El pasado 14 de noviembre fue aprobada la cuarta modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) del proyecto minero Las Bambas, por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).
La Resolución Directoral N° 00146-2024-SENACE-PE/DEAR, del 13 de noviembre de 2024, señala que esta modificación permitirá actualizar el plan de minado, incremento del procesamiento, cambios en accesos en el sistema de manejo de aguas y otras modificaciones, con el fin de optimizar procesos en la operación minera, así como nuevas medidas de manejo ambiental.
En relación a esta modificación, la empresa anuncia inversiones por US$ 1753 millones en la etapa de construcción y US$ 4893 millones para la etapa operativa. En el caso del yacimiento de Ferrobamba (actualmente en explotación), voceros de la propia empresa han señalado que se encuentra en la quinta etapa de exploración y se evalúa tres etapas adicionales que buscan ampliar la vida útil de la mina. Como se sabe, Las Bambas cuenta con tres yacimientos: Fuerabamba, Chalcobamba y Sulfobamba.
Cabe mencionar que la aprobación de esta cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental ha sido rechazada por la Federación de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas y Distrito de Progreso-Grau, quienes difundieron un comunicado al respecto, donde se expresan en estos términos: “exigimos que el Senace, se rectifique y convoque a un nuevo proceso de socialización de la cuarta MEIA presentada por la empresa Las Bambas”.
Además, la mencionada Federación cuestiona las modificaciones unilaterales que el Gobierno ha hecho al llamado “Espacio de diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso”, donde se eliminaron tres sub grupos de trabajo importantes que tenían temas pendientes: “rechazamos de manera categórica la publicación de la resolución ministerial N.300-2024-PCM que en términos simples ha eliminado 3 sub grupos de trabajo vitales para provincia de Cotabambas y Grau
Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, Apurímac es la cuarta región con el mayor número de conflictos (13%). Cabe precisar que 8 de los 13 casos reportados son de índole socioambiental, sobre todo vinculados a la presencia minera. Una expresión de esta situación de tensión social es el carácter casi permanente de los estados de emergencia en el denominado corredor vial del sur. Una medida que, por definición, debería ser excepcional, ya que implica la restricción de derechos, ha sido prolongada, en lo que va del año, hasta en siete ocasiones.
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