“El Gobierno tiene un papel de bombero” entrevista a David Velazco de FEDEPAZ

David Velazco, abogado y presidente de Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), habló con el Observatorio sobre el proceso de diálogo y la instalación de la Mesa de Derechos Humanos y Justicia en la provincia de Cotabambas, en Apurímac, tras el conflicto por el proyecto minero Las Bambas

Imagen: Servindi

1.¿Cómo ve la continuación del proceso de dialogo sobre el conflicto en Las Bambas

Vemos la continuación del diálogo con mucha expectativa, en la idea, de que el ministro de justicia y los funcionarios públicos que representan al Gobierno, se comprometan y evidencien un compromiso público en dar solución a la situación de conflictividad social y, particularmente, en el caso de criminalización de la protesta que se ha generado alrededor de la operación minera denominada Las Bambas. Creemos de que si existe una disposición real y verdadera se van a poder resolver muchos de los problemas judiciales, acusaciones fiscales y penales que se les está siguiendo a más de 400 u 500 comuneros de diferentes comunidades de la provincia de Cotabambas. Siendo así, creemos que se puede dar una solución real al problema.

2.¿Cuál es su opinión de la instalación de la Mesa sobre justicia y derechos humanos se está desarrollando hoy día?

Tengo información por parte de unos dirigentes, que me llamaron para hacer unas consultas técnicas sobre la problemática, en específica, sobre derechos humanos que ellos van a plantear, y me informaban que hacía las 10 de la mañana iba a empezar el diálogo. Mi opinión es una opinión favorable. Primero porque se están sentando, en la negociación, funcionarios de alto nivel como el ministro de Justicia, y también los dirigentes que representan legítimamente a diferentes comunidades de la provincia de Cotabambas. La expectativa es debido a que el interlocutor es válido por parte del Estado porque toma decisión, y también por parte de las comunidades que tienen altas facultades para representarlas. Desde la perspectiva de que hay personas que pueden tomar decisiones, se puede ir avanzando en la solución de la problemática

3.¿Ve al gobierno con una actitud de resolver los problemas en la zona o solo de “apagar un incendio” por ahora?

Bueno, hasta el momento, el Gobierno ha evidenciado que tiene una actitud de asumir un papel de bombero de tratar de apagar el fuego que se va presentando por momentos alrededor de esta situación conflictiva social en la provincia de Cotabambas, generada por el proyecto minero denominado Las Bambas. Ahora, en uno de los últimos gestos del Gobierno, que era la aprobación de un Decreto supremo que establecía la conformación de una mesa que nombraba a la ministra del MIDIS, al Viceministro de Gobernanza y los demás eran funcionarios de menor responsabilidad que no podían tomar decisiones y además establecía formalmente representantes como las comunidades a una sola persona; y claro no se trata de llenar la mesa de diálogo con dirigentes de todas las comunidades, pero por lo menos en términos cualitativos y cuantitativos  tengan una mayor representación, y eso pues no puede pasar por una sola persona.  Desde esa perspectiva pensábamos de que la decisión que se estaba tomando evidenciaba de que este Decreto supremo no contribuía a una solución real de diálogo.

Ahora, parece que habría cambiado esa situación porque el Ministro de Justicia que no se nombra en ese decreto supremo, está presente o estaría presente en esa mesa de diálogo. Bueno esperamos que esta situación cambien, pero como le digo, hasta el momento, la mayor evidencia es que no hay una visión política real de una solución real, y completa a largo plazo por parte del Estado.

4.¿Considera que hay elementos para que se puede cesar la persecución judicial contra los dirigentes comunales que participaron de las protestas en la zona en los años anteriores?

No me cabe la menor duda. Primero porque independientemente del respeto  que tienen que tener las autoridades que representan a los diferentes poderes del Estado, quiero decir, el presidente del Consejo de Ministro no puede decirle al juez “cierra la investigación”, pero lo que sí puede hacer, por ejemplo, el Poder ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, es reunirse y exhortar a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público a que evalúen adecuadamente las denuncias y que no se trate formular denuncias o abrir investigaciones penales o procesos judiciales, sin tener mayores elementos de convicción o pruebas que justifiquen la apertura de estos procesos. Es el caso de un proceso abierto, desde el 2015, en el cual están procesados, más de 15 dirigentes, y allí no hay ni una prueba justificatoria. Hasta ahora el fiscal no dice si acusa, o no acusa. Cuando lo correcto sería que no acuse porque no hay elementos de contusión evidenciados a través de la investigación preparatoria que no acabo el fiscal. En ese caso pueden o desaprobar las acusaciones, y señalar que no hay méritos para juicios orales. En el caso del poder Ejecutivo, ellos  directamente pueden incluir a sus procuradores, desde el Ministerio del Interior para que esto se desista y estar constituidos como actores civiles en los procesos y dejen  de entorpecer las investigación que se está llevando acabo. Entonces, sí hay posibilidades de resolver, en respeto a la independencia, en respeto a la ley, y a la constitución.

5.En su opinión ¿cuáles deberían ser los pasos siguientes para dejar atrás la criminalización de la protesta en general? Que decretos y/o normas hay que derogar/ reformar y qué otros pasos dar en ese sentido?

Fundamentalmente que el poder Ejecutivo asuma un rol de garante del Estado de derecho, y de los derechos fundamentales de las comunidades, y de todas aquellas personas que protestan; y a través de su iniciativa legislativa, que le faculta la Constitución Política del Perú, proponga la modificación normativa a muchas normas de carácter constitucional que tienen atención prioritaria por parte del Poder Legislativo. Lo importante aquí, es que el Poder Ejecutivo evidencie esa voluntad política proponiendo propuestas legislativas que permitan derogar normas que facilitan la criminalización de la protesta.

24 de abril de 2019