Una delegación de la Comunidad Campesina de Huancuire, ubicada en la provincia de Cotabambas, Apurímac, se desplazó a Lima para denunciar las graves afectaciones ambientales derivadas del reinicio de operaciones de la minera Las Bambas en el tajo Chalcobamba, desde febrero de 2024. Los comuneros han señalado la destrucción de recursos hídricos fundamentales, en particular del manantial Timpupuquio, cuya agua es esencial para el consumo humano y actividades agrícolas y piscícolas.
Pérdida de un recurso vital: el manantial Timpupuquio
Desde la reactivación del tajo, el sector de Ccontahuire, donde se encuentra el manantial Timpupuquio, ha experimentado intervenciones civiles que los comuneros describen como «irregulares». Grimaldo Salas Cruz, presidente del comité de negociación de Huancuire, señaló: “Con el inicio del tajo se ha producido demasiado impacto y sigue habiendo. Esperamos que la empresa muestre voluntad de solución en la mesa de diálogo”. Salas aclaró que la comunidad no se opone a la minería, pero busca un diálogo que priorice tanto los derechos ambientales de la comunidad como los intereses económicos.
El abogado de la comunidad, Alexander Anglas, informó que el 25 y 26 de octubre se observaron obras civiles en el sector Ccontahuire, cerca del manantial, tras lo cual los comuneros notaron una coloración extraña del agua y la reducción del caudal, quedando finalmente sin acceso a este recurso vital. Como medida paliativa, la minera Las Bambas ha estado suministrando agua en camiones cisterna, pero esta no es apta para el consumo humano, afectando directamente la calidad de vida de los comuneros. Ezequiel Huillca Pinares, presidente de la comunidad, explicó: “No tenemos agua para nuestras actividades. La empresa ha traído agua en cisternas, pero no es potable. Este manantial es parte de nuestra vida diaria”. La comunidad cuenta con una licencia para usar el agua del manantial, lo que hace indispensable su preservación.
Protesta en Lima y demanda de intervención estatal
La ampliación del tajo Chalcobamba fue autorizada en 2022 mediante resolución directoral, sin haberse llevado a cabo un proceso de consulta previa con la comunidad de Huancuire, lo cual vulnera su derecho a ser consultados libre y previamente. Anglas explicó que el Estado justificó la omisión de consulta diciendo que la comunidad había «abandonado» el proceso por oponerse a que el Ministerio de Energía y Minas lo aprobara unilateralmente. Ante esta situación, la comunidad ha presentado una demanda de amparo para anular la autorización de actividades y las concesiones mineras, ya que considera que el proceso careció de buena fe.
Para visibilizar esta problemática y exigir una respuesta, la comunidad organizó un plantón el 6 de noviembre frente a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en Lima, convocando a medios y sociedad civil. Los comuneros exigieron la intervención de la ANA y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para detener las afectaciones y proteger su derecho al agua. La protesta también incluyó visitas al Congreso, donde buscaron que las autoridades reconozcan y atiendan sus demandas.
“Hemos venido pacíficamente, pero si no hay respuesta, esto puede derivar en un conflicto social”, advirtió Huillca. El abogado Alexander Anglas enfatizó la urgencia de atender a la comunidad: “El emplazamiento de los componentes mineros sobre los manantiales puede implicar la destrucción del manantial mismo. No pueden coexistir ambos”. La comunidad espera una solución efectiva y demanda la nulidad de las concesiones que amenazan el abastecimiento de agua y la sostenibilidad de su territorio.
08 de noviembre de 2024
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