La política de concesiones mineras en el Perú ha generado una amplia gama de impactos que afectan tanto a las comunidades locales como a los ecosistemas. Según una investigación de CooperAcción, desde la década de 1990 se ha producido un proceso de acaparamiento de tierras sin precedentes. Empresas y personas naturales controlan concesiones mineras que luego son subarrendadas a terceros, generando disputas territoriales que en muchos casos derivan en conflictos sociales violentos.
En términos de extensión territorial, CooperAcción reporta que más del 50% del territorio de algunos departamentos está concesionado para actividades mineras. Aunque no todas las áreas concesionadas se convierten en minas activas, estas generan presión significativa sobre los propietarios de la superficie. Actualmente, más de 20 millones de hectáreas están ocupadas por derechos mineros en las zonas con mayor riqueza geológica del país.
Asimismo, la investigación señala que las concesiones se han extendido a zonas protegidas, lo que representa un desafío para la conservación ambiental. Entre los casos documentados figuran concesiones dentro del Santuario Nacional Tabacones Namballe, la Montaña de 7 Colores y el reservorio de Poechos, lo que evidencia una falta de planificación y priorización del desarrollo minero sobre la protección de áreas de alto valor ecológico.
Un aspecto adicional es el impacto sobre la pequeña minería y la minería artesanal. CooperAcción indica que la concentración de concesiones dificulta la creación de zonas destinadas a estas actividades. Según el informe, las asociaciones de pequeños mineros han denunciado que gran parte del territorio ya está concesionado, limitando su acceso y afectando directamente sus medios de vida.
La investigación también destaca que las concesiones mineras afectan áreas críticas de la Amazonía. Se identificaron 799 concesiones conflictivas que se superponen con más de 158 mil hectáreas, afectando al 89% de las comunidades nativas en estas zonas. Además, se detectó que 43 concesiones incluyen más del 60% de su superficie cubierta por cuerpos de agua, mientras que 39 coinciden con áreas naturales protegidas.
En este contexto, CooperAcción subraya la necesidad de revisar la política de concesiones mineras en el Perú para garantizar una gestión más equitativa de los recursos y mitigar los conflictos sociales y ambientales asociados.
Lee la investigación completa ➡ https://bit.ly/4gjMdPJ
20 de diciembre de 2024
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