#ALERTA: Absueltos 16 líderes de Celendín en caso Conga

 

ABSUELTOS 16 LÍDERES DE CELENDÍN EN CASO CONGA

 

Justicia. 16 líderes ronderos y ambientalistas de la provincia de Celendín (Cajamarca) fueron absueltos esta mañana del presunto delito de secuestro en un caso en el cual la Fiscalía había pedido nada menos que 36 años de prisión.


El caso se origina en 2013, durante el conflicto social por el megaproyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha. El 26 de abril de dicho año, un grupo de dirigentes sociales asiste a una reunión convocada por el gobernador del distrito de Sorochuco, y le piden que la misma se traslade a la Plaza de Armas de la localidad a fin de que el conjunto de la población pudiera escuchar y participar de la discusión en torno al proyecto minero. La reunión dura alrededor de dos horas, durante las cuales los vecinos de Sorochuco hacen oír su voz de rechazo a Conga, en tanto que el gobernador defiende el proyecto. Posteriormente, el gobernador interpuso una denuncia por secuestro agravado alegando que se le había conminado a participar de dicha reunión pública bajo amenazas y utilizando piedras, palos y armas blancas, acusaciones que han quedado desvirtuadas al cabo de casi cuatro años de proceso legal.


El Juzgado Colegiado Supra Provincial determinó en su fallo la inocencia de los líderes acusados y la inconsistencia de las pruebas presentadas por el entonces gobernador de Sorochuco. La lectura de la sentencia completa tendrá lugar el 28 de marzo.


“Aún hay varios casos post conflicto Conga, sobre todo los líderes han estado siendo acusados de manera sistemática por varios cargos. Este caso era especialmente preocupante porque la Fiscalía pedía hasta 36 años. Pero hay otros casos más”, explica Mirtha Vásquez, abogada de los líderes ambientalistas.


Semanas atrás, un conjunto de organizaciones de derechos humanos difundió un pronunciamiento donde alertaba por este caso y lo consideraba una muestra de la criminalización de la disidencia. “Las organizaciones que suscribimos este documento estamos profundamente preocupadas que, ante la movilización social legítima, la respuesta del Estado sea el uso de la fuerza y uso del derecho penal contra los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente”, señalaba el pronunciamiento.

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