REGIÓN LA LIBERTAD

Informe extraído del 22° Reporte del OCM

 

 

La Libertad continúa siendo la principal región productora de oro a nivel nacional, con una participación del 26.54% del total. En lo que va del año se ha registrado una producción de 8 872 018 gramos finos, principalmente de empresas como Barrick Misquichilca (unidad de Lagunas Norte) Consorcio Horizonte, Minera Poderosa, entre otras operaciones. En cuanto al flujo de inversiones, en lo que va del 2018, esta región ha recibido alrededor de US$ 56 millones, lo que representa una participación del 6.71% del total invertido en el sector. En relación a la cartera de proyectos, en La Libertad figuran tres proyectos por US$ 884 millones. Uno de los principales en la región es la ampliación de las operaciones de Laguna Norte de Barrick Misquichilca, ubicada en la provincia de Quiruvilca. Como ocurre con la tendencia nacional, la superficie que ocupan las concesiones mineras ha tenido también un repunte en La Libertad. Luego de ir disminuyendo en los últimos años, han pasado de ocupar el 46.3% en octubre 2017 al 48.35% al día de hoy, del territorio de la región con 1 223 064 hectáreas concesionadas. Si bien la región típicamente no ha concentrado un número alto de conflictos, en lo que va del 2018 se han multiplicado aquellos vinculados a actividades mineras, las cuales se desarrollan en las provincias de la sierra del departamento. En efecto, la Defensoría del Pueblo reporta en La Libertad 4 conflictos activos, 1 conflicto latente y 2 conflictos en observación o alerta, todos relacionados a la minería. Uno de los casos más prolongados involucra a la unidad minera de Parcoy de la compañía minera Horizonte y la comunidad campesina de Alpamarca, en la provincia de Pataz. La comunidad de Alpamarca reclama por la afectación de la laguna de Pias como consecuencia del derrame de una cancha de relaves. Si bien se habría llegado recientemente a un acuerdo entre la empresa y la comunidad, la Defensoría del Pueblo aún mantiene este conflicto como activo.

Fuente : El Comercio

Otro conflicto relacionado con minera Horizonte se registra en la comunidad campesinas de Yuracyacu (distrito de Pias) en donde la población reclama por la afectación de sus cultivos y casas por el derrame de relave minero, como consecuencia del colapso del dique de contención. En el caso de la población y autoridades del distrito de Huaylillas (provincia de Pataz), se ha venido exigiendo a la minera Caravelli que subsane los presuntos daños ocasionados a los recursos hídricos (tanto para consumo humano como regadíos), así como la reposición del manantial Mineracra. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, la empresa se habría comprometido a financiar los expedientes de ampliación y mejoramiento del agua potable y riego tecnificado, así como otras inversiones sociales. Otros 2 conflictos en observación se producen entre la junta vecinal de Quiruvilca (provincia Santiago de Chuco) y la empresa Newmont (socia en Yanacocha) por la utilización del canal Vicente Jiménez y la posible contaminación de agua para labores agrícolas; y entre la población del caserío Coigobamba (provincia Sánchez Carrión) y Los Andes Perú Gold por el incumplimiento de compromisos asumidos. En el plano laboral la compañía minera Quiruvilca decidió paralizar sus actividades y solicitó a la autoridad del trabajo un cese colectivo de sus trabajadores, el cual fue desestimado. Además de reclamar por el pago de remuneraciones y otros beneficios pendientes, también existe preocupación en los trabajadores por la pérdida de los subsidios que recibían de la empresa en diversos servicios básicos. Otro escenario de conflictividad complejo es el de  zonas de explotación informal de oro. En el reporte anterior ya se había informado sobre la zona del Cerro El Toro, en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Cerro, en donde existen prácticas de explotación minera informal que han ocasionado graves impactos ambientales. Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha informado que en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz se ha venido produciendo el enfrentamiento entre dos grupos de mineros informales por el control de una zona de explotación, lo que ha originado 3 fallecidos hasta el momento. Un gran problema en estas zonas es la situación de violencia que se vive y la presencia de mafias que controlan un conjunto de actividades ilícitas: la propia actividad minera, la comercialización de insumos, la trata de personas, condiciones de explotación laboral y graves problemas de contaminación. Recientemente se ha advertido sobre el proceso de concesión del puerto de Salaverry, en donde habría un conflicto debido a que atendería principalmente carga minera y no a otros sectores económicos de la región.