Informe extraído del 22° Reporte del OCM
Las concesiones en Junín han experimentado un ligero incremento con relación al informe semestral anterior, de 19.4% a 19.7%. Es decir, han pasado de 853 860 hectáreas en octubre a 868 476.5 hectáreas en mayo de 2018. Junín presenta 8 casos de conflictos en abril, lo que representa el 4.3% del total. Este departamento es el segundo productor de zinc con el 19.62% del total, el tercero en la producción de plomo con el 15.12%, el tercero de plata con el 16.11 %, el cuarto productor de cobre con 9.05 %, el sexto productor de molibdeno con el 4.21 % y el décimo segundo productor de oro con 0.49 % de la producción. Actualmente, Junín representa el 7.30% del flujo de inversión, con un monto invertido de US$ 61 253 640 al primer trimestre del año, lo que significa un incremento del 20.74% respecto del mismo período del año anterior. En cuanto a la cartera de inversión en proyectos de construcción de mina, Junín representa el 3.9 % con 3 proyectos, con una inversión que asciende a US$ 2275 millones. Respecto a proyectos en exploración, Junín tiene 4 proyectos, cuya inversión asciende a US$ 7.7 millones.
Caso Toromocho
La mina más importante en esta región es Toromocho, que se ubica en el distrito de Morococha. La explotación del yacimiento ha implicado el traslado de la población de la ciudad de Morococha Antigua a la Nueva Morococha. Este proceso de reasentamiento, si bien se encuentra avanzado, todavía no ha concluido y existe una mesa de diálogo que lo acompaña. Cabe precisar que esta mina está en proceso de ser ampliada, con una inversión de U$ 1300 millones. Se esperaba que la construcción de la ampliación se iniciara en marzo del presente año, pero no ha sido posible debido a que el proyecto implica el traslado y reasentamiento de 65 familias que permanecen en Morococha Antigua y se niegan a salir, demandando negociar en bloque con Chinalco y que los trasladen a un lugar distinto a Nueva Morococha pues consideran que ésta no reúne las condiciones mínimas para asegurar su calidad de vida. Ante ello, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), en el marco de la Ley 30680, emitió la Resolución 120-2018/SBN-DGPE-SDDI que expropió 34 hectáreas que pertenecían a la Municipalidad Distrital de Morococha Antigua, lugar donde se ubican las viviendas de las 65 familias. Cesar Reyna, abogado de estas familias, afirma que la expropiación realizada es ilegal porque la SBN ha considerado al proyecto minero como infraestructura pública cuando en realidad se trata de una iniciativa privada. Ante la resolución emitida, la Municipalidad Distrital de Morococha Antigua interpuso recurso de reconsideración el 21 de marzo y el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha presentó un recurso de apelación. Ante esta situación, el 21 de mayo pasado 250 pobladores de Morococha marcharon hasta la sede del Minem en Lima para exigir que se revierta la expropiación. La movilización dio lugar a una reunión con el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, pero no se llegó a acuerdos y anunciaron una medida de protesta para el 8 de junio. Además, exigieron el cumplimiento de los compromisos del EIA y la transferencia del canon respectivo. Denunciaron también que a consecuencia del reasentamiento, no hay desarrollo económico en el distrito y que por ello Nueva Morococha se está despoblando. Asimismo, señalaron que las 65 familias que permanecen en Morochocha Antigua sufren permanentemente el acoso de la seguridad de la empresa Chinalco. En cuanto a la Mesa de Diálogo, ésta ha tenido varias reuniones en el semestre. El 26 de octubre y el 30 de noviembre del 2017 se informó sobre los avances de la mesa de negociación del Convenio Marco. El 13 de diciembre, del mismo año, se realizó una reunión extraordinaria que amplió la vigencia de la mesa hasta el 31 de diciembre de 2018, ratificó al Arzobispado de Huancayo y al Gobierno Regional de Junín como Secretaría Técnica Colegiada y al hoy Cardenal Pedro Barreto como miembro honorífico.
FUENTE : COSAPI
El 28 de diciembre se llevó a cabo una nueva reunión ordinaria en la que se solicitó incorporar como miembro a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Asimismo, Chinalco informó sobre las casas pendientes de entrega y se acordó formar una comisión para dar seguimiento al compromiso de contar con los servicios de una ambulancia y de electricidad del Comité Local de Administración en Salud (CLASS) Morococha. En la reunión ordinaria del 22 de febrero, se acordó dar por instalado el grupo de trabajo denominado “Mesa de Diálogo para el proceso de Reasentamiento Poblacional de Morococha”, de acuerdo a lo establecido en la RM 018-2018-PCM y la presentación de informes a cargo de Chinalco sobre el proceso de reasentamiento y el número de trabajadores en la unidad Toromocho, entre otros acuerdos. El 27 de marzo, la reunión ordinaria se suspendió a pedido de la Municipalidad Distrital y de la sociedad civil, en razón de la emisión de la Resolución 120-2018/SBN-DGPE-SDDI de la SNB. La Municipalidad distrital de Morococha Antigua solicitó que el Minem realice un taller informativo sobre el contenido de la citada resolución. Posteriormente, el anunciado paro en Morococha, programado para el 8 de junio, fue suspendido tras una reunión en la que participaron la Municipalidad de Morococha Antigua y el Minem. Ambas partes acordaron la creación del Fondo Social Toromocho para adquirir un terreno de 34 hectáreas o más a favor de la población, el mismo que será utilizado para desarrollar proyectos productivos. Además, se acordó reanudar las reuniones en la mesa de negociación del Convenio Marco y la mesa de diálogo para tratar la reubicación de dicha población, reuniones que fueron pactadas para el mes de junio.
El Caso La Oroya
A la fecha, los activos de Doe Run Perú, empresa en liquidación, todavía no han sido vendidos. Se programaron tres fechas de subasta para cada unidad productiva. La mina Cobriza fue subastada el 1 y 15 de marzo y 2 de abril, y el Complejo Metalúrgico La Oroya el 8 y 22 de marzo y el 9 de abril. En ambos casos la subasta se declaró desierta. Luego de ello, los trabajadores del Complejo Metalúrgico de la Oroya solicitaron a la Junta de Acreedores de Doe Run Perú comprar los activos de dicha empresa: la mina Cobriza y el complejo metalúrgico. La Junta de Acreedores aprobó la solicitud dándole un plazo de 30 días para efectuar la compra, plazo que se vence en los primeros días de junio. Los trabajadores tendrían que pagar la suma de U$ 70.6 millones por la mina Cobriza y U$ 68.7 millones por la refinería. Ante ello, estos están en búsqueda de inversionistas para asociarse. Según Luis Castillo, representante del crédito laboral, se les adeuda a los trabajadores U$ 50 millones por lo que requerirían de un aporte de $90 millones. Señaló asimismo que habría dos empresas peruanas interesadas en asociarse con ellos.
Caso Andaychagua
En este caso, pobladores de este centro poblado menor Andaychagua denunciaron la contaminación ambiental producida por Volcán Compañía Minera. El 26 de octubre, OEFA dispuso que en un plazo no mayor de 10 días hábiles la empresa colectara y tratara el efluente proveniente de la bocamina B-AN-23. En el plan de cierre de mina y en su actualización posterior se señala que este componente no debe presentar efluentes. El OEFA también dispuso que en un plazo no mayor de 30 días hábiles se remediara el suelo. En caso de incumplimiento se adoptarían las acciones administrativas, civiles y penales que correspondieran. El 9 de noviembre, los alcaldes de Andaychagua y Huayhuay, los funcionarios del Gobierno Regional de Junín y de la PCM, así como la ciudadanía acordaron solicitar a la PCM ayudar a abrir el diálogo entre la empresa minera Volcan y la población.
Caso Carhuamayo
Continúan las alertas por el conflicto en Carhuamayo, el mismo que registra movilizaciones desde el año 2017, las mismas que se han repetido durante el presente semestre. La empresa Shalipayco viene desarrollando actividades de exploración en la zona, ante la preocupación de las comunidades locales y las autoridades distritales y regionales por la posible afectación a los recursos hídricos. Ante las movilizaciones de los actores sociales, el alcalde ha cursado documentos a diversas autoridades solicitando respuestas para una gestión preventiva del conflicto. En declaraciones a prensa local, el consejero provincial Raúl Salazar alertó que una posible explotación mineral podría afectar tres microcuencas de la zona y en especial el lago Chinchaycocha[1]. “Estamos alertando que esta nueva exploración que están iniciando sí va a afectar la flora y la fauna y el ecosistema de tres microcuencas: la primera es la microcuenca del lago Junín y en el lago Junín nace el río Mantaro, la otra es Ulcumayo que es una zona papera agrícola y la otra microcuenca es Paucartambo. Y por ello nuestros hermanos están apoyando para la no ampliación de este proyecto minero”, ha indicado el consejero. Según la información del Minem, este proyecto busca explotar zinc y actualmente se encuentra dentro de la cartera de inversiones en exploración minera, con su EIA en trámite. Como se recuerda, en agosto del 2017 se produjeron las primeras movilizaciones en defensa de los recursos hídricos de la zona, y en el mes de mayo de este año se han vuelto a producir acciones de protesta.
Fuente : OCMAL
[1] Fuente: Conflicto minero por contaminación podría explotar en la región Junín. Diario Correo, 11 de junio de 2018. Disponible en: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/conflicto-minero-por-contaminacion-podria-explotar-en-la-region-junin-823954/