Fuerte contingente policial se mantiene en la zona. (Imagen: CTC Noticias)
Continúa el conflicto. Pese a la nueva prórroga del estado de emergencia en el corredor minero, el martes 8 se produjeron violentos enfrentamientos entre comuneros de Fuerabamba y la Policía en el sector denominado Yavi Yavi. Los comuneros reclaman la propiedad del terreno sobre el cual se ha construido la carretera utilizada por la empresa minera Las Bambas.
Durante la mañana de hoy jueves se realizó en la ciudad de Cusco una reunión entre representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y dirigentes de la comunidad de Fuerabamba. La carretera, construida por la empresa MMG Las Bambas para el transporte de concentrados mineros, ha sido declarada por el MTC como “vía nacional” pese a no contar con la autorización de la comunidad, que asegura ser propietaria del terreno.
Reunión realizada este jueves 10 de enero en Cusco entre comuneros de Fuerabamba y Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Imagen: Derechos Humanos Sin Fronteras)
El martes, durante una protesta de los comuneros y comuneras, se produjeron enfrentamientos con la policía, producto de los cuales varias personas resultaron heridas, entre ellos un niño, así como comuneros y efectivos policiales. Además, fueron quemadas varias carpas del campamento de la Policía. Según la versión de la Policía, fueron los comuneros quienes quemaron las carpas; por su parte Gregorio Rojas, representante de la comunidad, señaló que fueron agredidos por la Policía sin ninguna razón, y que fueron efectivos de la Policía los que quemaron las carpas con el objetivo de inculpar a los campesinos.
Carpas de la Policía quemadas durante los enfrentamientos del martes 08 de enero
Este conflicto lleva varios meses en curso. En agosto del año pasado, más de 200 personas bloquearon esta vía durante varios días demandando una solución. En la zona, el Ejecutivo ha decretado el estado de emergencia que suspende los derechos a la libertad de reunión, situación que se mantiene desde hace varios meses. Pese a ello, y al no resolverse el tema de fondo, el conflicto sigue activo.
La propia Defensoría del Pueblo ha señalado que en el caso de corredor minero se han producido violaciones al derecho de propiedad de las comunidades campesinas afectadas por la construcción de la carretera.
Cabe indicar, sin embargo, la presencia de agentes externos a las comunidades que vienen alentando este conflicto con fines de dudosa legitimidad. El ex presidente de la comunidad de Fuerabamba ha cuestionado la presencia de los abogados conocidos como los hermanos Chávez, quienes estarían atizando el conflicto en busca de obtener beneficios por las indemnizaciones económicas.
Frente a esta situación de permanente conflicto, se requiere un abordaje integral que reconozca las violaciones de derechos ocurridas y que establezca una manera clara de solucionar los impactos ambientales y sociales que viene produciendo el transporte de concentrados mineros en las comunidades de Apurímac y Cusco.
10 de enero de 2018