Ante la apelación interpuesta por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura y la defensa legal de los familiares de las dos víctimas asesinadas y de las cinco víctimas que quedaron heridas en un conflicto social del año 2009, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura en el expediente No. 0015-2018, resolvió declarar fundada dicha apelación y dispuso que se acumulen los dos expedientes.
Como se recordará el 2 de diciembre de 2009, aproximadamente 35 efectivos policiales fuertemente armados, utilizando vehículos de la policía y de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (titular del proyecto minero Río Blanco) ingresaron arbitrariamente a las tierras de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas y dispararon contra una decena de campesinos que estaban protestando por ese ingreso arbitrario.
Imagen: Red Muqui
Como consecuencia de esta actuación de la policía, dos campesinos fueron asesinados con disparos de armas de fuego por la espalda, Vicente Romero Ramírez y Castulo Correa Huayama; además, se salvaron de ser asesinados otros cinco campesinos: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Togas Togas y José María Ramírez, quienes quedaron gravemente heridos, incluso, a uno de ellos se le tuvo que amputar una de sus extremidades para salvarlo.
Ante la denuncia de estos graves hechos, efectuada por la defensa legal de las víctimas constituida por los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, la fiscalía decidió formalizar investigación preparatoria y formuló acusación por asesinato y tentativa de asesinato contra los efectivos policiales autores de estos crímenes, solicitando condenas de hasta 25 años de pena privativa de libertad contra dichos efectivos policiales.
El caso es que al existir abiertas dos investigaciones y formularse dos acusaciones por los mismos hechos, con las mismas víctimas aunque con efectivos policiales distintos, pero que habían participado en los mismos hechos objeto de investigación; tanto la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabamba, como FEDEPAZ, solicitaron al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria la acumulación de ambos expedientes seguido ante el mismo, con el fundamento de que tenían conexión y por lo cual de acuerdo a la norma procesal, debía de acumularse necesariamente.
Sin embargo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, en contra del mandato de ley, resolvió declarar improcedente dicha solicitud de acumulación de los dos procesos penales, resolución que fue apelada por la fiscalía y la defensa legal de las víctimas, siendo declarado fundado el recurso de apelación por la segunda y última instancia, por lo cual se dispuso la acumulación de los dos procesos antes citados.
Al respecto, el Observatorio de conflictos mineros considera que la acumulación procesal constituye un paso firme para que se haga justicia a las víctimas y sus familiares y se las repare de forma integral. Además, exige al Estado Peruano que cese su política de criminalización de la protesta social y que, por el contrario, establezca una política pública y un sistema normativo que garantice el derecho y el respeto de los derechos humanos en nuestro país, especialmente de los pueblos indígenas.
21 de junio de 2019
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