Apurímac: el “milagro apurimeño” en estado de emergencia
A lo largo del año, Apurímac se ha mantenido como tercer productor de cobre en el país. En cuanto a la cartera de proyectos mineros ocupa la segunda posición con una participación de 19.4%, lo que significa una inversión de US$ 11,353 millones; no obstante, la inversión corriente en lo que va del año bordea los US$ 120 millones.
Las concesiones mineras en Apurímac se han incrementado ligeramente respecto al primer semestre del año y han pasado a ocupar 49.1% de su territorio. Sin embargo, respecto a finales del 2017 el aumento es mayor ya que ocupaban 44.6% del territorio de la región. Actualmente 1´034,902.2 hectáreas están concesionadas a la minería en la región.
De acuerdo a la Defensoría, Apurímac registra 11 conflictos activos, de los cuales 4 están vinculados a la minería. Además de los mineros, son bastante recurrentes los conflictos de linderos entre comunidades. Actualmente, Apurímac es la sétima región con el mayor número de conflictos en el país.
¿Estado de emergencia o estado permanente?
Desde el año pasado la región ha experimentado la sucesiva prórroga de la declaratoria del Estado de Emergencia de parte del Gobierno Central en los territorios en donde opera la actividad minera. Desde agosto de 2017, los distritos de Challhuahuacho y Mara (Cotabambas) y Capaccmarca (Chumbivilcas – Cusco) han estado bajo este tipo de régimen, supuestamente de excepción.
El 11 de enero de 2018 el gobierno de Kuczynski decidía declarar el Estado de Emergencia en todo el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa (Decreto Supremo N° 006 – 2018 – PCM)[1]. Durante el gobierno del nuevo presidente Martín Vizcarra el estado de emergencia en el corredor del sur andino tuvo una pausa a partir de junio, sin embargo, fue declarado nuevamente el 30 de agosto (Decreto Supremo N° 091-2018- PCM), luego que algunas localidades del Corredor Minero retomaran acciones de protestas, incluyendo movilizaciones y bloqueo de carreteras.
En el caso del fundo Yavi Yavi, la comunidad de Fuerabamba había ocupado la vía para reclamar el uso de sus tierras en la construcción de la carretera por donde transitan los camiones de la empresa MMG Las Bambas. Ellos señalan que el fundo ha sido una compensación que les dio la empresa por los terrenos utilizados para el tajo abierto de la mina, y que por lo tanto el área donde se ubica la carretera es propiedad privada.
En el caso del distrito de Velille en la vecina provincia de Chumbivilcas, la población solicitaba que el distrito sea reincorporado como área de influencia del proyecto minero Las Bambas, a fin de que se atiendan los impactos ambientales y sociales que le ocasiona la carretera por donde pasan diariamente alrededor de 300 camiones de carga pesada. Este distrito fue considerado como área de influencia en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas, pero fue retirado mediante una modificatoria del EIA al descartarse el mineroducto como medio para el transporte de concentrados. Por su parte, en el caso de la comunidad de Pisacasa, por ahora, el conflicto no ha sido con la empresa minera, sino con el Estado, que según los dirigentes locales no habría venido cumpliendo, en los plazos y términos previstos, con los compromisos acordados en cuanto a proyectos educativos, productivos, entre otros, así como en lo referido a la compensación por los terrenos utilizados para la construcción de la carretera.
Al respecto, el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Cotabambas (localidad en donde opera Las Bambas) en un pronunciamiento público a comienzos de setiembre señaló que: “en el entorno al corredor vial mencionado hay dos problemas no resueltos. Uno de ellos el uso de tierras comunales para la construcción de la carretera sin la autorización de las mismas por parte de comunidades campesinas y propietarios privados. Por otro, los impactos negativos no atendidos del transporte minero que está ocasionando la contaminación por el polvo, vibración y ruido. Estos hechos fueron denunciados por las comunidades en la mesa de diálogo a fines del 2016; hasta la fecha no hay solución alguna, no se ha hecho saneamiento físico legal de las tierras comprometidas en la construcción de la carretera y ninguna autoridad estatal fiscaliza, corrige, sanciona ni repara los daños ocasionados por estos hechos. La única respuesta del gobierno ha sido decretar el Estado de Emergencia, es decir limitar nuestros derechos de libertad de expresión y reunión para que no protestemos ni cuestionemos públicamente”. Los Estados de Emergencia suspenden derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito de las y los ciudadanos.
En CooperAcción consideramos que en las demandas legítimas existe un factor común: los vacíos legales y los problemas institucionales que requieren ser atendidos con urgencia. A lo largo del corredor minero se realiza el transporte terrestre de concentrados sin que se haya determinado las zonas afectadas por esta actividad, sus impactos y las medidas de mitigación. Al existir ese vacío, tampoco se realiza la fiscalización correspondiente que permita corregir los problemas existentes. Además, la carretera se construyó sin saneamiento físico legal de los predios, pasando en muchos casos por tierras de propiedad de comunal. Consideramos que el estado de emergencia no es una salida, pues el descontento permanece y se puede agudizar si es que no se resuelven los problemas de fondo.
[1] El corredor vial en Estado de Emergencia atraviesa 14 distritos pertenecientes a cinco provincias de los territorios deparmentales de Apurímac, Cusco y Arequipa. En Apurímac recorre las provincias de Grau (distrito Progreso) y Cotabambas (distrito de Challhuahuacho y Haquira); en Cusco, las provincias de Chumbivilcas (distrito de Quiñota, Llusco, Santo Tomas y Velille) y Espinar (distritos de Coporaque, Pallpata, Ocoruro y Condorama); y en Arequipa, la provincia e Caylloma (distritos de Callalli y San Antonio de Chuca).
La criminalización y judicialización de la protesta
La estrategia de criminalización social en el corredor minero se materializa mediante la presentación de denuncias y la apertura de largos procesos de investigación contra dirigentes y dirigentas de las organizaciones sociales de estas provincias. En efecto, a comienzos de noviembre la Fiscalía acusó a 18 comuneros de Cotabambas por los disturbios originados en las protestas de setiembre del 2015 en contra de la modificación del EIA de Las Bambas. Como se reportó en el Observatorio, aquel evento suscitó la muerte de 3 campesinos y decenas de heridos. La Fiscalía Provincial Mixta de Challahuahuacho pide de 11 a 17 años de prisión para los dirigentes.
Los procesos de investigación fiscal a líderes en Cotabambas, junto a las declaratorias del Estado de Emergencia y la militarización de los territorios del corredor vial, así como los convenios entre empresas mineras y la Policía Nacional, forman parte de una estrategia de control y amedrentamiento que viene generando el rechazo general de la población.
Tercera modificatoria al EIA (MEIA) de Las Bambas y los impactos ambientales
Tras la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas el 2011, este proyecto minero ha sido modificado mediante la aprobación de dos modificatorias de EIA y cinco Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), un instrumento de menor rango. Por ello, las características e impactos iniciales del proyecto han cambiado, causando desconcierto y malestar de la población que señala que los impactos que perciben son distintos de los que inicialmente se les había anunciado. Recientemente en octubre el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó la tercera modificación de Las Bambas mediante EIA, situación que ha estado rodeada de severas críticas por parte de la población.
De acuerdo al Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, esta tercera modificatoria aprobada presenta aún varias observaciones sin levantar en temas como agua y calidad de aire, por lo que ha apelado esta decisión del Estado. El SENACE permitirá a la empresa ampliar el tajo Ferrobamba y diversos componentes del proyecto minero, tales como los almacenes de concentrados y el depósito de desmonte. Este nuevo cambio fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 016-2018-SENACE-PE/DEAR.
La reducción del caudal de la micro cuenca del río Ferrobamba es significativa: según información de la empresa, el caudal pasó 2 000 l/s en marzo del 2007 a 500 L/s en el mismo mes del 2017, es decir se redujo en un 300%. “Sin tomar en cuenta el impacto acumulativo sobre el régimen hidrológico y caudal, SENACE califica este impacto como positivo bajo (+46), lo que es completamente contradictorio”, explica Victor Limaypuma, presidente del Frente de Defensa, en el recurso de apelación.
Además, hay una valoración discutible respecto de la importancia de los impactos ambientales en varios puntos. Por ejemplo, en el caso del impacto sobre la cuenca del río Palputa, SENACE calificó el impacto como “negativo bajo” con un valor de -34. Sin embargo, según la metodología CONESA, esa ponderación corresponde a impactos “moderados”, explica el recurso de apelación. Lo mismo ocurre en el caso del impacto en la calidad del aire por material particulado: SENACE lo califica como “de importancia baja” con un valor -31, pero la metodología internacional CONESA define este valor como un impacto “moderado”.
Otro punto crítico es que los proyectos que conforman esta tercera modificación (MEIA) no se encuentran detallados a nivel de factibilidad, requisito exigido por el Reglamento de Protección Ambiental Minero.
Por otro lado, el Frente de Defensa considera que no hay un tratamiento adecuado del agua de mina, lo que implicaría una afectación a la salud y al ambiente a largo plazo. Por ello, reitera que es necesaria una Planta de Tratamiento de los efluentes que por métodos activos separe los metales disueltos y suspendidos en dichas aguas; y no sólo por sedimentación tal como se realiza actualmente. Además, el recurso de apelación muestra que los impactos sobre la calidad del aire se vienen incrementando progresivamente.
El tema de la corrupción en Cotabambas
Durante el 2017 y 2018, el tema de la corrupción ha formado parte de la agenda pública en la provincia de Cotabambas. El ahora ex alcalde provincial, Odilón Huanaco Condori, fue acusado de peculado doloso por apropiación, asociación ilícita para delinquir y falsedad ideológica por el Ministerio Público y actualmente sigue en calidad de prófugo. Por su parte, el actual alcalde de Challhuahuacho, Antolín Chipani Lima, viene siendo investigado por la Fiscalía de presunto lavado de activos y se encuentra con prisión preventiva por un período de 12 meses.
Por su parte, en agosto último la población de la comunidad de Huancuire del distrito de Coyllurqui se movilizó en contra de la Fiscalía Provincial y el Juzgado Preparatorio de la provincia de Cotabambas debido al posible archivamiento de la denuncia sobre dos directivos comunales y ex trabajadores de Las Bambas acusados de apropiación ilícita y fraude. Durante los años 2012-2013, cuando las Bambas era propiedad de la empresa Xstrata, la comunidad de Huacuire vendió a la empresa 1900 hectáreas. Los comuneros reclaman que por esta transacción hubo saldos que nunca fueron rendidos a las autoridades de la comunidad y consideran que hubo un desvío de este dinero.
Otros conflictos mineros en Apurímac
Apurímac cuenta con numerosos proyectos mineros todavía en fase de exploración. Uno de ellos es el proyecto Los Chancas a cargo de la empresa Southern Peru Copper Corporation (SPCC). Se proyecta el inicio de la fase operativa en el 2022.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, la comunidad de Tiaparó presenta diversos reclamos en contra del proyecto: se habla de la falta de cumplimiento de los acuerdos asumidos por la empresa, el no contar con el acuerdo de uso de terrenos comunales y la afectación de los recursos hídricos.
Otro proyecto es Utunsa, de la empresa Anabi. En este caso los pobladores locales señalan que se estarían realizando actividades correspondientes a la etapa de explotación cuando todavía se encuentra sólo habilitada la fase de exploración. Por su parte, la población del distrito de Micaela Bastidas en la provincia de Grau exige a la empresa minera San María S.A.C. el retiro de su planta concentradora.
Es sabido que la presencia y proliferación de la minería informal o artesanal en Apurímac estaría generando conflictos por el proceso de formalización minera, disputa entre mineros artesanales y empresas que poseen concesiones de tierras, y entre las mismas comunidades. La minería informal en esta región se ha convertido en un factor adicional de creciente inestabilidad, violencia y conflictividad en esta región sureña.
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