El 25 de marzo en el distrito de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, convocada para analizar la problemática ambiental y social vinculada al proyecto minero Crespo, concluyó sin resultados concretos ni decisiones vinculantes frente al conflicto. La jornada reunió a autoridades locales, representantes del Ejecutivo, organizaciones sociales y población de comunidades campesinas, en medio de un clima de creciente preocupación y protesta, donde la falta de capacidad resolutiva por parte de los funcionarios del Estado fue uno de los principales cuestionamientos planteados.
En la reunión estuvo presente la congresista Ruth Luque, así como de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio del Ambiente (MINAM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). También asistieron alcaldes distritales y provinciales, dirigentes comunales y pobladores de Llusco y Santo Tomás.
Durante la reunión, la congresista Ruth Luque expresó su malestar por la presencia de funcionarios que, según señaló, no contaban con capacidad resolutiva. Consideró que esta situación refleja una falta de respuesta efectiva del Estado frente a las demandas de la población.
Las comunidades, por su parte, manifestaron un rechazo contundente al proyecto minero Crespo, señalando que habría iniciado operaciones sin respetar el proceso de consulta previa. En ese sentido, cuestionaron que no se haya reconocido adecuadamente su condición de pueblos originarios, pese a cumplir –según indicaron– con los criterios establecidos. Asimismo, denunciaron inconsistencias en informes técnicos previos que habrían omitido dicha identificación.
Uno de los principales puntos de preocupación gira en torno a la posible afectación de cabeceras de cuenca y la existencia de glaciares o hielo subterráneo en la zona de Curasma. Por ello, la población exigió estudios técnicos concluyentes y la intervención de entidades especializadas. En respuesta, el INAIGEM se comprometió a iniciar investigaciones a partir de mayo para determinar la presencia y características de estos ecosistemas.
Representantes de la ANA señalaron que actualmente existe una acción de amparo interpuesta en curso y que los estudios permitirán esclarecer la situación hacia finales de año. Sin embargo, reconocieron que el conflicto no tendrá una solución inmediata.
En este contexto, la población acordó continuar con medidas de protesta y anunció la elaboración de una carta dirigida al gobierno central solicitando la suspensión del proyecto minero Crespo mientras se desarrollan los estudios técnicos.
Según se informó durante la reunión, los pobladores llevan más de veinte días de protesta en la zona del nevado Apu Curasma, reafirmando su decisión de no permitir actividades mineras en cabeceras de cuenca.
La reunión evidenció la persistencia de tensiones entre el Estado, la empresa minera y las comunidades, en un escenario donde la defensa del agua, los ecosistemas frágiles y los derechos colectivos se mantienen como ejes centrales del conflicto.
26/03/2026
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