El Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas, en Apurímac, ha condenado a 11 dirigentes de las comunidades campesinas de las provincias de Cotabambas y Grau, acusados de delitos de daños agravados, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. La sentencia, relacionada con el Expediente No. 41-2016, dictó penas privativas de libertad que van desde los 8 hasta los 9 años, además de una reparación civil de 50 mil soles en favor del Estado y 88 mil dólares en favor de la empresa minera, esto de “manera solidaria”. Los efectos de la sentencia estarán suspendidos hasta su confirmación o apelación.
Entre los sentenciados a pena privativa de la libertad, se encuentren Virginia Pinares ochoa (8 años y 10 meses) conocida defensora Ambiental, quien fue presidenta del Comité de Lucha Interprovincial de Cotabambas- Grau (por las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental de MMG Las Bambas) conocida defensora ambiental y Premio Nacional de Derechos Humanos en el año 2022, Rodolfo Abarca Quispe (9 años) ex presidente del Frente de Defensa de la Provincia de Cotabambas, Ronal Andres Vello Abarca (9 años) ex presidente del Frente de Defensa del Distrito de Tambobamba, Juan Pablo Conislla Gallegos (8 años con 8 meses) ex presidente de la Federacion de Comunidades Campesinas del Distrito de Challhuacho, Jacinto Limalucas (8 años con 8 meses) ex dirigente de Frente de defensa del distrito de Challhuahuacho, Alem Torres Garces (9 años) profesional técnico indignado por las modificatorias del EIA, Maximiliano Huachaca Mamani (8 años con 11 meses) fue integrante de la Federracion Interprovincial de Defensa del Territorio y del Ambiente de las provincias de Espinar Chumbivilcas, Cotabambas y Grau, Walter Moreano Andrade (8 años y 8 meses) quien fue dirigente de la comunidad de Record Cconccacca y actual alcalde del distrito de Progreso , Romualdo Ochoa (8 años con 8 meses), ex presidente de la Comunidad de Huancuire, Lisbeth Abarca Peña (9 años) presidenta del barrio de Huancayo- Tambobamba, Cosme Bolivar Escudero (8 años con 8 meses) quien fue presidente de la Comunidad Campesina de Chumille.
En contraste, con los 6 dirigentes que fueron absueltos en el mismo proceso judicial y procesados por los mismos delitos. Entre los absueltos están Jaime Osorio Aguilar, actual consejero regional de Apurímac, Lucio Dario Chauca Carrasco, Franklin Jhon Tejada Salas, Roberto Martinez Huamani, José Luis Portugal Hurtado y Orquidea Anaís Trelles.
El caso se remonta a septiembre de 2015, cuando representantes de distintos frentes de defensa de la provincia de Cotabambas iniciaron manifestaciones en contra de la modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto Las Bambas, específicamente el cambio del mineroducto por el uso de vías terrestres para el traslado del mineral. Las comunidades campesinas de la región Apurímac, afectadas por el proyecto minero Las Bambas, protestaron en defensa de sus derechos fundamentales y la protección de su territorio.
Las manifestaciones fueron reprimidas brutalmente por la policía, dejando un saldo trágico de tres personas fallecidas por impacto de bala: Exaltación Huamaní Mío, Beto Chahuallo Huillca y Alberto Cárdenas Challco. Posteriormente, el gobierno y la empresa denunciaron a los manifestantes por delitos de daños agravados, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.
Durante la audiencia de lectura de adelanto de sentencia, el tribunal basó su condena en pruebas indirectas, sin detallar suficientemente la responsabilidad de los acusados como autores mediatos de los delitos imputados. Esta decisión ha sido cuestionada debido a la falta de una explicación clara sobre la autoría mediata, a pesar de que la acusación fiscal se centraba en este punto. La contradicción en la sentencia se evidencia con la absolución de 6 dirigentes que estaban bajo las mismas condiciones de acusación que los condenados.
Este caso ha sido emblemático en la lucha de las comunidades campesinas de Cotabambas y Grau por sus derechos frente a las actividades mineras y la respuesta represiva del Estado y las empresas involucradas. La sentencia ha generado un amplio debate sobre la criminalización de la protesta social y la defensa de los derechos colectivos e individuales en Perú.
26 de julio de 2024
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