Poder Judicial de Arequipa concedió apelación de sentencia a dirigentes del Valle de Tambo

El Primer Colegiado Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, concedió el recurso de apelación a los tres dirigentes del Valle de Tambo, Jesús  Mariano Cornejo Reynoso, Pepe Julio Gutiérrez Zeballos y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, que fueron condenados el 7 de enero a penas efectivas por diversos delitos que les atribuyen durante las protestas contra el proyecto minero Tía María en el año 2015.

Imagen: El pueblo

Mediante un comunicado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitido hoy, se señala que la Primera Sala Penal de Apelaciones, revisará estos recursos en segunda instancia en fecha que se fijará en los siguientes días.

Fue concedida la apelación de sentencia presentada por Jesús Mariano Cornejo, sentenciado a 7 años y 4 meses de pena efectiva y de Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, condenado a 12 años y 4 meses por los delitos de motín, disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos.

El colegiado penal de primera instancia, concedió también la  apelación presentada por el Ministerio Público en el extremo de la absolución a Jesús Gómez Urquizo por el delito de extorsión en grado de tentativa y al acusado Jorge del Capio Lazo por el delito de disturbios. Asimismo, por los acusados Juan Miguel Meza Igme, Hilario Julio Cornejo Reynoso, Juan José Colquehuanca Chaiña, Richard Hitler Ale Cruz, Martín César Agusto Juárez Bernedo, Esteban Nicomedes Pareja Prado, Luis Alberto Justo Laredo y José Miguel Ramos Carrera por los delitos de disturbios, en concurso ideal con el delito de entorpecimiento de los servicios públicos. El mismo derecho fue concedido a la Procuraduría Especializada en Asuntos Públicos.

Cabe recordar que la sentencia ha generado una profunda preocupación en las organizaciones sociales del Valle de Tambo, que consideran que esta sentencia es una manera de intimidar la legítima protesta social ante la imposición del proyecto minero de la empresa Southern Perú. Los delitos que se atribuyen a los dirigentes, como motín, extorsión o asociación ilícita para delinquir, son parte de la criminalización de la protesta social según lo sostienen diversos especialistas, como el abogado David Velazco de Fedepaz.

03 de marzo de 2021