En 2015, las comunidades quechuas de la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, denunciaron la modificación inconsulta y arbitraria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas, operado por MMG Las Bambas S.A., una de las mayores inversiones mineras del Perú. Según las comunidades, esta modificación vulneró su derecho a la consulta previa, libre e informada, además de otros derechos fundamentales como la vida, la salud, un ambiente sano y la protección de sus territorios.
Ante la falta de respuesta del Estado, las comunidades iniciaron protestas pacíficas para exigir diálogo y respeto a sus derechos colectivos. Sin embargo, tras registrarse algunos hechos de violencia aislados durante las movilizaciones, la empresa minera y la Fiscalía denunciaron penalmente a varios manifestantes, sin pruebas que acreditaran su participación en actos delictivos.
Como resultado, 19 defensores de derechos humanos y ambientales, todos integrantes del pueblo quechua, fueron procesados penalmente por los hechos ocurridos entre el 25 y el 29 de septiembre de 2015. Este proceso, que ya supera una década, es considerado una represalia directa contra quienes ejercieron su legítimo derecho a la protesta social y a la defensa de sus derechos fundamentales.
La Fiscalía solicita 15 años y 4 meses de pena privativa de la libertad para Edwar Brandon Quispe CCuno; 17 años de pena privativa de la libertad para Javier Mamani Coaquira y; 11 años de pena privativa de libertad para Vidal Ccoropuna Alejo, Asunto Huamaní Huamaní, Octavio Ccoropuna Pinares, Juan Lima Huamaní y Wilmer Cárdenas Quiroz, conforme se precisa en la acusación fiscal de fecha 15 de agosto de 2017. Cabe señalar, igualmente, que la investigación penal se inició por la denuncia de parte presentada por la empresa minera MMG Las Bambas S.A., además del pago solidario de S/ 20 000 al Estado. La empresa minera exigió, por su parte, una reparación civil de US$ 88 600 por el supuesto delito de daños agravados.
¿Qué pasó con los defensores en el 2015?
El 29 de septiembre de 2015, Edwar Brandon Quispe Ccuno (18 años) y Javier Mamani Coaquira (48 años) fueron detenidos por la Policía Nacional. Según su testimonio, ambos prestaban auxilio a personal médico que atendía a heridos cuando fueron arrestados injustamente. Junto a ellos también fueron detenidos Asunto Huamaní Huamaní, Vidal Ccorpuna Alejo, Octavio Ccorpuna Pinares, Juan Lima Huamaní y Wilmer Cárdenas Romero.
Ese mismo día, los siete fueron trasladados a Abancay, donde cuatro fueron liberados durante la madrugada. Quedaron detenidos Brandon Quispe, Javier Mamani y Asunto Huamaní, siendo este último liberado horas después, mientras que Edwar Quispe y Javier Mamani fueron trasladados al penal de Qenqoro (Cusco), donde permanecieron recluidos por seis meses.
Durante su detención, ambos denunciaron haber sido víctimas de tortura y obligados a firmar actas falsificadas, además de haber sido forzados por efectivos policiales a realizar disparos con armas para que las pericias de absorción atómica resultaran “positivas”.
El 28 de marzo de 2016, el Juzgado de Apurímac declaró fundado el pedido de cesación de prisión preventiva y dispuso su libertad. Sin embargo, tanto ellos como los demás comuneros continúan sometidos a un proceso penal sin fundamentos ni pruebas sólidas, en un caso que ya se prolonga por más de diez años.
Un proceso judicial prolongado e injusto
Pese a la falta de elementos de convicción, el Poder Judicial dispuso la apertura del juicio oral contra los 19 comuneros. La audiencia se inició el 20 de enero de 2020 y, tras doce sesiones, el 2 de marzo del mismo año se dictó sentencia absolutoria, notificada el 28 de octubre de 2020. Sin embargo, el Ministerio Público y la Procuraduría del Ministerio del Interior apelaron la decisión, y en julio de 2021, la Sala Penal de Apelaciones de Apurímac declaró nula la absolución, ordenando reiniciar la etapa de control de acusación.
Tras años de dilaciones y vulneraciones al debido proceso, el reinicio de la Audiencia de Control de Acusación ha sido programado para este 30 de octubre de 2025, a las 15:00 horas. Los siete defensores, integrantes de pueblos indígenas, continúan siendo sometidos a un proceso penal sin pruebas válidas ni fundamentos, lo que constituye un claro caso de criminalización de la defensa de derechos humanos y colectivos.
Sin justicia para las víctimas
El conflicto de Las Bambas dejó también tres víctimas mortales: Exaltación Huamaní Mío (32 años), Beto Chahuallo Huillca (36 años) y Alberto Cárdenas Challco (24 años). En los tres casos, los certificados de defunción consignando como causa de muerte heridas por proyectil de arma de fuego. Hasta la fecha, no existe justicia ni avances significativos en las investigaciones para las familias de los fallecidos.
Además, el 14 de octubre de 2016, Quintino Cereceda Huiza murió por un impacto de bala, en el marco de la respuesta policial al bloqueo de vehículos pesados en la carretera que une el proyecto minero Las Bambas con el poblado de Quehuira en Apurímac.
Diversas organizaciones de derechos humanos han llamado a las instituciones nacionales e internacionales a observar el desarrollo del proceso judicial y pronunciarse ante la grave situación que enfrentan los comuneros de Cotabambas, quienes llevan más de una década de persecución judicial por defender la vida, el ambiente y sus territorios.
29/10/2025
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