El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia a diez distritos de las provincias General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, en Moquegua, debido al alto riesgo de contaminación de las aguas de la cuenca del río Coralaque y del río Tambo. La medida, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 110-2025-PCM, tendrá una vigencia de 60 días calendario.
Los distritos comprendidos en la declaratoria son: Coralaque, Chojata, La Capilla, Matalaque, Omate y Quinistaquillas, en la provincia General Sánchez Cerro; y Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal y Torata, en la provincia Mariscal Nieto.
El decreto dispone que el Gobierno Regional de Moquegua y las municipalidades distritales coordinen acciones inmediatas con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, entre otros sectores, con el fin de reducir riesgos, garantizar agua segura, brindar atención en salud preventiva y proteger los cultivos afectados. Las actividades se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Denuncias por contaminación minera
En este contexto, el congresista Jaime Quito denunció que la contaminación que afecta al río Tambo y sus afluentes se debe a la actividad de la empresa minera Florencia Tucari. Según señaló, el impacto ambiental “es evidente” y pone en riesgo la salud y la vida de las comunidades locales, tanto en Moquegua como en el Valle de Tambo, en Arequipa.
“El río Aruntaya no muestra signos de vida, su coloración es amarillenta y rojiza. Es un desastre ecológico que evidencia la contaminación generada por la minera. No entiendo qué hacen las autoridades después de tanto tiempo”, expresó Quito, recordando que los monitoreos del OEFA registraron niveles de metales pesados por encima de los límites permitidos.
Asimismo, el parlamentario exigió el cumplimiento de la Ley N.° 31861, que declara de interés nacional la remediación del río Tambo, y demandó medidas efectivas y urgentes para frenar la contaminación.
Cuestionamiento a la declaratoria sin presupuesto
Por su parte, Lucio Flores Toledo, presidente de la Federación Agraria y Ambiental de Moquegua (FACAREMOQ), cuestionó que el estado de emergencia no contemple presupuesto del Gobierno Central. Según indicó, el decreto traslada la responsabilidad financiera a las municipalidades distritales, cuyos presupuestos calificó de “irrisorios”.
“Con esta declaratoria, el Estado se está lavando las manos y no asume su responsabilidad. No garantiza presupuesto y no obliga a la empresa minera Aruntani SAC a resarcir la contaminación. Son los municipios quienes tendrían que atender la emergencia, cuando no cuentan con recursos suficientes”, señaló el dirigente.
Flores Toledo anunció que el próximo 9 de septiembre arribará a Moquegua una delegación del Gobierno central y que, en esa ocasión, las organizaciones sociales se movilizarán para exigir soluciones concretas y el respeto de los derechos de la población afectada.
02/09/2025
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