En medio de la crisis política, el Gobierno de Perú otorgó a Southern Perú Copper Corporation la autorización oficial para iniciar las actividades de explotación del proyecto cuprífero Tía María, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa.
La medida fue formalizada mediante una resolución emitida por la Dirección general de Minería del ministerio de Energía y Minas (Minem), que confirma el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y ambientales exigidos para este tipo de operaciones.
La autorización permite a la empresa, filial del Grupo México, comenzar la fase de explotación en los derechos mineros denominados Chanca 919, Malena I, Malena III, Tía María 18, Tía María 19, Tía María 2 y Tía María 8. Según la documentación oficial, la inversión estimada asciende a 1.800 millones de dólares, con una proyección de producción de 120.000 toneladas de cobre al año a partir de 2027.
El documento, difundido por el portal Ojo Público, establece que la empresa deberá cumplir con el Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería y con los compromisos asumidos en los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) que respaldan el proyecto, conforme al Decreto supremo N.º 024-2016-EM. Asimismo, se detalla que Southern Perú presentó la documentación requerida en el Reglamento de procedimientos mineros, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 020-2020-EM, y acreditó la propiedad de los terrenos superficiales donde se desarrollarán las operaciones.
El expediente del proyecto incluye la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en 2014 por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, y la conformidad del primer Informe técnico sustentatorio (ITS) emitida en 2021 por el Servicio nacional de certificación ambiental para las inversiones sostenibles (Senace).
En materia social, la resolución indica que no corresponde aplicar un proceso de consulta previa, bajo lo establecido en la Ley N.º 29785 y su reglamento, argumentando que en el área de influencia directa del proyecto no existen pueblos indígenas u originarios. Esta conclusión fue sustentada en el Informe N.º 1216-2025-MINEM-DGM/DGES, que sirvió como base para la decisión administrativa.
La supervisión y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones ambientales, laborales y de seguridad recaerá en diversas entidades estatales, entre ellas el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el Senace y la Sucamec.
La resolución fue firmada el 14 de octubre de 2025 a las 16:16 horas por el Director general de minería, Óscar Rodríguez Muñoz, poco antes de la juramentación del nuevo ministro de Energía y Minas, en reemplazo de Jorge Montero Cornejo, quien había anunciado su intención de “destrabar” el proyecto antes de dejar el cargo.
El proyecto Tía María ha sido objeto de debate y controversia durante más de una década debido a la oposición de sectores agrícolas del Valle de Tambo, quienes advierten posibles impactos ambientales sobre los recursos hídricos y las actividades agrícolas de la zona. A pesar de la promesa de utilizar agua desalinizada proveniente del mar, los pobladores y organizaciones locales mantienen su rechazo, señalando la persistencia de conflictos sociales y presuntas irregularidades en los permisos de uso de agua y saneamiento de terrenos.
Con esta decisión, el Ejecutivo impulsa uno de los proyectos mineros más controversiales del país, en un contexto de tensión política y desconfianza social, donde se anticipa la reacción de las organizaciones y autoridades locales frente a la reactivación de un proyecto paralizado desde 2011.
16/10/2025
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