Desde el 18 de octubre, las organizaciones sociales de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso, iniciaron un paro provincial indefinido ante el fracaso de la comisión de alto nivel enviada por la PCM. Las vías del corredor minero del sur, que se encuentran en estos territorios, se encuentran bloqueadas desde el inicio del paro. Las principales demandas de las comunidades son indemnización de las víctimas del conflicto minero del 2015, una negociación justa por los predios y edificaciones que han sido afectadas por la construcción y ampliación de la vía para el transporte minero.
Asimismo, exigen el asfaltado definitivo del corredor minero, pues denuncian que, hasta la fecha, continúan las afectaciones ambientales por el polvo que generan los más de 500 vehículos que transitan al día, transportando concentrado de minerales, insumos y otros residuos. Al respecto, también solicitan una auditoría internacional del EIA para determinar posibles impactos a las personas como metales pesados y sus respectivas atenciones.
También exigen la firma de un convenio marco entre la empresa y la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso, que permita promover proyectos estratégicos de desarrollo. En ese sentido, también incluyen en su pliego de reclamos la transparencia en la información en cuanto al inicio de pago de CANON minero. Además, demandan mayores oportunidades de trabajo, contratación de servicios de empresas locales, reevaluación de las áreas de influencia directas que sin mayor información varias comunidades y distritos han sido retirados.
Otro punto importante en sus demandas, es el cumplimiento del DS N° 005-2016-PCM, en el que se declara de interés nacional el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho. Además, se demanda la creación de una autoridad autónoma que tenga como funciones la planificación, organización y la fiscalización de los proyectos que se ejecutarán en la provincia. Respecto al Anexo K, que fue parte del proceso del contrato de opción el 2004, se exige una auditoría para ver su cumplimiento.
También se exige un decreto que permita regular el uso de estados de emergencia, además se exige anular los convenios entre la empresa minera y la PNP, que en los últimos años ha provocado que existan heridos y fallecidos por impactos de bala en los conflictos sociales.
Las organizaciones y comunidades, siguen firmes con la condición de levantar la huelga, sólo si la nueva Premier, Mirtha Vásquez; y el presidente de la República, Pedro Castillo, lleguen a sus territorios e instalen un nuevo espacio de diálogo.
26 de octubre de 2021
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