La Fiscalía provincial penal corporativa de la provincia de Islay, en Arequipa, resolvió archivar siete investigaciones penales abiertas contra pobladores del Valle del Tambo que participaron en las protestas pacíficas contra el proyecto minero Tía María, desarrolladas entre febrero y marzo de 2025. Las indagaciones formaban parte de más de 40 investigaciones iniciadas contra alrededor de 20 personas, entre agricultores, transportistas, maestros y otros residentes de la zona.
Las investigaciones archivadas – correspondientes a las carpetas fiscales N.° 324-2025, 328-2025, 360-2025, 363-2025, 378-2025 y 446-2025, posteriormente acumuladas a la carpeta N.° 327-2025 – se referían a presuntos hechos delictivos ocurridos entre el 24 de febrero y el 21 de marzo de 2025, en el contexto de la paralización indefinida iniciada el 18 de febrero de ese año en el Valle del Tambo.
De acuerdo con la Disposición N.° 03-2025-MP-DFA-FPPC-ISLAY, la propia Fiscalía determinó archivar los casos al no haber sido posible identificar a los presuntos responsables ni contar con testimonios u otros elementos probatorios que sustentan las imputaciones. En ese sentido, el Ministerio público concluyó que no existían condiciones para continuar con las investigaciones.
Cabe recordar que las protestas se desarrollaron a través de marchas, plantones y otras expresiones públicas de carácter pacífico, en rechazo al proyecto minero Tía María. No obstante, la Procuraduría pública de orden interno del ministerio del Interior denunció la supuesta comisión de delitos como disturbios y atentados contra los medios de transporte, lo que dio lugar a la apertura de investigaciones fiscales, incluso de oficio. Pese a que no existían indicaciones directas, las diligencias se dirigieron de manera reiterada contra los mismos pobladores, bajo la fórmula de investigar “a los que resulten responsables”.
David Velazco Rondón, abogado de los acusados, señaló que estas investigaciones se inscriben en una práctica sistemática de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y del ambiente. “Estas falsas imputaciones vulneran derechos fundamentales, como el derecho a la protesta pacífica, a la organización y a la exigencia de diálogo, reconocidos tanto en la Constitución Política del Perú como en los tratados internacionales de derechos humanos”, sostuvo.
El abogado agregó que el archivo de las investigaciones confirma el carácter arbitrario de las denuncias. “El propio Ministerio Público reconoce que no existen pruebas ni indicios de responsabilidad penal. Esto evidencia una decisión gubernamental orientada a criminalizar injustamente a quienes defienden el ambiente y su territorio”, afirmó Velazco.
El conflicto en torno al proyecto minero Tía María se arrastra desde hace más de una década y tiene como principal eje la oposición mayoritaria de la población agrícola del Valle del Tambo, que advierte riesgos graves para la cantidad y calidad del agua. Estudios técnicos realizados por especialistas independientes han advertido que el proyecto podría afectar de manera significativa la actividad agrícola, principal sustento económico de la zona.
Velazco Rondón cuestionó, finalmente, el rol del Estado en este proceso y alertó sobre una estrategia de amedrentamiento. “Se trata de un accionar que busca desalentar la protesta social mediante procesos penales infundados. Esto debe ser rechazado y condenado, porque es contrario a un Estado democrático, garantista y respetuoso de los derechos de todas y todos”, concluyó.
23/01/2026
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