- Euler Jave, Gerente General de la Municipalidad de San Ignacio seguirá apoyando a la comunidad nativa awajun de Supayacu.
Mediante ejemplar sentencia, expedida hace unos días, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Jaén, condenó a dos años de pena privativa de la libertad y al pago de S/. 60,000.00 soles, por concepto de reparación civil, a Santos Anacleto Pasapera Portilla, Néxar Jaramillo Dávila y Jeston Vásquez Tocto, por el delito de difamación agravada en perjuicio del ciudadano Euler Bery Jave Díaz.
Jave Díaz, desde hace ya algunos años, Gerente General de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, se ha mostrado comprometido y ha brindado apoyo a todas las comunidades que se encuentran ubicadas en la antes citada provincia. Así por ejemplo, viene apoyando a la comunidad nativa awajun de Supayacu, ubicada en el distrito de Huarango, en sus actividades de defensa de su territorio y de su derecho a la consulta previa, frente a las autorizaciones de exploración minera que ha otorgado el Estado peruano dentro de sus territorios.
Sin embargo, los ahora condenados “comunicadores sociales”, a través de una radio de la provincia de San Ignacio, comenzaron a cuestionar y criticar la posición y el apoyo que Jave Díaz brindaba a los pueblos indígenas; se dijo que no permitía su desarrollo, que era un funcionario público antiminero y antisistema, se refirieron a él como asesino, corrupto y hasta terrorista, sin tener prueba alguna; con el único propósito de desprestigiarlo ante los ciudadanos de su provincia.
Jave Díaz les solicitó una rectificación, pero no lo hicieron; y por el contrario, continuaron con sus difamaciones, que desde luego, afectaron gravemente su honor. Asesorado por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, el agraviado hizo una denuncia penal, y luego de tres años de proceso judicial, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Jaén le dio la razón.
Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM, advierte que esta sentencia evidencia la existencia “comunicadores sociales” que se prestan para desarrollar campañas de demolición contra defensores de derechos humanos; con el único propósito de desprestigiarlos y deslegitimar sus acciones de defensa.
Al mismo tiempo, el OCM expresa su satisfacción por esta ejemplar sentencia, y espera que la misma sea confirmada por la segunda instancia, evitándose así la impunidad de este tipo de campañas de difamación, que mansilla las honras de tantos defensores de derechos humanos.
14 de octubre de 2014
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN