Aumenta tensión en Espinar: funcionarios llegarán a Tintaya

El proyecto minero Tintaya Antapaccay de la empresa minera Glencore, que opera hace varios años en la provincia de Espinar, Cusco; empieza lentamente a colocarse – otra vez- en el ojo de la tormenta.

Como es sabido, desde hace unos meses Glencore, pretende conseguir las autorizaciones para empezar a explotar su nuevo proyecto: Coroccohuayco. Este, implica minar un nuevo tajo a cielo abierto, túneles subterráneos además de caminos de acceso y otros componentes, en un nuevo territorio de este distrito del sur andino. Estas operaciones su sumarán a las operaciones más antiguas de la empresa, que también serán modificadas: el tajo Antapaccay y sus botaderos serán ampliados, el Deposito de relaves Tintaya (antes el Tajo Tintaya) deberá aumentar su capacidad, entre otros. En conjunto, la empresa minera Glencore pretende integrar todos estos cambios en un solo instrumento ambiental denominado “MEIA del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”.

Las comunidades campesinas de la zona han reaccionado manifestando su preocupación y rechazo a las pretensiones de la empresa.  Tres comunidades del área donde se instalará el nuevo tajo, han presentado una demanda para que se consulte el MEIA presentado, antes de que este sea aprobado.  Otro grupo de comunidades, entre las que se encuentran Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Huano Huano, y Cala Cala, y otras; se han organizado para exigir que la empresa realice la consulta de las modificaciones a sus operaciones en Tintaya y Antapaccay, reclaman además la reparación por los daños causados al agua y la salud durante los 30 años de minería en la zona. Ello teniendo en cuenta que el nuevo proyecto de Glencore llega en medio de una crisis de agua por escasez y por contaminación de metales pesados en las fuentes comunales y distritales; con efectos negativos comprobados en la salud de sus habitantes.

Si va haber otro tajo minero y este causará impactos a las comunidades, está continuidad y ampliación de operaciones, debe ser consultado”, señaló Flavio Huanque, presidente de la comunidad Alto Huancané parte de la movilización comunal.

Las comunidades insisten: no se oponen al proyecto, pero exigen el respeto de sus derechos y no permitirán condicionamientos. Esta vez, exigen que la consulta previa se realice por primera vez en una operación que tiene más de 30 años vigente y que se proyecta por lo menos por 20 más. Esta consulta deberá ser llevada a cabo de buena fe, esto es, antes de que se decida y apruebe el EIA,  de manera que sean las propias comunidades las que participen en la evaluación de las afectaciones a sus derechos, decidan las medidas de mitigación y puedan realmente opinar y decidir sobre el futuro de sus territorios. La Defensoría del Pueblo y diferentes instancias a nivel internacional han reconocido que realizar esta consulta recién después de aprobado el EIA – como proponen el SENACE y el MINEM- no garantiza realmente los derechos de las comunidades afectadas.

Con la presión por iniciar operaciones, la situación se va volviendo cada vez más tensa. Los dirigentes comunales han acudido a las autoridades y gestionado una reunión con el Ministerio de Energía y Minas para el día 29 de abril. Esta vez, los funcionarios del Ministerio viajarán a la zona de Tintaya, para reunirse con las comunidades e informar sobre el pedido de consulta previa del EIA formulado por las comunidades. Todo indica que estas reuniones serán claves para decidir el futuro próximo del distrito.

(Vanessa Schaeffer)

 

25 de abril de 2019