Después de casi cinco horas de exposición de sus demandas ante la Premier Mirtha Vásquez, las comunidades de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso (Grau) de la región de Apurímac, decidieron levantar el paro indefinido que iniciaron el 18 de octubre en contra de la empresa minera Las Bambas, y que mantenían bloqueadas las vías del corredor minero del sur. Esta última situación no permitía el paso de las unidades pesadas desde la minera MMG Las Bambas, generando perjuicios económicos.
La reunión se desarrolló en el centro poblado de Pisaccasa, distrito de Mara. La presencia de la premier era una exigencia de las comunidades desde antes de iniciar las protestas. Este espacio de diálogo convocó a líderes, dirigentes y autoridades de Cotabambas y Grau, y también estuvieron presentes representantes de algunas carteras como del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ministerio de Energía y Minas además de los viceministerios de Transportes y de Economía.
Entre los principales acuerdos que se tomaron entre las partes, fue garantizar la visita del presidente de la República, Pedro Castillo a la zona. Asimismo, y se convocará al gerente de la empresa minera MMG Las Bambas para la próxima reunión que se desarrollaría el martes 09 de noviembre.
Otros Acuerdos
Un compromiso postergado por el Estado está vinculado al canon minero, por ello La premier se comprometió con las comunidades a iniciar el trabajo en conjunto para que desde la SUNAT y el MEF se empiece a transferir los fondos. Por su parte, el Viceministro de Economía, Alex Alonso Contreras Miranda, aseguró que el canon se pagaría desde enero de 2022.
Para enero del 2022, también empezaría la construcción del Hospital de Tambobamba, la misma que estará a cargo del Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS.
Por otro lado, la Premier se comprometió a emitir, en el corto plazo, una Resolución Suprema para relanzar la mesa de diálogo que incluya las mesas de trabajo de acuerdo a las exigencias de las comunidades. De la misma forma se avanzará un propuesta de cronograma de trabajo para los siguientes meses.
(2/3) Acordamos continuar diálogo, reactivando comisión multisectorial de Cotabambas y de Progreso, asegurar el canon minero desde enero de 2022,los recursos necesarios para proyecto Hospital de Tambobamba, así como para varios proyectos de agua y saneamiento y caminos vecinales. pic.twitter.com/y5l5Y9B11u
— Mirtha Vásquez (@MirtyVas) October 27, 2021
Principales demandas
Las principales demandas de las comunidades son: indemnización de las víctimas del conflicto del 2015, una negociación justa por los predios y edificaciones que han sido afectadas por la construcción y la ampliación de la vía para el transporte minero.
Asimismo, exigen el asfaltado definitivo del corredor minero, pues denuncian que, hasta la fecha, continúan las afectaciones ambientales por el polvo que generan los más de 500 vehículos que transitan al día, transportando concentrado de minerales, insumos y otros residuos. Al respecto, también solicitan una auditoría internacional del EIA para determinar posibles impactos a las personas por los metales pesados y sus respectivas atenciones.
También exigen la firma de un convenio marco entre la empresa y la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso, que permita promover proyectos estratégicos de desarrollo. En ese sentido, también incluyen en su pliego de reclamos la transparencia en la información en cuanto al inicio de pago de Canon minero. Además, demandan mayores oportunidades de trabajo, contratación de servicios de empresas locales, reevaluación de las áreas de influencia directas, ya que sin mayor información, varias comunidades y distritos han sido retirados.
Otro punto importante en sus demandas, es el cumplimiento del DS N° 005-2016-PCM, en el que se declara de interés nacional el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho. Además, se demanda la creación de una autoridad autónoma que tenga como funciones la planificación, organización y la fiscalización de los proyectos que se ejecutarán en la provincia. Respecto al Anexo K, que fue parte del proceso del contrato de opción el 2004, se exige una auditoría para ver su cumplimiento.
También se exige un decreto que permita regular el uso de estados de emergencia. Además se exige anular los convenios entre la empresa minera y la PNP, que en los últimos años ha provocado que existan heridos y fallecidos por impactos de bala en los conflictos sociales.
27 de octubre de 2021
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