El reciente hackeo a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN) ha revelado la magnitud del espionaje estatal. En la región Arequipa, el espionaje está particularmente enfocado contra los opositores al proyecto minero Tía María. De acuerdo con la información difundida por el canal de Telegram Deface Perú y verificada por Pancarta.pe, más de 210 alertas de inteligencia entre 2016 y 2025 documentan seguimientos, reportes y monitoreo directo a las actividades de los dirigentes del Valle de Tambo.
Los documentos filtrados muestran que el 95 % de los reportes provienen de labores de seguimiento encubierto, y no solo de fuentes abiertas. Entre los más mencionados se encuentra Miguel Meza Igme, vocero del Valle de Tambo, con al menos 36 reportes desde 2017. También aparecen en los registros Jesús Cornejo Reynoso, expresidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo (20 menciones), Roger Chirapo (5), Jorge del Carpio Lazo (2), y el exalcalde de Cocachacra, Julio Cornejo Reynoso, además de otros dirigentes locales como Lucio Calle Mamani, Elard Juárez y Mariluz Marroquín.
La filtración confirma lo que las comunidades ya sospechaban: que las protestas contra el proyecto Tía María y La Tapada fueron tratadas como un asunto de seguridad interna. En lo que va del 2025, se registran al menos 29 alertas vinculadas a caravanas, movilizaciones y paros en la provincia de Islay.
Consultado por Pancarta.pe, Miguel Meza aseguró que pese a la vigilancia continuará con su oposición a Tía María, argumentando que su participación en marchas y asambleas pacíficas está amparada por la Constitución. Asimismo, el dirigente exigió la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos al considerar que estas prácticas buscan criminalizar la protesta social.
Según especialistas, la fisltración expuso la débil seguridad digital del Estado peruano, comprometiendo la identidad de agentes, la reserva de operaciones en curso y la capacidad de anticipación frente a amenazas reales como el crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo. La publicación de más de 37 mil reportes por un canal de Telegram ha sido calificada como la brecha más grave en la historia de los servicios de inteligencia del país, lo que plantea dudas sobre la solidez de la seguridad nacional y la necesidad urgente de reforzar los sistemas de protección de datos estatales.
Más allá de la debilidad institucional, lo revelado abre un debate de fondo en el uso del aparato de inteligencia para vigilar a dirigentes y líderes sociales que ejercen su derecho constitucional a la protesta. En lugar de destinar esfuerzos a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, se prioriza el seguimiento de asambleas, caravanas y paros en el Valle de Tambo, lo que constituye una práctica de criminalización de la protesta y una amenaza directa a las libertades democráticas que venían denunciando los dirigentes sociales. Para las comunidades, esta filtración confirma que el Estado ha tratado la defensa del agua y la agricultura como un problema de seguridad, y no como un legítimo reclamo social.
10/09/2025
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