Representantes de la comunidad originaria Tintaya Marquiri, ubicada en la provincia de Espinar, región Cusco, ofrecieron una conferencia de prensa en Lima para denunciar las graves afectaciones ambientales y sociales ocasionadas por la empresa minera Antapaccay de la transnacional Glencore.
Durante el evento, el presidente de la comunidad campesina, Julio Ccapa Ccamaqque, expresó su preocupación por la falta de consulta previa para la instalación de la planta de óxidos y la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), incumpliendo lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “La empresa Antapaccay nos ha mentido. No realizaron la consulta previa que exige la ley, y ahora pretenden operar una planta de óxidos que es altamente contaminante para nuestras chacras, ríos y puquios”, afirmó Ccapa.
Asimismo, el dirigente señaló que un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmó la contaminación ambiental generada por las operaciones mineras de Antapaccay, con la presencia de metales tóxicos que afectan los ríos, pastizales y aguas subterráneas de la provincia de Espinar. “Esta contaminación no puede quedar impune. Hemos denunciado los delitos ambientales ante la Fiscalía de la Nación el día 22 de enero del presente año y exigimos que la empresa pague por los daños y perjuicios ocasionados”, agregó.
Por su parte, Edith Cahuana Aparicio, presidenta del Comité de Autodefensa de la comunidad, rechazó las medidas implementadas por la empresa y las autoridades, clasificándolas de insuficientes. “Nos intentan apaciguar con promesas y un hospital paralizado, pero eso no es solución. Desde aquí rechazamos la planta de óxidos de la minera Antapaccay”, declaró.
La comunidad de Tintaya Marquiri, que ha convivido con la minería durante más de cuatro décadas, resaltó que la actividad extractiva no solo ha dejado contaminación, sino también una profunda deuda social. Denunciaron la falta de oportunidades laborales y empresariales para los comuneros, lo que perpetúa la desigualdad en la región.
Finalmente, los representantes hicieron un llamado a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y al Gobierno para que respeten los derechos de las comunidades originarias. Exigieron un nuevo proceso de consulta previa, así como la suspensión de las operaciones de la planta de óxidos hasta que se resuelvan las irregularidades.
Con documentos e informes en mano, la comunidad reafirmó su compromiso de continuar su lucha por la defensa del medio ambiente. Subrayaron que no cesarán hasta que se sancione a los responsables y se garantice justicia para la comunidad de Tintaya Marquiri de la provincia de Espinar, Cusco.
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