Piura, nuevamente se habla de Río Blanco
La región de Piura destaca en la producción de fosfatos (minería no metálica). El yacimiento de Bayobar (mina a cielo abierto de roca fosfórica), que se ubica en la provincia de Sechura, concentra la mayor producción nacional de fosfatos.
Durante este año la inversión minera en esta región bordea los US$ 10 millones, lo que representa apenas una participación del 0.4% del total invertido en el país. En la cartera de proyectos de inversión, figuran la ampliación de Bayobar (US$520 millones), Fosfatos del Pacífico (US$ 831 millones) y Río Blanco (proyecto de cobre por un valor de US$2,500 millones).
Las concesiones muestran una cierta recuperación: ocupan 864,442 hectáreas lo que representa el 24.1% del territorio regional. Las concesiones mineras se concentran en las provincias de Sechura, Ayabaca, Huancabamba y Piura.
Durante el año 2018, las Rondas Campesinas de la provincia Huancabamba han venido alertando sobre la insistencia de la empresa Río Blanco Copper S.A. de ingresar en sus territorios. En el mes de agosto, se supo de un nuevo intento de implementar un local en el distrito y provincia de Huancabamba: se confirmó con la Municipalidad Provincial de Huancabamba que no tenían ningún trámite de autorización o licencia en curso, con lo cual se estaría pretendiendo intervenir sin las debidas autorizaciones, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.
Hay que recordar que en abril del año 2016, la oficina de Río Blanco Copper S.A. fue clausurada por la propia Municipalidad Provincial de Huancabamba, por no contar con la licencia de funcionamiento ni la certificación técnica correspondiente[1]. Además, su presencia generaba un clima de tensión y era rechazada por la población.
En octubre de 2018, la empresa intentó una nueva solicitud de otorgamiento de licencia de funcionamiento de su oficina administrativa, pero, igualmente, al evidenciarse el incumplimiento de las normas de seguridad técnica de edificaciones, como los requisitos establecidos en el TUPA y la Ley que regula el otorgamiento de dichas licencias, se resolvió declarar improcedente dicha solicitud.
Este nuevo intento coincidió con un proceso de cambio de la junta directiva provincial de las Rondas Campesinas de Huancabamba. Sin embargo, tanto la junta directiva que culminó su gestión, como la que inició funciones, se reafirmaron en el compromiso por la defensa del territorio frente a proyectos extractivos como el que pretende desarrollar la empresa china
Esta posición por parte de las comunidades campesinas y de las rondas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), es pública y de larga data. Fue expresada hace 11 años, en un proceso de Consulta Vecinal en el que el 97% de la población rechazó la actividad minera en sus territorios y respaldó la actividad agrícola, ganadera y el turismo sostenible como propuestas de desarrollo productivo.
Este intento de imponer el proyecto minero genera impactos negativos en la población campesina de Piura. Desconfianza y divisionismo, son solo algunos de los efectos que producen las estrategias de Río Blanco Copper S.A. Como antecedente, en la zona se recuerda la muerte de 10 personas, de niños y niñas huérfanas, viudas y/o con discapacidad a raíz de la violencia y represión ejercida para su ingreso hace casi 10 años.
Una modalidad identificada para este ingreso subrepticio de la minería es por ejemplo la posible utilización de personas naturales y/o empresas más pequeñas que ostentan denuncios mineros y/o concesiones en la zona, pero que según algunas versiones estarían vinculadas a Río Blanco. Por ejemplo, en la concesión minera “Cerrito Chinguela”, que está a nombre del titular Pepe Grover Espejo Sandoval, se presentó un recurso para que se reconsidere el reconocimiento del Área de Conservación Privada Bosques Montanos y Páramos Chicuate – Chinguelas[2], por estar superpuesta con dicha concesión. Pobladores de la zona señalan que la empresa Río Blanco estaría detrás de este proceso. De las 20 concesiones mineras que figuran en el distrito de Carmen de la Frontera (Huancabamba), 17 están a nombre de Río Blanco Copper. Cabe resaltar que estas concesiones mineras comprometen un total aproximado de 15 mil 500 hectáreas.
Otra estrategia que viene perjudicando a las organizaciones campesinas y las organizaciones ronderas de Huancabamba y Ayabaca, es la captación in situ de líderes y dirigentes de mucha trayectoria, utilizando supuestas fundaciones y organismos no gubernamentales como el que se denomina GAVEL. Bajo la premisa del diálogo sobre alternativas de desarrollo y ofrecimientos de contacto directo con sectores del gobierno central para atender sus demandas de salud, educación, obras de infraestructura, etc., los trasladan hasta Piura o Lima, induciéndolos a infringir sus propias normas internas de representación comunal o de las propias rondas. En efecto, en ningún momento, los dirigentes comunales y/o ronderos son informados con transparencia de los objetivos ni del financiamiento de estas actividades. Esta situación genera desconfianza y mella la capacidad de influencia y cohesión de esta tradicional organización.
También es importante recordar que en el pasado mes de septiembre, el embajador de la República Popular China en Perú, Jia Guide, sostuvo una reunión con el gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck. En esta reunión, Guide destacó que el proyecto Río Blanco ya había invertido US$ 600 millones y señaló que estaba proyectado una inversión adicional de US$ 2,500 millones. Asimismo, con la intención de congraciarse con la población y las autoridades locales y de la región, ofreció apoyo del gobierno de China para la reconstrucción de Piura y el equipamiento informático en los colegios de dicha región.
Queda claro el interés de las autoridades chinas y de las peruanas por sacar adelante el proyecto, aun sabiendo del rechazo que se mantiene en las comunidades campesinas y ronderas del área de influencia. El tiempo transcurrido no ha cambiado la posición de la población de Ayabaca y Huancabamba y su decisión de no aceptar la actividad minera en sus territorios.
Finalmente, debemos resaltar que el proceso penal por delito de tortura y secuestro (agosto de 2005), en agravio de veintiocho miembros de las comunidades campesinas contra 12 miembros de la Policía Nacional del Perú, entraría a la audiencia de control de acusación. Al respecto, cabe resaltar que el expediente ha sido remitido a la ciudad de Lima para que se establezca una nueva competencia jurisdiccional.
Asimismo, el proceso seguido por asesinato de campesinos, se encuentra pendiente de que se resuelva una apelación interpuesta por la defensa de los policías acusados y luego se señale fecha de audiencia de control de acusación.
[1] Fedepaz. Nota de prensa: http://www.fedepaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=328:rioblanco-huancabamba-piura&catid=29&Itemid=146
[2] http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/RM-N%C2%B0-138-2016-MINAM.pdf
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