EL 23 y 24 de marzo, 18 comunidades campesinas del distrito de Juli en Puno realizaron un paro preventivo en contra del Tribunal Constitucional, por haber emitido un fallo desestimando la acción de amparo que pedía la nulidad de dos concesiones mineras que fueron otorgadas sin cumplir con el proceso de consulta previa.
Como se recuerda, el 20 de enero último los magistrados José Luis Sardón, Ernesto Blume, Manuel Miranda y Augusto Ferrero votaron a favor de declarar infundada una demanda presentada por las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará. Esta demanda buscaba que se anulen las 2 mil hectáreas de concesiones mineras que la compañía Cemento Sur S.A del Grupo Gloria transfirió a la empresa Kuskalla Mining Company en el 2016.
Cabe mencionar que las comunidades denunciaron que el Instituto Minero Metalúrgico (Ingemmet) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) no aplicaron el mecanismo de la consulta previa en el proceso de concesiones.
Las comunidades dieron una tregua de 15 días para que el gobierno y el Tribunal Constitucional resuelvan sus demandas, de lo contrario agudizarán sus protestas en el sur del Perú.
Acciones desde el Congreso
Desde el Poder Legislativo, la congresista Margot Palacios presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, una denuncia contra los magistrados del TC Ernesto Blume, Augusto Ferrero, José Luis Sardón y Manuel Miranda, por haber infringido los artículos 1 y 2 de la Constitución y haber incurrido en el presunto delito de prevaricato.
Palacios también denunció que los magistrados desconocieron el Convenio 169 de la OIT, que cuenta con rango constitucional en nuestro país.
Respuesta del Ejecutivo
Durante su visita al distrito de Plateria (Puno) el 24 de marzo el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que niega la consulta previa, será analizada en la sesión descentralizada de Consejo de Ministros que se desarrollará en la región Puno.
Castillo informó que dicha sesión descentralizada se realizará el 8 de abril, donde estas y otras demandas serán atendidas por las autoridades del poder ejecutivo.
Denuncia ante la ONU
Por su parte las instituciones que trabajan en el sur andino, como Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, enviaron una carta al relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Francisco Calí Tzay, informando sobre el fallo del TC .
“Las sentencias descritas en esta comunicación muestran una tendencia de tres magistrados del TC, que hoy conforman la mayoría, de desconocer las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos y de pueblos indígenas”, dice la carta enviada al relator de la ONU Calí Tzay.
“Las sentencias descritas podrían ser usadas para desconocer la validez del Convenio 169 de la OIT y la interpretación dada al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, poniendo en mayor vulnerabilidad a los pueblos indígenas del Perú”, señala el escrito.
29 de marzo de 2022
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