El gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia en la provincia de San Román, departamento de Puno, por un período de 30 días calendario mediante el Decreto supremo Nº 067-2024-PCM, publicado el 5 de julio de 2024. Esta medida se da ante el anuncio de distintos gremios que convocan a movilizaciones sociales para los últimos días del mes de julio.
La medida del estado de emergencia solo se justifica por una presunta amenaza al orden interno y un aumento previsto en la comisión de delitos contra la vida, la libertad y el patrimonio. Según indica el documento publicado en el diario oficial El Peruano: se informa sobre la grave amenaza al orden interno en la provincia de San Román del departamento de Puno, por el previsible aumento de la comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la libertad y el patrimonio, tales como homicidios, lesiones, violaciones, asalto y robo a mano armada.
Durante el estado de emergencia, se restringen ciertos derechos constitucionales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, actuando conforme al Decreto Legislativo Nº 1186, que regula el uso de la fuerza policial.
Recordemos que dirigentes sociales de Puno han convocado a una movilización los días 25 y 26; y se han sumado a un paro nacional los días 27, 28 y 29 de julio. Los convocantes, que se identifican como familiares de víctimas de las protestas del 2022-2023, exigen respeto a los derechos humanos y justicia para los fallecidos y heridos durante dichas manifestaciones.
La plataforma de lucha presentada por estos grupos incluye demandas como el respeto al derecho a la protesta, la libertad de expresión, justicia para las víctimas de la represión estatal, respeto a instituciones como el Ministerio público y la Junta nacional de justicia, y sanciones para los responsables de las muertes ocurridas durante las protestas.
Los manifestantes hacen un llamado a diversos sectores de la sociedad peruana, incluyendo a los pueblos originarios, estudiantes, profesionales y gremios, para unirse a su causa. Denuncian lo que consideran políticas represivas del gobierno y exigen cambios profundos en la estructura política del país, incluyendo el cierre del Congreso.
Esta situación refleja una tensión entre las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Dina Boluarte y las demandas de justicia y respeto a los derechos humanos por parte de sectores de la sociedad civil en Puno y otras regiones del Perú.
10 de julio de 2024
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