El día domingo ocho de abril, con la asistencia de cerca de mil comuneros de cinco comunidades campesinas de la provincia de Espinar, en la región Cusco, se reunieron en una gran asamblea intercomunal para proponer una mesa de diálogo al gobierno central y abordar la problemática socioambiental de la zona y las preocupaciones que tienen frente al proyecto minero Coroccohuayco.
Imagen: Vidal Merma
Los representantes de cinco comunidades de Huancané bajo, Huancané alto, Pacopata, Coroccohuayco, Huisa- sector Huilcarami, y Tintaya- Marquiri fueron las que estuvieron presentes en esta asamblea que ha concitado una presencia masiva de comuneros que no se había visto en los años recientes.
La asamblea se desarrolló en la plaza de armas del centro poblado de Tintaya- Marquiri, y tuvo como sus principales acuerdos los de proponer el diálogo antes de adoptar cualquier medida de lucha. La asamblea culminó en una movilización pacífica que recorrió las principales calles del centro poblado y luego se dirigió hacia la garita de la empresa minera.
Entre los acuerdos destacan en primer lugar la exigencia de parte de las comunidades de que se realice un proceso de consulta previa frente al proyecto minero ampliación Coroccohuayco.
Asimismo la solicitud de una mesa de diálogo que cuente con la presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra y el presidente del Concejo de Ministros, Salvador del Solar.
Seguidamente se aprobó gestionar la instalación de una mesa de diálogo con los propietarios y los altos funcionarios de la empresa Glencore- Antapaccay. Esto debido a que las comunidades rechazan dialogar con funcionarios de tercer nivel que consideran hasta ahora los “han mecido”.
Finalmente el cuarto acuerdo fue la conformación de un Comité permanente para el seguimiento de las comunidades originarias afectadas por las actividades mineras de Espinar. Este comité tendrá una presidencia colegiada con representantes de las 5 comunidades asistentes. Esta mesa tiene como fin el gestionar la constitución de las 2 mesas de diálogo, tanto con el gobierno como con la empresa minera.
Imagen: Vidal Merma
Las delegaciones comunales le dieron un plazo de 15 días al mencionado Comité permanente para que realice las gestiones y obtengan las respuestas tanto del gobierno como de la empresa minera, de lo contrario estarían evaluando algunas medidas de lucha indefinidas. Asimismo se proponen dialogar con las otras comunidades campesinas afectadas por las actividad minera para que sumen a la coordinación en defensa del medio ambiente y de los derechos de las comunidades.
10 de abril de 2019
Visitas: 0