PRESENTAN 19°REPORTE SEMESTRAL Y EVALÚAN PRIMEROS MESES DEL NUEVO GOBIERNO

*Proponen renovar y reforzar institucionalidad a cargo de conflictos sociales, priorizando prevención. 

*El próximo año el observatorio iniciará labor de monitoreo y análisis de políticas públicas referentes a conflictos sociales.

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Ayer se realizó la presentación del 19° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, a cargo de José De Echave (CooperAcción), David Velazco (Fedepaz) y Mirtha Vásquez (Grufides).

El reporte recoge los sucesos y el contexto de los conflictos mineros durante el segundo semestre del 2016. Evalúa además la gestión y respuesta del nuevo gobierno frente a la conflictividad.

Entre las primeras conclusiones se percibe que los conflictos relacionados a la minería fueron subestimados en un inicio por el gobierno de Kuczynski. Todavía las soluciones se centran en el aspecto económico y el famoso formato del “adelanto social”.  El gran problema de este enfoque es que no reconoce que los conflictos sociales son multidimensionales, con diversas variables como la ambiental, social, cultural y también la económica. 

Foto (CooperAcción): José De Echave

Según comentó De Echave, director del Observatorio: “Es momento de discutir en serio y a fondo sobre qué tipo de institucionalidad y políticas públicas necesita el país para hacer frente a los conflictos sociales”.

No se ha avanzado en la puesta en marcha de una suerte de Sistema Nacional que ayude a prevenir y abordar de manera diferente los conflictos sociales en el país. Está  claro que se necesita urgentemente un sistema que debería ser implementado por una Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad fortalecida. Un sistema que tenga una alta capacidad de prevención y nula letalidad, dejando atrás nuestro actual puesto de tercer país con mayor mortalidad en conflictos sociales. En esa misma línea de refuerzo de la institucionalidad, se precisaría también que el Estado esté presente en los territorios donde está presente la conflictividad, aplicando una capacidad de reacción más inmediata y preventiva.

De Echave remarcó también que es fundamental que se desarrolle un claro enfoque de derechos que tome en cuenta que los territorios en los cuales se producen los conflictos no son territorios vacíos; hay comunidades y pueblos indígenas con derechos que deben ser respetados. 

 

Las Bambas y el Plan de Desarrollo para Cotabambas

En referencia al tratamiento de este conflicto y la reciente propuesta de plan de desarrollo presentado por el Ejecutivo, se rescataron aspectos positivos, como cumplir con el plazo de 45 días para la presentación de la propuesta; reflejar un nivel de articulación multisectorial para la elaboración del plan, que debería mantenerse; la priorización de 158 proyectos de desarrollo; plantear un horizonte temporal preciso marcado por trimestres hasta el 2021.

Sin embargo, se ha identificado que el plan sigue enfocándose sobre todo en el aspecto económico y aún no recoge en su totalidad la agenda legítima de las comunidades, en la que se tienen demandas relacionadas a derechos humanos, medio ambiente, y de desarrollo sostenible. Tampoco se tiene claro el rol de la empresa minera en cuanto a la responsabilidad social que le corresponde. Y puntualmente en el tema ambiental no queda claro qué va a pasar con las 6 modificatorias realizadas al proyecto minero y los impactos de las mismas.

Foto (CooperAcción): Mirtha Vásquez

La persecución de líderes en Cajamarca

Mirtha Vásquez, directora de Grufides, comentó cómo es que en Cajamarca los líderes que vienen defendiendo su territorio y recurso hídrico sufren al ser perseguidos y procesados con condenas excesivas. Se han defendido casos cuyas penas iban desde 35 años de cárcel hasta la cadena perpetua, ante los cuales el Poder Judicial actuó dentro del marco de la ley pero desconociendo los derechos y la justicia comunal. Frente a este abuso, las rondas campesinas de Cajamarca han programado para mañana 15 de diciembre el primer paro en contra de este poder del Estado.

Como abogada a cargo del caso de Máxima Acuña y su familia, alertó que los ataques por parte de la empresa minera Yanacocha se han seguido presentando durante los últimos dos meses. Frente a ello advirtió que si sucediera algo con su representada la responsabilidad recaería no sólo en la empresa sino también en el propio Estado al no haber reaccionado en su defensa. 

Foto (CooperAcción): David Velazco

Los convenios entre la PNP y empresas mineras

De otro lado, David Velazco, de Fedepaz, aseveró que también en las regiones en las que prestan asesoría legal vienen defendiendo a campesinos que son neutralizados con procesos penales que se prolongan por años. La preocupación también recae en cómo la arbitrariedad aplicada para criminalizar la protesta de la población que expresa su descontento o defiende su territorio se mantiene inmune. No se cuestiona a las instancias que permiten atropellar los derechos de los acusados.

Así también enfatizó que sigue siendo alarmante que aún sigan vigentes convenios entre la policía y las empresas mineras permitiendo la “mercerización” de quienes deben un servicio público y de seguridad de la propia ciudadanía. Al mantenerse esta política, que además es secreta, se siguen ignorando los derechos humanos de las poblaciones en conflicto. 

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Revisa y descarga el reporte aquí.


15 de diciembre de 2016

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