Foto: Observatorio de Conflictos Mineros
Una delegación de 30 dirigentes y autoridades de las comunidades de la cuenca alta y baja del río Llaucano llegó hoy a las instalaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en reclamo de que se realice la fiscalización del agua en Bambamarca, provincia de Hualgayoc. Pese a repetidas denuncias, hasta la fecha la ANA no se ha presentado en la localidad.
Los comuneros agrupados en el Comité de Fiscalización de la Cuenca del Alto y Bajo Llaucano, que involucra a la población de las provincias cajamarquinas de Hualgayoc, Chota y Celendín, y el alcalde de Bambamarca arribaron hoy desde esta mañana a la ciudad de Lima para reclamar la atención sobre una seria contaminación en la cabecera de la cuenca del río Llaucano.
Foto: Observatorio de Conflictos Mineros
La contaminación denunciada se habría originado por una nueva intervención de la minera Yanacocha sobre el sistema hídrico de Totoracocha, aprobada en setiembre de 2018 por la ANA. Desde entonces, las comunidades del valle del Llaucano denuncian que el agua no es apta para el consumo humano e instan a la autoridad para que verifique la contaminación. Este hecho habría sido reconocido inclusive por la empresa Yanacocha, que actualmente provee agua mineral embotellada para suplir la carencia generada.
Anteriormente las comunidades presentaron a la ANA 1500 firmas en un petitorio para que se realice la fiscalización correspondiente y se anule la Resolución N° 1167 que aprobó la intervención con maquinaria al sistema hídrico. Sin embargo, ante la negativa de los funcionarios locales de la ANA a visitar la zona, el comité de defensa se presentó en la ciudad de Cajamarca exigiendo la cita. Asimismo, la resolución que validó a Yanacocha luego de ser cuestionada, fue ratificada por otra resolución.
El día de hoy las comunidades afectadas hacen presente a la Autoridad Nacional del Agua la urgencia de sus reclamos y exigen la anulación de la Resolución N°1167, el retiro de la maquinaria en la zona del sistema hídrico y la sanción de los funcionarios implicados ante la situación crítica generada en la zona.
Foto: Observatorio de Conflictos Mineros
02 de diciembre de 2019
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