Informe extraído del 22° Reporte del OCM
Conflictos mineros sin resolver en las provincias altas
En los últimos años Cusco ha tenido un incremento significativo de la producción de cobre del país consolidándose como una región clave en el sector. En lo que va del 2018, las minas de Antapaccay y Constancia representan un aporte del 14.27% a la producción de cobre a nivel nacional. Asimismo, ocupa el sexto lugar en la producción de oro en el país. Según el Minem, a través de la cartera estimada de proyectos mineros, en la región Cusco destacan los proyectos Coroccohauyco y Quechua (con estudios de factibilidad), Accha (estudio de pre-factibilidad) y 2 proyectos de exploración. En total la cartera asciende a US$ 1808 millones. De estos, Coroccohauyco de Antapaccay (Glencore) estaría más próximo a iniciar operaciones. Por otro lado, en lo que va del año las concesiones mineras en la Región Cusco tuvieron un ligero repunte pasando de ocupar el 13.7% (984 807 hectáreas) del territorio regional a finales del año pasado hasta 14.8% (1 069 663 hectáreas) en lo que va del presente año. Según los informes de la Defensoría del Pueblo, Cusco es la cuarta región del país que registra el mayor número de conflictos sociales, con una participación del 7.1%, 14 casos en total. De estos, existen 4 conflictos activos y 2 en observación relacionados a la minería. A continuación resumimos los principales casos.
Fuente : Derechos Humanos sin Fronteras
Cusco también con estado de emergencia
Al igual que en el caso de Apurímac, el corredor vial de transporte minero que estuvo durante varios meses bajo estado de emergencia también atraviesa las provincias cusqueñas de Chumbivilcas y Espinar, y a junio algunas de las poblaciones aledañas cumplieron once meses en esta situación. Ante ello, los gremios campesinos han denunciado públicamente esta situación anómala ya que la medida sólo beneficia a las grandes empresas mineras como Antapaccay de Glencore (Espinar), Constancia de Hudbay (Chumbivilcas) y Las Bambas de MMG (Cotabambas). Al respecto, Luciano Ataucuri, Presidente de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial de las provincias de Cotabambas y Grau en Apurímac; de Chumbivilcas, Espinar y Paruro de Cusco, señaló en conferencia de prensa sobre la declaración del estado de emergencia “…es una medida ilegal porque no hay razones para la limitación de los derechos ciudadanos. Exigimos al presidente Martín Vizcara y al primer ministro César Villanueva que levanten el estado de emergencia”. Asimismo, la organización Derechos Humanos sin Fronteras de Cusco y organizaciones sociales de Cusco y Apurímac presentaron una demanda de hábeas corpus solicitando levantar el estado de emergencia en el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa. Sin embargo, el 20 de abril, el 6° Juzgado de Investigación Preparatoria lo declaró “improcedente”. Finalmente, como ya se señaló, el estado de emergencia no se prorrogó luego de que venciera su plazo a comienzos de junio.
Conflicto con Antapaccay y la criminalización
A inicios de abril, alrededor de 10 comuneros de Alto Huarca en Espinar, fueron golpeados y amenazados por un contingente de la PNP y 8 funcionarios de la empresa Glencore-Antapaccay, en una acción de desalojo ordenada por la empresa minera y ejecutada por la PNP para la construcción de una carretera minera[1]. Estas acciones de construcción de nuevas vías de acceso se dan en el marco de la ampliación de la mina Antapaccay en el tajo norte. Este hecho de violencia se suma a otros en donde los convenios entre empresas mineras y la PNP terminan tergiversando el sentido público (y no privado) de las fuerzas del orden y su rol como garante de los derechos ciudadanos. Al respecto, la organización Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) por denunciar las agresiones descritas a pobladores de la comunidad de Alto Huarca (Espinar) en abril último padeció un intento de amedrentamiento por parte de la policía. Así, el 21 de abril de 2018, el General PNP Max Iglesias Arévalo, Director de la VII Macro Región Policial Cusco – Apurímac, dirigió una carta notarial a la institución DHSF, amenazándoles con iniciar un juicio por difamación si no se producía la “inmediata rectificación, en un plazo de 72 horas…” por informaciones supuestamente tendenciosas que dañaban la buena reputación del personal PNP. DHSF, por su parte, emitió un pronunciamiento público rechazando esta forma de amedrentamiento frente al trabajo que realizan a favor de las poblaciones y comunidades de Espinar y Chumbivilcas, que no encuentran respuesta a sus múltiples denuncias y demandas que legítimamente expresan. Desde el OCM rechazamos este tipo de amenazas que tienen la finalidad de callar las voces discrepantes que exigen justicia. Otro caso de criminalización es el relativo al ex alcalde provincial de Espinar, Oscar Mollohuanca. Al respecto, la Sala Penal de Apelaciones de Ica declaró nula la sentencia en primera instancia que había absuelto al ex alcalde de Espinar y a los líderes del Frente de Defensa, Sergio Huamaní y Herbert Huamán. De esta manera, el caso vuelve a fojas cero luego de seis años de juicio. Mollohuanca señaló que existen intereses externos que han incidido en la resolución y considera que no ha habido una deliberación puramente jurídica. Otro conflicto en relación a Antapaccay sucedió en febrero último cuando los comuneros de Huano Huano realizaron un plantón frente a las oficinas de la empresa demandando el cumplimiento de una serie de compromisos suscritos y en el marco de la nueva modificación del EIA. Como se recuerda, Glencore inició en octubre de 2017 el proceso informativo para la Modificación del EIA del proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco. Han pasado 6 años desde el conflicto en Espinar que originó que en junio del 2012 se instalara una mesa de diálogo de la provincia que funcionó hasta agosto de 2013. Sin embargo, el descontento social no ha cambiado y actualmente la población mantiene diversas demandas frente a la empresa Antapaccay (Glencore), asimismo al Estado peruano le exige el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegaron en la mesa de diálogo. La mesa acordó entre otros puntos un Plan Ambiental y Sanitario y un Plan de Inversiones, mientras que a la empresa se le exige la aprobación de un nuevo Convenio Marco. Al respecto, el Comité de Gestión y Seguimiento Ambiental Sanitario informó en enero sobre la implementación del Plan de Salud relativo a 896 personas con presencia de metales tóxicos en la sangre, por su parte, el MTC informó sobre la situación del Plan de construcción de carreteras comprometidas. Por último, la tercera reunión del Convenio Marco realizada en el mismo mes no llegó a ningún acuerdo. Ya en mayo, las organizaciones sociales de Espinar sostendrían una Asamblea Popular para exigir al presidente Vizcarra reanudar las mesas técnicas para atender las demandas de la provincia, entre ellas, diversos proyectos de afianzamiento hídrico así como el tratamiento a los afectados por metales pesados.
Metales tóxicos en la sangre
Del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 se realizó en Lima el Primer Encuentro Nacional de Afectados por Metales Tóxicos con representantes de poblaciones afectadas de zonas mineras y petroleras, entre éstos, afectados provenientes de la provincia de Espinar. Producto de este encuentro se constituyó la Mesa de Afectados por Metales Tóxicos y se le solicitó al entonces Ministro de Salud, Fernando D’Alessio, que implemente una política integral de atención en salud en territorios con alto impacto ambiental por actividades extractivas. En lo que va del 2018 ha habido dos cambios de ministros en el sector salud, por su parte, los representantes de los afectados por metales tóxicos han seguido buscando informar sobre su delicada situación y solicitan información sobre las acciones realizadas por ese sector. Luego de la marcha de sacrificio en febrero realizada por 30 familias de niños afectados por metales tóxicos, el Ministerio de Salud emitió una resolución para la creación de una Comisión Sectorial que elabore y proponga una Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas. Por otro lado, el congresista Oracio Pacori presentó al Congreso un proyecto de ley para la creación de una base de datos de personas afectadas que permita unificar y centralizar la información, garantizando una política integral de atención de salud, estrategias, diagnósticos y programas individuales y comunitarios. Este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad el pasado abril en la Comisión de Salud del Congreso. Asimismo, las organizaciones DHSF, Instituto de Defensa Legal (IDL), CooperAcción y Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (Aporvidha) emprendieron una serie de demandas por las vías civil y penal, así como un proceso de amparo en defensa de 2 de las comunidades del área de influencia directa de la mina Antapaccay, por la presencia de 16 metales pesados en sangre que presentan los pobladores de las comunidades de Huisa y Alto Huancané (que fueron detectadas en el estudio realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), del año 2010 y que luego volvió a realizar en 2013, pero que fueron ocultados a la opinión pública hasta diciembre de 2014).
Conflictos con Hudbay y MMG
El presidente de la comunidad de Urasana del distrito de Velille informó que la Fiscalía de Santo Tomás había abierto investigación fiscal a varios dirigentes sociales y alcaldes de la provincia de Chumbivilcas, entre los que se encuentran 13 dirigentes comunales, 3 alcaldes distritales de Velille, Chamaca y Livitaca y el alcalde provincial de Chumbivilcas, por su participación en las movilizaciones realizadas en el paro provincial realizado del 25 al 27 de enero. La paralización y las movilizaciones realizadas durante estos días se realizaron en forma pacífica, por lo que ha llamado la atención de que se haya procedido con la investigación fiscal. La medida fue realizada para demandar a la empresa Hudbay (que actualmente opera la mina Constancia) cumpla con los compromisos adquiridos con las comunidades de Uchucccarco, Urasana, Chilloroya, Velille y Chamaca desde el año 2012. Por su parte, el distrito de Velille demandó la inclusión de todas sus comunidades en el área de influencia directa de la mina Constancia, mediante la modificación del EIA. Tras la medida de protesta, un mes después, el 27 de febrero, se instaló una Mesa de Diálogo en Velille con representantes de la PCM y del Minem por parte del Estado y de la empresa minera Hudbay. Asimismo, a mediados del mes de abril, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chamaca y una delegación el Frente de Defensa llegaron a Lima para participar en un diálogo con la empresa Hudbay; sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo. Según declaraciones de Walter Choquehuanca, alcalde distrital, la empresa se mostró inflexible ante el pedido de la población y autoridades para determinar un incremento del aporte anual que la empresa Hudbay realiza como parte del Acuerdo Marco firmado en el año 2013, el mismo que se negocia cada año en la medida en que el acuerdo marco no consigna un monto anual fijo. El apoyo social ofrecido por Hudbay al distrito de Chamaca, así como a Livitaca y Velille, ha bordeado comúnmente un millón de dólares por año. Este monto ha recibido críticas constantes, e incluso acciones de protestas, principalmente en Chamaca, por no permitir el financiamiento de proyectos de impacto que catapulten el desarrollo local. Cabe recordar que durante los primeros años, las empresas mineras no suelen pagan impuesto a la renta mientras recuperan sus inversiones. Por su parte, en el distrito de Coporaque en Espinar, el Frente de Defensa, el Comité de Luchas, las comunidades campesinas y las organizaciones sociales del distrito exigen al Estado y a la empresa Hudbay se les considere al distrito dentro del área de influencia directa de la mina Constancia y demandan el cumplimiento de los compromisos del convenio suscrito en marzo del 2017. De este modo, la población realizó un paro de 48 horas el 27 de diciembre, luego de lo cual se estableció una mesa de negociación con Hudbay. Del mismo modo, la población de Coporaque señala que MMG estaría incumpliendo sus compromisos firmados en el Convenio Marco del 2013. Como otros distritos del corredor minero, Coporaque sufre el impacto de las actividades mineras de las empresas MMG Las Bambas, Hudbay y Glencore, ya que transportan sus minerales por su territorio.
Fuente : Derechos Humanos sin Fronteras
Recientemente, la empresa minera Hudbay adquirió 3 nuevos prospectos de cobre ubicados muy cerca de la mina Constancia en la provincia de Chumbivilcas. Asimismo, antes de finalizar el 2018 iniciará la producción de cobre en el proyecto Pampacancha, ubicado a 2 km de la mina Constancia. Según declaraciones de la empresa, este depósito de cobre utilizará la misma infraestructura de la mina Constancia. Estos nuevos emprendimientos mineros de Hudbay están produciendo nuevamente una presión sobre los territorios de las comunidades campesinas de los distritos de Chamaca, Velille y Livitaca, en la medida que la empresa está buscando negociar con las comunidades a fin de asegurar los derechos sobre la superficie. En relación a Hudbay y otras empresas de origen canadiense, en enero el Gobierno de Canadá anunció la creación de un “Ombusman” o Defensor del Pueblo para las Empresas Responsables que tendrá como tarea investigar denuncias de violación de derechos humanos por parte de las empresas canadienses. En un inicio la oficina del Ombusman se centrará en casos de violaciones en los sectores de minería, gas y petróleo, buscando promover soluciones colaborativas a los conflictos entre las comunidades afectadas y las empresas canadienses. Anteriormente, la empresa BHP Billiton accedió a integrar la Mesa de Diálogo de Tintaya a insistencia del Ombusman de Australia (experiencia en la que también participaron organizaciones de sociedad civil como CooperAccion y Oxfam), por lo que un Defensor del Pueblo de Canadá puede ser una excelente oportunidad para que las comunidades puedan exigir sus derechos y acceder a justicia. En el caso de MMG Las Bambas, a inicios de mayo las comunidades y organizaciones del distrito de Velille, acordaron la realización de un paro de 72 horas demandando al Estado y a la empresa la instalación de un espacio de diálogo para debatir las modificaciones al EIA, la mitigación de la contaminación ambiental, el asfaltado de la carretera de transporte minero, temas laborales y de prestación de servicios y especificar el aporte de la empresa en beneficio del distrito y sus comunidades. El 2 de mayo, luego de varias reuniones y negociaciones se suspendió el paro y se instaló la Mesa de Diálogo en Velille.
El Señor de Qoyllorit’y y la Montaña de Siete Colores
En el mes de enero, integrantes de 8 naciones que conforman la Hermandad del Señor de Qoyllorit’y realizaron una marcha hacia la ciudad de Cusco para demandar la suspensión de las concesiones mineras en el área del Santuario ubicado en la localidad de Sinakara, a las faldas del nevado Ausangate, y denunciar que mineros ilegales continúan operando en zonas aledañas como en Yanacancha a solo 4 horas a pie del Santuario. Luego de realizada la marcha y un mitin se firmó un acta de conformidad entre el Gobernador Regional, el Alcalde Provincial de Cusco, el titular de Mincetur-Cusco, el director de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) y el Presidente de Naciones y de la Hermandad. En dicha acta se comprometen a hacer cumplir las funciones de evaluación y derogatoria de las autorizaciones para el proyecto minero ubicado en el área del Santuario. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, se comprometió a colocar hitos para delimitar el área intangible de más de 3600 hectáreas. Como se recordará la DREM del Cusco confirmó la existencia de 40 concesiones mineras, aunque señaló que se encontraban fuera de la zona intangible. Sin embargo, los representantes de la Hermandad señalaron que estas concesiones amenazan la ruta tradicional de peregrinación. Por otra parte, causó gran controversia nacional la denuncia acerca de la concesión minera que incluye la totalidad del área de la Montaña de Siete Colores, atractivo turístico conocido mundialmente, a la empresa minera Minquest Perú S.A.C. Tras una investigación de CooperAcción, se conoció que el 16 de marzo el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) había otorgado una concesión denominada Red Beds 2 a la empresa minera Minquest Perú S.A.C., filial de la canadiense Camino Minerals. Debido a la importancia turística y cultural de esta montaña, la noticia causó revuelo nacional e internacional, hasta el punto que el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció vía Twitter al respecto prometiendo que la montaña sería preservada. “Es nuestro deber salvaguardar y proteger una bellísima creación de la naturaleza ubicada en el Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad”, explicó el mandatario. A la fecha de cierre de este Informe aún se espera la formalización de la anulación de dicha concesión minera. Sin embargo, cabe indicar que la misma empresa tiene dos concesiones adicionales a menos de dos kilómetros de distancia de la montaña mencionada.
Fuente : Flickr-junaidrao