Diversos sectores de la sociedad civil de la provincia de Cotabambas expresaron su rechazo a los acuerdos de la firma del “Convenio Marco” con la minera Las Bambas, realizado el pasado 18 de julio en Tambobamba.
Como se recuerda, el acuerdo contempla una financiación voluntaria de proyectos sociales por parte de Las Bambas por un total de S/ 50 millones, que podrá ser renovable, distribuidos a lo largo de cinco años y un financiamiento excepcional, por única vez, por la suma de S/ 21.96 millones para el desarrollo sostenible de la región, efectivo en 2024.
Sin embargo, según han señalado organizaciones locales en comunicados difundidos en medios locales, los acuerdos de este convenio no han sido socializados adecuadamente con la población y podría afectar su derecho a la protesta, así como el cumplimiento de los acuerdos previos con la minera y el Estado peruano.
Uno de los principales cuestionamientos es que los términos del convenio no reflejan los compromisos asumidos en los espacios de diálogo anteriores, lo que ha generado desconfianza en la población. Además, la administración de los recursos generados por el convenio no ha sido claramente explicada, y existe preocupación por cómo se implementarán los proyectos derivados del mismo.
En respuesta a estos hechos, líderes y dirigentes provinciales han convocado un cabildo abierto para el próximo 20 de octubre. Esta reunión se llevará a cabo en la capital provincial, Tambobamba, donde se debatirá la renegociación de los acuerdos del convenio y la elección de un nuevo frente de defensa provincial, que será elegido mediante un proceso democrático.
Otro punto crítico es la falta de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre la inversión de los recursos. Los dirigentes han propuesto que Las Bambas y la población de Cotabambas sean los únicos responsables de decidir el destino de los fondos, mientras que los gobiernos locales deberían limitarse a la ejecución de los proyectos.
“No debemos olvidar que aún están pendientes: la auditoría al contrato minero del cumplimiento del anexo K, convenios con comunidades y distritos, mesas de diálogo entre otros acuerdos que con la firma de este convenio de cooperación interinstitucional se dé todo por cumplido sin derecho a reclamo” declararon para un medio local.
Finalmente, los líderes reiteraron que aún están pendientes varios compromisos por parte del Estado y la minera, como la auditoría al contrato minero y el cumplimiento de acuerdos en temas de salud, educación y desarrollo.
15 de agosto 2024
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