En una conferencia de prensa realizada hoy en el Congreso de la República una delegación de dirigentes de la Coordinadora de Comunidades Campesinas Afectadas por el Proyecto Minero Las Bambas, demandó al Gobierno que se acelere la atención a los dirigentes criminalizados por los conflictos sociales en torno al mencionado proyecto minero.
Imagen: despacho Richard Arce
La coordinadora de comunidades está conformada por los presidentes de las comunidades campesinas de Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca, federaciones distritales de Tambobamba, Challhuahuacho y el Frente de Defensa de la Provincia de Cotabambas, entre otras instituciones.
En la conferencia, el Congresista Richard Arce recordó que en el marco de la Mesa de Justicia y Derechos Humanos se estableció la propuesta por parte de las comunidades de presentar un proyecto de ley de amnistía para que no se siga judicializando a los comuneros en medio de esta situación que ha venido afectando a las comunidades.
Señaló que “en ese marco, hemos presentado dos proyectos de ley. Primero la ley de amnistía que esperamos sea atendida por el Congreso de la República, pero también queremos que se derogue las leyes que tipifican los delitos que están relacionados a la criminalización de la empresa que fue establecido en el año 2007.”
Según el congresista hay dos proyectos de ley presentados, y que existe el compromiso desde el Poder ejecutivo de dar soporte a estas propuestas legislativas. “Esperamos que las fuerzas políticas del Congreso asuman con responsabilidad este compromiso con esta población que ha dado todas las facilidades para que el proyecto minero Las Bambas, el día de hoy, este encaminado” afirmó el congresista.
Por su parte Victor Limaypuma, del Frente de defensa de la provincia de Cotabambas, dijo que “la provincia de Cotabambas aceptó la minería, pero las comunidades están siendo juzgadas; están siendo juzgados muchos dirigentes organizacionales. Esperamos que empiecen a corregirse los errores que ha cometido el Estado, el Congreso y el Poder Judicial.”
Asimismo destacó que los dirigentes no merecen que el Poder Judicial los trate de esa forma. “Hay varios fallecidos en la provincia de Cotabambas, quién va a pagar, quién va a responder por esas vidas. Exigimos que vía está ley se empiece a corregir los errores cometidos por parte de todas las autoridades”, destacó.
Otro de los dirigentes comunales puntualizó que “somos una provincia que desde muchos años atrás venimos siendo maltratados por empresas transnacionales, nos están dejando pobres. Nosotros que somos los dueños directos de los territorios, del agua, la agricultura y la ganadería. Más de 500 honestos campesinos estamos siendo denunciados, queremos el inmediato archivamiento, queremos la inmediata aprobación de este decreto de amnistía que estamos presentando. Si no hay solución toda Apurímac se declarará en huelga.”
Por su parte Gregorio Rojas, dirigente de la comunidad de Fuerabamba, recordó que el pasado 24 de abril, el Premier Salvador del Solar llegó a la ciudad de Apurímac en el distrito de Chalhuahuacho y se estableció un compromiso para llegar a un acuerdo con la empresa MMG -Las Bambas y el Estado peruano sobre la criminalización que se viene dando contra las comunidades. Destacó que “de los 9 puntos que se establecieron en la mesa de diálogo, el primer punto es el proceso de amnistía que hemos solicitado. Si no hay un archivamiento para el caso de los dirigentes judicializados y perseguidos de las provincia de Cotabambas, no va a llevarse a cabo el proceso de diálogo con la empresa, ni con el Estado peruano.”
Asimismo señaló que él había estado preso en Lima. “Las comunidades que estamos apostando por la minería no queremos criminalización, encarcelamientos, no queremos persecución a los dirigentes. Eso es lo que hemos pedido, por lo tanto estamos presentado dos proyectos de ley al congreso y al legislativo para que nuestros hermanos indígenas criminalizados sean beneficiados”, destacó Rojas.
03 de mayo de 2019