Informe extraído del 22° Reporte del OCM
Cajamarca destaca como una de las principales regiones productoras de oro del país. Actualmente ocupa el segundo lugar, con una participación del 18.61% del total. En lo que va del año, la producción de oro en esta región ha retrocedido en 21.4%, por los menores ritmos en las operaciones de Yanacocha. Cajamarca ocupa el quinto lugar en cuanto al flujo de inversión, durante el 2018, con un monto de US$ 64 millones, que representa el 7.72% del total de inversiones mineras actuales. Asimismo, la región registra una cartera de proyectos mineros de US$ 16 209 millones con una participación del 27.7%. Uno de los proyectos que se licitó recientemente es el de Michiquillay obteniendo la buena pro la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC), la cual tendrá que completar la fase de exploración y la elaboración de su respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Las concesiones mineras en Cajamarca ocupan 823 974 hectáreas, que equivale al 25.01% del territorio regional. Esto representa un ligero aumento respecto a finales del 2017. De acuerdo a los últimos informes de la Defensoría del Pueblo, Cajamarca ocupa el quinto lugar en cuanto al número de conflictos sociales (13 en total) con una participación del 6.6%. De estos conflictos, 11 son clasificados como socioambientales y están vinculados directamente a la minería, tanto de actividades formales como informales. De acuerdo con los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo, los conflictos en el país y en la zona norte han mostrado en este periodo (diciembre a la fecha) una tendencia al crecimiento. Cajamarca sigue siendo una de las provincias en donde se reportan más conflictos por temas socioambientales (de 13 casos reportados, 11 son por temas socioambientales), relacionados principalmente a asuntos mineros. La mayoría de los mismos no se encuentran en etapa aguda; sin embargo, existen situaciones de conflictividad activa que se arrastran por meses o años atrás. Otros casos vienen gestándose o desarrollándose de manera inminente, sin que se reporte alguna actuación del Estado respecto a ellos.
Reporte extraído del Informe Defensorial No. 170-2018
La visita de Vizcarra a Cajamarca
El ingreso de Martín Vizcarra a la presidencia ha marcado nuevamente un periodo de intento por destrabar proyectos extractivos que han quedado detenidos por conflictos con la población. El anuncio explícito de Vizcarra de apoyo a la “minería responsable” es un paso hacia la implementación de estrategias para viabilizar la gran minería en las regiones como Cajamarca. La visita a esta región coincide con el momento de inicio del proyecto Michiquillay y el anuncio de la construcción de la represa de Chonta, conforme las empresas mineras lo requieren. Son anuncios que permiten la generación de condiciones para la ampliación de proyectos extractivos. No obstante, la negativa de atender y reconocer los diferentes conflictos que se están desarrollando, la dificultad por intentar asumir los mismos en sus múltiples factores y causas, y la falta de atención y prevención con una total ausencia de política en el manejo de los mismos, plantea un escenario de probable agudización. Además, el factor electoral en este año puede ser también un elemento que aporte a la exacerbación de estos escenarios de conflicto.
Fuente: Andina
Principales conflictos activos
En Cajamarca tenemos conflictos activos desde hace varios años, relacionados en primer término a expansiones mineras en diferentes zonas, que comprenden tanto ampliación de proyectos ya existentes, como proyectos nuevos que comienzan a desarrollarse.En el distrito de Chugur (provincia de Hualgayoc), el conflicto por la expansión del proyecto minero Ciénaga Norte- Tantahuatay de la compañía minera Coymolache, genera constantes hipos de enfrentamiento entre la población y la empresa. En el mes de abril se han desarrollado acciones de protesta social en tanto la comunidad cuestiona el EIA del proyecto que se ampliará en zona de cabecera de cuenca. Lo mismo sucede en el distrito de Pulán (provincia de Santa Cruz), donde las comunidades vienen protestando desde hace varios años por el proyecto La Zanja, el mismo que se viene ampliando en lo que también consideran cabecera de cuenca, adicionando a ello el reclamo por los impactos que el proyecto ya ha causado en agua, suelos, contaminación por polvos, etc. En el caso del Valle de Condebamba (provincia de Cajabamba), se identifica un conflicto que tiende a intensificarse. La protesta es cada vez más frecuente por el desarrollo y la rápida expansión del proyecto Shahuindo de la empresa Tao Resources, sobre distritos como Cachachi y Chuquibamba, con problemas ambientales que van causando, a ello se suma la llegada de nuevas empresas que anuncian proyectos en la zona, así como la presencia de actividades de minería ilegal en este mismo territorio. Hacia la zona norte de la región también se registran conflictos por expansiones mineras relacionadas a nuevos proyectos. Los distritos de Sexi, Llama, Querocoto, Querocotillo y Huambos, pertenecientes tanto a las provincias de Chota como de Cutervo, empiezan a demandar nulidad de concesiones en sus territorios, y la suspensión inmediata de actividades de la empresa minera Troy S.A.C. A este tipo de conflictos se suma el ya conocido caso de Conga el cual, sin duda sigue activo, se mantiene en constante movilización social principalmente a comunidades de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc que siguen demandando la declaración de inviabilidad del proyecto. El 29 de abril último, las rondas campesinas de Cajamarca lideraron una movilización hacia el caserío Valle Laguna Azul, distrito de Huasmín, provincia de Celendín, donde se tomaron acuerdos para continuar con la lucha por la protección de las lagunas frente a la pretensión del gobierno y la empresa de retomar el proyecto Conga. De igual modo, el 5 de junio, con ocasión del Día Mundial del Ambiente, las organizaciones ronderas realizaron una inspección en la zona de las lagunas. Cabe añadir que el 15 de mayo de 2018, representantes del Gobierno Regional de Cajamarca participaron de la Audiencia del Recurso de Revisión al EIA del proyecto minero Conga. El equipo de profesionales sustentó las razones técnicas para declarar este megaproyecto como inviable, argumentando las inconsistencias e irregularidades contenidas en la segunda modificatoria del EIA del proyecto en cuestión. Ante el Tribunal Minero, las y los técnicos del Gobierno Regional insistieron en la inviabilidad del proyecto Conga y advirtieron que las mismas se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De manera que, invocaron a este tribunal a resolver de manera justa respetando la voluntad del pueblo de Cajamarca.
Michiquillay
Por último, un caso en el que hay que poner especial atención es el proyecto Michiquillay, adjudicado en el mes de febrero a la empresa SPCC. Tal proyecto implica no solo la expansión territorial de la minería en la región, en tanto significa el asentamiento de un proyecto sobre un área directa de 4,050 hectáreas en el distrito de La Encañada, sino que intensificará la explotación y exportación de minerales como cobre, oro y molibdeno; se estima en Michiquillay una explotación de 1,159 millones de toneladas métricas de mineral. Este proyecto viene siendo presentado por el gobierno como la posibilidad y ejemplo de “minería ambiental y socialmente responsable”, en tanto en este caso se ensaya por primera vez el modelo de “gasto adelantado” con la creación de un fondo social en beneficio de las comunidades del área de influencia, disponiendo para el mismo ingentes sumas de dinero provenientes de la adjudicación del proyecto: 50% de los 403 millones pagados por la empresa SPCC. El fondo adelantado ya ha generado el primer conflicto en este proyecto, lo que está afectado de manera concreta no solo el inicio del mismo, sino el desarrollo exitoso del modelo ensayado. Aunque la Defensoría del Pueblo hasta su último informe del mes de abril sólo consigna este caso dentro de sus alertas tempranas, desde nuestro punto de vista es un conflicto activo en escalamiento. Así, a la fecha poco o nada es lo que se ha podido avanzar en la ejecución del fondo social. Uno de los factores ha sido el constante desacuerdo entre la Junta Directiva de la comunidad y los demás actores de dicho fondo como la empresa. Como antecedente está la administración del fondo con Anglo American, empresa que tuvo la titularidad del proyecto hasta el 2014, y con quien nunca pudieron llegar a consensos. A la fecha esta situación tiende a complejizarse por el incremento ostensible del monto de dicho fondo y el tratamiento con esta nueva empresa, con antecedentes menos dialogantes que Anglo American. Otro factor es que la Junta Directiva comunal debe negociar en representación del conjunto de comuneros; sin embargo, entre los mismos existen divisiones y por tanto desacuerdos. En los últimos años varios sectores de la comunidad (Michiquillay, Quinuayoc y anexo Pampagrande) no sólo se han vuelto opositores a la Junta Directiva, sino que cuestionan el Acuerdo Social desde su negociación; a ello se suma su postura en contra de la adjudicación de este proyecto a SPCC, de lo cual dejaron constancia mediante carta presentada el 21 de febrero del 2018. Un asunto que hace ver que este conflicto está en escalamiento es la reacción de diversos actores después del anuncio de la adjudicación de Michiquillay a SPCC, como las rondas campesinas y las poblaciones de otras provincias, quienes consideran una amenaza este proyecto en términos ambientales y territoriales. Los anuncios del empresario Roque Benavides de una posible alianza de Buenaventura con SPCC para trabajar conjuntamente sus proyectos, lo que incluiría Conga, previendo incluso la construcción de un ferrocarril para transporte de mineral, generan preocupación en la población por el avance de la minería y sus impactos, así como la reactivación de la movilización social.
Fuente : El mortero
Impactos ambientales
En cuanto a los conflictos activos por impactos ambientales, uno de los que genera mayor preocupación es el que involucra a Tahoe Resources, operadora del proyecto Shahuindo en la zona de Cajabamba, que ha tenido durante este periodo incidentes de posible afectación y contaminación en dicha zona. El más importante ocurrió el 19 de enero, con el desborde de la poza de sedimentación, inundando y contaminando varios poblados. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no ha emitido hasta el momento el informe sobre este incidente, generando una situación de constante reclamo por parte de la población, así como una resistencia frente a la empresa. Hualgayoc es otro de los lugares donde existe un conflicto permanente por asuntos de impactos ambientales. La demanda por la atención de la provincia tras haber sido declarada en emergencia ambiental en el 2016 mantiene a la población en una situación de reclamo constante. La remediación de los pasivos ambientales es una de la preocupaciones de la ciudadanía, la descontaminación de los ríos Tingomaigasbamba y Arascorgue, además de la exigencia de no explotación minera en cabeceras de cuenca son las principales demandas. Una de las preocupaciones que tiende a tensionar aún más este escenario es el descontento por la demora en la entrega de resultados de las muestras de sangre de 211 pobladores de las comunidades de Bambamarca, Chugur y Hualgayoc, que exigen descarte de contaminación con plomo en la sangre, tras antecedentes similares en otros comunidades. Un asunto adicional son los reclamos constantes a la empresa Gold Fields (proyecto La Cima) por incumplimiento de compromisos firmados: abastecimiento de agua y energía eléctrica, y reparación de rajaduras en las viviendas. Igualmente contra la minera Coimolache para que cumpla con los compromisos sociales asumidos y resuelva el asunto concerniente a la compra y venta de tierras, ya que los comuneros perciben que la empresa está ocupando una mayor cantidad de tierras de las que le corresponde.
Criminalización de la protesta y procesos de defensa de derechos
La criminalización contra líderes ambientales es un proceso que se mantiene. A la fecha aún continúan varios procesos penales que se arrastran desde el año 2012, año de la agudización del conflicto Conga. En estos casos, se distingue una política decididamente hostil tanto del Ministerio Público y del Poder Judicial cuando se trata de ver estos casos de defensores ambientales. Se niegan a realizar investigaciones para proteger a líderes o defensores ambientales, como Máxima Acuña; cuestionan las defensas técnicas de los mismos, como lo sucedido en el mes de marzo de este año cuando la Fiscalía se opuso al patrocinio a favor de defensores de un abogado de la organización EarthRights International, bajo el argumento de que es un abogado extranjero. Se apelan sin mayor fundamento procesos resueltos a favor de los líderes, como el caso del proceso a los 16 líderes de Celendín y Sorochuco que tiene ya sentencia absolutoria, extendiendo plazos para evitar resolverlos con celeridad; y se están dictando sentencias condenatorias, con penas efectivas y severas para algunos defensores. Uno de estos casos es el del comunicador César Estrada que ha sido condenado a 10 años de prisión preventiva, sentencia que ha sido ratificada el 15 de abril por la sala penal de apelaciones de Cajamarca. Como hemos dado cuenta anteriormente, el riesgo de los defensores en esta zona es latente y la situación de violencia psicosocial que genera estigmatizaciones y odios contra líderes ambientales se profundiza progresivamente; y que ahora más aún se centra en el ataque contra lideresas mujeres por su condición de género, que incluye mecanismos de acoso en redes sociales. Cabe destacar que el 13 de marzo la Primera Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca ordenó el archivo definitivo del proceso penal por supuesto delito de usurpación agravada seguido contra los defensores ambientales Marco Arana Zegarra, Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos. Como se recordará, en 2013 las comunidades y rondas campesinas situadas alrededor del proyecto minero Conga, en uso de su facultad constitucional para administrar justicia, decidieron retirar las tranqueras que la empresa minera Yanacocha SRL había colocado en los caminos ancestrales de sus territorios. Dicha decisión fue comunicada a las autoridades y, por lo tanto, tuvo carácter público, ya que la empresa se había negado a hacerlo alegando que eran tierras de su propiedad. Sin embargo, Yanacocha denunció penalmente a varios dirigentes campesinos por supuesta usurpación agravada. Luego de que la defensa legal aportara elementos de convicción de su inocencia, los mismos que fueron ratificados por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín, se confirmó que no existió participación alguna de los investigados en los hechos.
Conflicto en territorio awajún
En los territorios de las comunidades nativas de Naranjos y de Supayaku (provincia de San Ignacio) aún se mantiene un conflicto latente, generado por la empresa Exploraciones Águila Dorada S.A.C., autorizada por el Minem para realizar actividades de exploración minera en territorios del pueblo awajún, sin que el Estado haya realizado el proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, violando derechos fundamentales y dividiendo a las comunidades locales. Esta situación fue advertida por el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente 32645-2013), mediante sentencia de fecha 2 de agosto de 2016, que declara fundada la demanda de amparo interpuesta por la comunidad awajún de Supayaku. Pese a ello, la Procuraduría del Minem interpuso recurso de apelación. El día 12 de junio, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima ha visto la causa, esperándose aún una decisión.
