REGIÓN PASCO

Informe extraído del 22° Reporte del OCM

Pasco se encuentra entre las regiones con menores niveles de conflictividad, según la Defensoría del Pueblo se registran 5 conflictos a abril de este año, un 2.6% del total identificado por este organismo. De ellos, todos son socioambientales, 4 se encuentran activos y 1 se considera latente. Como se observa en el mapa, el 18.9% del territorio de la región Pasco se encuentra concesionado a la minería. Las concesiones se concentran en las provincias altas de la región, en particular en las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión, en tanto que la provincia de Oxapampa registra una franja específica concesionada entre el límite con Junín y muy cerca al parque nacional Yanachaga Chemillén. Siguiendo la tendencia nacional, las concesiones han tenido un ligero incremento con respecto al semestre anterior, recuperando los niveles del 2015. Esta región es actualmente la principal productora de plomo del país, con 119 720 TMF producidas en el primer trimestre del año, lo que significa una participación del 33.34% en la producción nacional y un ligero incremento de 1.91% respecto del mismo período del 2017. Se ubica en el tercer lugar entre las regiones productoras de zinc, con un 18.16% de participación. Además tiene una participación destacada en la producción de plata, con un 15.65% del total que la ubica en el cuarto lugar en lo que respecta a este mineral. También produce cobre y oro en menores proporciones. En cuanto a inversiones, Pasco representa en el primer trimestre del año el 3.25% del flujo de inversión minera, con una reducción de 3.71% respecto al mismo período del 2017.  Además, constituye el 0.7% de la cartera de inversión en proyectos de construcción a nivel nacional, con un proyecto por US$ 400 millones. Además tiene el 9% de la cartera de proyectos de exploración, con US$ 28.5 millones de inversión comprometidos en 3 proyectos.

El grito de Simón Bolívar

En junio del 2017, el distrito de Simón Bolívar (provincia de Cerro de Pasco) protagonizó una marcha de sacrificio hasta Lima. Autoridades locales y ciudadanos, incluyendo a padres y madres de niños que se encuentran contaminados con metales tóxicos, se encadenaron durante varios días en el frontis del Ministerio de Salud (Minsa) exigiendo una solución a esta grave crisis de salud ambiental ocasionada por los pasivos mineros que se encuentran en la zona desde hace décadas. Gracias a su medida de fuerza, lograron una serie de compromisos por parte de las autoridades, entre ellos la declaratoria de la emergencia sanitaria en la zona. Sin embargo, tras casi 1 año de espera las familias víctimas de contaminación no obtuvieron información sobre los resultados concretos de dicha medida. Por ello, una delegación de Simón Bolívar se trasladó nuevamente a Lima a fines de febrero de 2018 para exigir una reunión con el ministro de Salud. “En junio del año pasado logramos que se declare en emergencia sanitaria nuestro distrito de Simón Bolívar”, explicó el alcalde Zumel Trujillo. “Esa declaratoria concluyó el pasado 10 de enero, y nosotros hemos pedido con cartas que el Ministerio que nos convoquen a una reunión y nos digan cómo va el avance de esta emergencia sanitaria. Ante la falta de respuesta, hemos decidido autoconvocarnos”, explicó. Inicialmente, la situación se volvió muy tensa. Los ciudadanos fueron recibidos por funcionarios en el hall que está al ingreso del Ministerio. Ante ello, exigieron reunirse directamente con el entonces ministro Abel Salinas en un espacio adecuado, con condiciones mínimas para un diálogo. Ante la negativa de los funcionarios, las casi 80 personas improvisaron una protesta dentro del mismo local, entonando cánticos y consignas. “No nos vamos a mover de aquí hasta que venga el ministro a atendernos”, “vamos a salir muertos si no nos atienden”, gritaban los ciudadanos víctimas de contaminación. “¿Acaso quieren que mi hija muera? Necesitamos atención”, gritaba una madre de familia ante la presencia de Policías y personal de seguridad que llegó aparentemente para desalojarlos del local. Finalmente, los ciudadanos lograron reunirse con el Ministro de Salud, con quien firmaron un Acta con un conjunto de compromisos.

Fuente : La República

Entre los acuerdos, se incluye que el Minsa gestionará la atención médica inmediata a los afectados, incluyendo la atención en establecimientos médicos en el exterior, con recursos del Seguro Integral de Salud (SIS) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), si el caso lo amerita. Además, se compromete a gestionar convenios con las empresas mineras que operan en la zona para lograr la reubicación, compensación y reparación a las familias perjudicadas. Días después y como producto de esta lucha, se aprobó el Decreto Supremo 005-2018-SA que declara la emergencia sanitaria en doce distritos del departamento de Pasco, así como un Plan de Acción de la Emergencia Sanitaria. Los distritos declarados en emergencia son: en la provincia de Pasco, Simón Bolívar, Chaupimarca, Yanacancha, Ticlacayan, Tinyahuarco, Huayllay, Huachon, Yarusyacan y Pallanchacra; y en la Provincia Daniel Alcides Carrión, Yanahuanca, San Pedro de Pillao y Santa Ana de Tusi. El Decreto cita diversos informes oficiales que dan cuenta de la gravedad de la situación. Entre ellos, menciona el Informe N° 1595-2017 de la Dirección General de Salud Ambiental, que señala que en el monitoreo de la calidad de agua para consumo humano efectuado en 22 localidades de los distritos de Yanacancha, Simón Bolívar y Chaupimarca muestra presencia de arsénico, aluminio, hierro, manganeso y plomo por encima de los Límites Máximos Permisibles. El mismo informe indica que para el caso de los suelos “los parámetros de Plomo y Arsénico son excedidos en la totalidad de los puntos monitoreados de los distritos de Simón Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca”. En tanto el mercurio registra valores que exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo de uso residencial y parques. El decreto señala que existe “alto riesgo de presentación de daños a la salud” por la presencia de estos metales tóxicos. Además, la RM N° 168-2018-MINSA creó una Comisión Sectorial para elaborar y proponer la Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas, una demanda planteada en noviembre durante el Encuentro Nacional de Afectados por Metales Tóxicos.

Fuente : Diario Correo

Luego de estos acuerdos, ha continuado el proceso de diálogo entre el Estado y representantes de la población, y la atención médica a los afectados ha tenido continuidad. Sin embargo, otros asuntos tales como garantizar el acceso a agua potable o la construcción de una Clínica de Desintoxicación y Laboratorio Toxicológico en Pasco aún muestran escasos avances. En cuanto al cierre y remediación ambiental del depósito de desmonte denominado “Excélsior”, propiedad de la empresa Activos Mineros, que almacena unos 56 millones de toneladas de desmonte acumulados durante unos 61 años, este proceso se encuentra en curso y se estima que acabaría en octubre del 2019. Este depósito es considerado uno de los más grandes pasivos mineros del Perú, si bien es uno de los tantos pasivos ambientales que vienen afectando a la población de Cerro de Pasco. Como se recuerda, diversos informes han demostrado que más de 2000 niños presentan plomo, cadmio, mercurio y arsénico en sus cuerpos. Hay más de 40 niños identificados con enfermedades vinculadas a esta contaminación, especialmente diversos tipos de cáncer.

Otros conflictos

 Un nuevo conflicto estalló este semestre en Pasco a través de una serie de  protestas de la población de la comunidad campesina San Juan de Milpo contra de la empresa minera Nexa Resources Perú. El motivo era que la empresa no estaba cumpliendo con los acuerdos suscritos,  cambios de trabajadores de la empresa y temores de contaminación ambiental. La medida de fuerza tuvo lugar el 8 de marzo; al día siguiente, cuando un destacamento policial trató de desbloquear la vía tomada por los campesinos, se produjo un incidente que se encuentra en investigación por parte del Ministerio Público. Según prensa local, los comuneros habrían tratado de repeler el desalojo policial y los efectivos, al tratar de retirarse, habrían sufrido un desbarrancamiento, producto de lo cual siete policías resultaron heridos.Luego del incidente se ha instalado una mesa de diálogo en la cual se alcanzó un conjunto de acuerdos relacionados con la provisión de servicios (agua, desagüe y acceso a internet) y campañas médicas. La Defensoría del Pueblo y la Dirección Regional de Salud (Diresa) quedaron a cargo de coordinar acciones para responder a los temores de la población relacionados a una posible contaminación por plomo en la sangre de los niños y niñas de la localidad.Otra intensa protesta tuvo lugar en la comunidad campesina de Huayllay en contra de la unidad minera Huarón, a cargo de la empresa Pan American Silver. Durante casi un mes, más de 2 mil campesinos mantuvieron un plantón en los exteriores de la empresa, demandando el cumplimiento de compromisos suscritos el año 2007 y 2011 e indemnización por la contaminación que se habría ocasionado en los pastizales y ríos a consecuencia de los derrames del año 2016 y 2017; entre otras demandas. Finalmente, el 9 de mayo se acordó levantar la medida de protesta e instalar una mesa de trabajo cuyo primer tema de agenda es la indemnización por el desembalse de relave.

Fuente : Diario Correo

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