REGIÓN PUNO

Informe extraído del 22° Reporte del OCM

 

Minería y conflictos hídricos

Puno continúa siendo la única región productora de estaño en el país y ocupa el quinto lugar en la producción de oro, con una participación de solo el 7.93% del total nacional. En lo que va del año ha recibido casi US$ 33 millones de inversión minera, lo que representa el 3.96% del total nacional. La cartera de proyectos mineros de esta región suma US$ 1281 millones distribuido en los proyectos Corani, Ollachea y Minsur-San Rafael (en fase de ingeniería de detalle), Macusani (en fase de prefactibilidad) y 4 proyectos en exploración. En el caso de la meseta de Macusani, es una de las pocas zonas con presencia de uranio y litio en el país. El área concesionada en la región suma 1 471 771 hectáreas, lo que representa el 21.68% del territorio regional. Coincidente con la tendencia nacional, se observa un repunte en las concesiones otorgadas, luego de un descenso en los últimos 3 años. A nivel nacional Puno ocupa el segundo lugar entre las regiones con más conflictos sociales, 18 en total. De estos, 12 conflictos son de tipo socioambiental (66% del total) y, de ellos, 9 están relacionados a la gran y mediana minería (50% del total), así como a la pequeña minería informal. La mayoría de conflictos sociales en Puno están vinculados a la afectación de los recursos hídricos, sea por actividades mineras o por la ausencia de tratamiento de los gobiernos locales. Uno de los casos es de la contaminación de la cuenca del Llallimayo, en donde los distritos de Humachiri, Llalli, Cupi y Ayaviri (provincia de Melgar) demandan a la OEFA, Autoridad Nacional del Agua (ANA), Ministerio del Ambiente (Minam) y el Minem el retiro inmediato y sanción de la empresa minera Aruntani, acusada por la contaminación, así como la remediación ambiental de la cuenca. Al respecto, la población ha solicitado a OEFA que corrija el informe nro. 054-2017 y señale a la minera como responsable de la contaminación y al ANA que suspenda el derecho de uso de agua a Aruntani en la cuenca de Hatun Ayllu por reclamos que vienen desde el 2015. En relación a ello, la mortandad de peces reportada el último 29 de enero reavivó las acciones de protesta de la población, la cual acusa a la minera Arasi S.A.C. de Aruntani de generar una permanente contaminación del río Chacapalca. La población retuvo a funcionarios del ANA e intentó retener a funcionarios del Ejecutivo, a los que les dio como plazo hasta el 15 de febrero para dar respuesta a las denuncias y demandas presentadas. Cosme Ccari Huaynacho, alcalde distrital de Ocuviri, señaló que de acuerdo a un último informe de OEFA se habría confirmado la contaminación del agua río que consumen a diario. Se habrían identificado metales como plomo, arsénico, manganeso y mercurio. El Ejecutivo propuso una mesa de trabajo, no obstante, el conflicto aún se mantiene activo y ha originado movilizaciones durante los meses de enero, febrero, abril y mayo.

Asimismo, el 10 de abril, la Defensoría del Pueblo efectuó una supervisión preventiva de la cuenca Ramis (provincias de Carabaya y Azángaro) y observó que la actividad minera informal continúa realizando vertimientos de aguas no tratadas. Asimismo, confirmó que los trabajos de remediación de la cuenca Ramis aún no se han ejecutado por falta de presupuesto público. Del mismo modo, los ganaderos del distrito de Cojata demandaron la suspensión de las actividades de la minería informal en el río Suches. Otros conflictos relacionados a la minería es el del proyecto minero Santo Domingo de Minsur, en donde la población del distrito de Nuñoa (provincia de Melgar) ha rechazado por tercera vez (en febrero, marzo y abril) los trabajos de cateo y exploración por posibles afectaciones ambientales. La población teme que se produzcan daños irreversibles que afecten a la producción agropecuaria del distrito. Igualmente, la población del distrito de Paratía (provincia de Lampa) pide un espacio de diálogo a la empresa minera Ciemsa S.A. para reformular el convenio marco del 2007 y por la posible ampliación de operaciones, asimismo exige una compensación por daños ambientales. Por su parte, las comunidades de Sihuayro, Lampa Grande y Challa-Pampa del distrito de Pomata han venido protestando contra el otorgamiento de los petitorios mineros en la región Puno, especialmente, aquellos ubicados cerca al centro arqueológico de Tanapaca. En el caso de los mineros informales de las provincias de San Antonio de Putina, Sandia y Carabaya, estos mantienen su rechazo en contra de las medidas dictadas por el gobierno central orientadas a la formalización de dicha actividad.  Al respecto, cada vez existe mayor preocupación por la infiltración de recursos de la minería informal e ilegal en autoridades políticas locales y nacionales.

Consulta previa en el proyecto minero Corani

En mayo, la empresa canadiense Bear Creek obtuvo el permiso de construcción de mina del proyecto Corani. Previamente, el 25 y 26 de abril, se produjo la etapa informativa del proceso de consulta previa en las comunidades de Chacaconiza y Quelcaya. Como en otros casos, llama la atención cómo el Estado peruano ha estado implementando la consulta previa a pueblos originarios en relación a actividades mineras, reduciendo plazos y eludiendo la consulta en aspectos de fondo. De acuerdo a un estudio de CooperAcción, hasta marzo del presente año se habían realizado 38 procesos de consulta en temas que van desde políticas nacionales en educación y salud, hasta proyectos extractivos, hidrovías, entre otros.  Pese a ello, encuentra que, en particular en el sector extractivo, la consulta se ha convertido en un mero formalismo y se realiza en las etapas finales del proceso de toma de decisiones gubernamentales y sobre decisiones operativas.