Juzgado declara inocentes a 17 campesinos criminalizados por protestas del 2015 en Las Bambas

Foto tomada de: DHSF

El Juzgado Unipersonal de Cotabambas notificó el día 26 de octubre la sentencia por la cual absuelve a 17 campesinos acusados por la supuesta comisión de diversos delitos durante las protestas contra la empresa minera Las Bambas (Apurímac) el año 2015. La fiscalía solicitaba condenas de hasta 17 años de pena privativa de la libertad para los campesinos.

Como se recordará, a fines de setiembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas iniciaron una serie de protestas públicas por la afectación a sus derechos fundamentales, entre ellos su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Durante esas protestas, la Policía desarrolló una represión indiscriminada contra los integrantes de las comunidades campesinas, y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos campesinos que no hacían otra cosa que ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la protesta social.

Este proceso judicial se volvió emblemático porque fueron detenidos alrededor de 25 campesinos, disponiéndose prisión preventiva, por seis meses, para dos de ellos: Eduard Brandos Quispe Ccuno y Javier Mamani Coaquira, a quienes en particular se les acusaba de poseer un arma de fuego y dinamita, teniendo como supuesta prueba incriminatoria un acta de incautación suscrita, incluso, por el propio General Rucoba Tello, en aquel entonces Jefe de la Región Policial de Apurímac. Respecto de dicha prueba que fue cuestionada por la defensa legal de los acusados por haberse elaborado vulnerando las formalidades exigidas por la Ley y por contener información falsa y contradictoria en sí misma, el juzgado señaló que: “ … El testigo General Rucoba Tello, manifestó haber suscrito las mismas para refrendar el trabajo de sus subalternos, labor que no le competía, lo que lleva a inducir que quisieron validar tales actas de manera apresurada o desesperada”

Es decir, en la aquí referida sentencia, el juez reconoce la grave irregularidad en la elaboración y suscripción por parte del Jefe Policial mencionado, de la supuesta acta de incautación, en un vano intento de fabricar y sembrar una prueba falsa que incrimine a los dos campesinos acusados arriba citados.

Cabe resaltar que la defensa legal de los campesinos acusados fue ejercida por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, en forma conjunta con APRODEH y con el apoyo institucional de CooperAcción. Esta nueva sentencia pone en evidencia la estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

Con información de FEDEPAZ

27 de octubre de 2020