Informe extraído del 22° Reporte del OCM
En lo que va del año, Piura ha recibido alrededor de US$ 4 millones de inversión en minería y en la cartera de proyectos siguen figurando los expedientes Río Blanco, ampliación de Bayóvar y Fosfatos del Pacífico que en conjunto suman una inversión comprometida de US$ 3850 millones. Las concesiones mineras en Piura ocupan 820 832 hectáreas, que representan el 22.9% de la superficie total de la región (ligeramente superior a lo registrado a finales del 2017). La mayor concentración de concesiones se ubica en las provincias de Sechura, Huancabamba, Ayabaca y Piura. En Piura se presentan alrededor del 6% de los conflictos a nivel nacional (11 conflictos en total), según la Defensoría del Pueblo, destacando los vinculados a diversas actividades de extracción minera.
Río Blanco
Durante este primer semestre del año 2018, la situación de conflictividad social en las provincias de Huancabamba y Ayabaca ha continuado en una situación activa en torno al intento de Río Blanco Cooper S.A. de reiniciar las actividades de exploración del proyecto minero. Han pasado once años de aquella trascendental consulta vecinal (2007) en que las comunidades expresaron su rechazo a la actividad minera en sus territorios, por el impacto social y ambiental que ésta generaría en el ecosistema de páramos andinos, cuencas y bosques de neblinas. Todo este tiempo, dichas comunidades han trabajado mucho para superar los actos violentos de represión y tortura sufridos (2005) por su rechazo al Proyecto Minero Río Blanco (Ex Majaz), y se han fortalecido efectuando una serie de acciones organizadas para dar muestras de que siguen firmes en su decisión. En diciembre de 2017, el Minem señaló que, encontrándose en una etapa de estudios complementarios e ingeniería de detalles y habiendo culminado la etapa de exploración, Río Blanco Copper S.A. podría iniciar operaciones en 2022. Ante tal anuncio, las comunidades advirtieron que iniciarían movilizaciones para hacerse escuchar. En efecto, el 7 de mayo de 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Piura, una marcha pacífica para mostrar, una vez más, al gobierno central y al sector minero, su negativa al proyecto minero Río Blanco y exigir que se reconozcan los resultados de la consulta vecinal realizada en el año 2007. En este acto de protesta participaron unos 10 mil ronderos de la provincia, según estimó Rubén Jiménez Carrión, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca – sede Hualcuy, quienes cuentan con el respaldo de la Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas de Piura (FRRCCP) y las juntas de usuarios del Chira, San Lorenzo, Alto, Medio y Bajo Piura y Sechura.
Clausura de oficinas
Una de las primeras acciones que realizó la empresa Río Blanco Copper S.A. a mediados del año 2017 fue la reapertura de sus oficinas administrativas en la ciudad de Huancabamba, lo cual fue tomado por las comunidades como un acto de provocación y desconocimiento de parte de la empresa ante la decisión expresada en la Consulta Vecinal del 16 de agosto de 2007. En ella la población de Huancabamba y Ayabaca en un 97% rechazaron la actividad minera en sus provincias y decidieron un desarrollo social y económico en base a la agricultura, a la ganadería, al turismo ecológico, etc. Es así que la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas en Huancabamba y las Rondas Provinciales de Huancabamba, denunciaron públicamente el funcionamiento ilegal de dicha oficina administrativa. Es así como iniciado un proceso de fiscalización y luego un proceso sancionador, la Municipalidad de Huancabamba, al encontrar vicios de ilegalidad en el funcionamiento de la oficina, mediante Resolución de Administración No. 024-2017-MPH-GA, de fecha 11 de setiembre de 2017, resolvió que la empresa Río Blanco había cometido diversas infracciones a la ordenanza municipal No. 014-2016-MPH/CM que regula la concesión y utilización de las licencias de funcionamiento en dicha provincia y decidió sancionar a la empresa Río Blanco Cooper S.A. con una multa y con el cierre definitivo de sus oficinas administrativas. Ante ello, Río Blanco Cooper S.A. interpuso una demanda de amparo por violación al debido proceso administrativo, la misma que fue declarada improcedente en primera instancia por el Primer Juzgado Mixto de Huancabamba, el 19 de octubre de 2017 (Expediente No. 083-2017). Sin embargo, esta sentencia fue apelada por la empresa y la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura resolvió anularla y ordenar que el juzgado de origen dicte una nueva sentencia. En cumplimiento de lo ordenado por la Sala Civil, el Primer Juzgado Mixto de Huancabamba emitió sentencia el 27 de abril de 2018, declarando infundada la demanda y señalando que no hubo violación al debido proceso ya que la Municipalidad Provincial de Huancabamba, al comprobar que la empresa no contaba con el certificado de inspección técnica y en uso de sus atribuciones legales, la sancionó con el cierre definitivo de la oficina en cuestión. Entre la ejecución de cierre definitivo y la sentencia expedida por el Primer Juzgado Mixto de Huancabamba, las comunidades campesinas, las rondas campesinas y otras organizaciones sociales apoyaron la decisión de la Municipalidad Provincial de Huancabamba y saludaron la decisión judicial de declarar improcedente la demanda de amparo presentada por la empresa.
Fuente : Fedepaz Org
Criminalización de la protesta
Como se recuerda, con fecha 17 de enero de 2017 más de 18 ronderos, entre los que se encuentra el presidente y vice-presidente provincial de rondas de Huancabamba, fueron denunciados por el delito de tortura y secuestro ante la Primera Fiscalía Supraprovincial de Huancabamba. Dicha investigación fue derivada a la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Lima por ser la competente en la investigación de delitos contra la humanidad al incluirse la tortura como delito denunciado. Al respecto, en marzo de este año, dicha fiscalía decidió archivar la investigación por tortura señalando que en reiterada jurisprudencia se ha precisado que los ronderos no son funcionarios públicos y como tal no pueden ser autores de tortura, salvo que en sus actos hayan contado con la aquiescencia de algún funcionario público que en dicha investigación tampoco era el caso. La investigación ha sido devuelta a Huancabamba para que la fiscalía provincial continúe con la investigación por lesiones y secuestro. Por su parte, en agosto del 2017 se abrió investigación contra 15 ronderos de Huancabamba por supuesto delito contra los símbolos patrios y por supuesto delito de usurpación, durante los actos de protesta del 13 de julio de 2017. Después de la investigación correspondiente en abril de este año la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba decidió archivar dicha investigación. Asimismo, se encuentran en trámite dos procesos judiciales ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba: uno de ellos por los hechos de tortura en agravio de 28 campesinos en agosto de 2005 y otro proceso, por asesinato en agravio de 2 campesinos e intento de asesinato en agravio de otros 5 campesinos ocurrido en diciembre de 2009. En el proceso por tortura y secuestro la fiscalía ha formulado acusación contra 2 generales, 4 coroneles y 14 suboficiales de la policía, solicitando se impongan condenas de entre 10 y 25 años de pena privativa de la libertad (Expediente No. 030-2010). Ante ello, la defensa de las víctimas solicitó incorporar como Tercero Civil Responsable al Estado Peruano, sin embargo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba decidió, en mayo del año pasado declarar improcedente dicha solicitud. La defensa de las víctimas apeló y la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia, en marzo de este año decidió declarar fundada la apelación e incorporar al estado como Tercero Civil Responsable en este proceso por tortura. En el proceso por asesinato de 2 campesinos y tentativa de asesinato de otros 5 campesinos la fiscalía ha formulado acusación contra 3 sub oficiales de la policía, solicitando se les condene a 25 años de pena privativa de la libertad (Expediente 007-2011). Se encuentra pendiente señalar fecha de Audiencia de Control de Acusación. Asimismo, en el Juzgado Unipersonal de Ayabaca (Expediente No. 024-2014) se sigue proceso penal a 15 ronderos de la Comunidad de Yanta, por supuesto delito de usurpación y lesiones graves, cuando en realidad lo único que hicieron es hacer valer el derecho de propiedad y posesión de su comunidad frente a terceros que pretendían apropiarse indebidamente de parte de ellas. El proceso seguido a los comuneros se encuentra en etapa de inicio de juicio oral desde el año pasado y se ha solicitado sanciones de entre 10 y 20 años de pena privativa de la libertad contra ellos por parte de la Fiscalía.
Miski Mayo
Otro de los conflictos de mayor actividad en la región ha sido el de Miski Mayo, proyecto de explotación de fosfatos en Bayóvar a cargo de la empresa de origen brasilero. El proyecto ha sido denunciado por presuntos impactos ambientales, lo que motivó una aguda protesta en enero. Incluso la entonces ministra del Ambiente, Elsa Galarza, llegó a declarar que “OEFA tomó muestras y ha visto que sí hay un problema de una falla en el sistema de fajas transportadoras, que está generando contaminación; y ha abierto un proceso sancionador contra la empresa”. Pese a ello, la propia ministra luego de desdijo señalando que habría que esperar los resultados finales del proceso sancionador para determinar si existe o no contaminación. El día 7 de febrero, la empresa se quedó sola en su intento por legitimar un “comité de monitoreo ambiental participativo” conformado sin la participación de la comunidad. En efecto, la mayoría de instituciones públicas y sociales no participaron de la reunión convocada por la empresa. Representantes de la Municipalidad Provincial de Sechura se hicieron presentes para entregar un oficio con el acuerdo de concejo -unánime- de no participar de dicha instancia en tanto la empresa no entregue información referente a la presunta contaminación ambiental enunciada por miembros de la comunidad campesina San Martín de Sechura. La empresa insiste en que no se ha producido contaminación ambiental a causa de sus operaciones.
