta de estudios a nivel de factibilidad en construcciones nuevas lo que impide conocer el verdadero impacto del proyecto, ausencias en el monitoreo de las aguas subterráneas, vacíos sobre el impacto del transporte de minerales, entre otros. Uno de los impactos ambientales de Las Bambas que genera mayor preocupación entre la población de Apurímac proviene del intenso tránsito vehicular debido al transporte de minerales y suministros. En el caso de Las Bambas se anunció inicialmente un flujo de 300 camiones diarios a lo largo del corredor minero, al que se suman los camiones de otras empresas como Hudbay (mina Constancia) y Glencore (mina Antapaccay). Ello genera una constante polvareda que afecta la respiración y la salud de las personas que viven cerca de la carretera, asimismo afecta al agua, cultivos y animales, y ocasiona fuertes vibraciones con potenciales daños a las viviendas. A pesar de ser una vía pública, este corredor vial viene siendo utilizado fundamentalmente para las operaciones mineras. Las vías regionales por las que se realiza el transporte minero de Las Bambas en el tramo que corresponde a la Región de Apurímac fueron recategorizadas de vías regionales a vías nacionales mediante resolución ministerial Nº 372-2018 MTC/01.02 de fecha 25 de mayo, en el marco del convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los gobiernos Regionales de Apurímac y Cusco, la Municipalidad Provincial de Cotabambas y la Minera Las Bambas S.A con la finalidad de desarrollar el proyecto denominado “Proyecto Corredor Víal Apurímac-Cusco, desvío Pamputa-Tramo Emp. PE 3SF – Quehuira – Puente Ichuray – Puente Sayhua – Ccapacmarca – Desvío Huincho – Velille – Emp. PE 3SG (Espinar)”. En ese convenio el MTC se comprometió a autorizar y dar las facilidades para el desarrollo del proyecto, en el ámbito de sus competencias. Todo parece indicar que el propósito sería el asfaltado de la carretera por donde se realiza el transporte minero a fin de mitigar los impactos que dicha actividad produce. Durante este año, el gobierno central también ha iniciado la evaluación de un proyecto ferroviario para transportar minerales desde Las Bambas (Apurímac) hasta Marcona (Ica) con fines de exportación. La obra requeriría US$ 2400 millones de inversión y se pagaría con financiamiento tanto público como privado. Este tipo de propuestas deberían implementarse previo al inicio de toda operación minera de tal forma de no poner en riesgo la salud de la población y el medio ambiente.

Otros conflictos mineros en Apurímac

Apurímac cuenta con numerosos proyectos mineros todavía en fase de explicación. Uno de ellos es el proyecto Los Chancas ejecutado por la empresa SPCC, el cual iniciaría operaciones en el 2022. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, la comunidad de Tiaparo presenta distintos reclamos frente a este proyecto como la presunta falta de cumplimiento de los acuerdos asumidos por la empresa, no contar con el acuerdo de uso de terrenos comunales y afectación de los recursos hídricos. Otro proyecto es Utunsa de la empresa Anabi, en donde los pobladores locales bloquearon en marzo la carretera de acceso e ingresaron al campamento del proyecto exigiendo el retiro de la planta. Frente a ello, en abril se reunieron autoridades estatales, representantes de la minera y representantes de las comunidades. Asimismo, la comunidad de Mollebamba acusa a la empresa Buenaventura de irregularidades en el convenio entre ambas y porque la empresa estaría buscando expandirse hasta la quebrada de Mareniyoc, lo cual supone una afectación a las fuentes de agua, el proyecto de irrigación y los baños termales que existirían en la zona. Otro conflicto activo es el existente entre la empresa Santa María S.A.C, titular del proyecto minero Planta Concentradora Usayma y la población del distrito de Micaela Bastidas debido al derrame de material minero ocasionado por un vehículo que transportaba dicho producto. Es bien sabido que la presencia y proliferación de la minería informal o artesanal en Apurímac estaría generando conflictos por el proceso de formalización minera, disputa entre mineros artesanales y empresas que poseen concesiones de tierras, y entre las mismas comunidades. La minería informal resulta un factor adicional de la creciente inestabilidad, violencia y conflictividad que existe suscita en la región sureña.

[1]     El corredor vial en Estado de Emergencia atraviesa 14 distritos pertenecientes a cinco provincias de los territorios departamentales de Apurímac, Cusco y Arequipa. En Apurímac recorre las provincias de Grau (distrito Progreso) y Cotabambas (distrito de Challhuahuacho y Haquira); en Cusco, las provincias de Chumbivilcas (distrito de Quiñota, Llusco, Santo Tomas y Velille) y Espinar (distritos de Coporaque, Pallpata, Ocoruro y Condorama); y en Arequipa, la provincia e Caylloma (distritos de Callalli y San Antonio de Chuca).

[2]    Decretos Supremos N°. 015-2018-PCM y 025-2018-PCM.

[3]    El entocnes Viceministro de Gobernanza Territorial, Carlos Loret de Mola; el alcalde provincial de Cotabambas, Valentín Quispe, y los alcaldes distritales de Mara y Coyllurqui; funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac; los congresistas Richard Arce y Dalmiro Palomino; entre otros representantes de diversos ministerios.