Voceros del Valle de Tambo anuncian acciones legales frente a la imposición del proyecto minero Tía María

Representantes del Valle de Tambo, provincia de Islay (Arequipa), ofrecieron una conferencia de prensa en Lima para denunciar la imposición del proyecto minero Tía María, promovido por Southern Perú Copper Corporation, y anunciar nuevas acciones legales frente a la reciente resolución del Ministerio de Energía y Minas (Minem) que autoriza su inicio de explotación.

Los voceros Vilma Condori, Paulina Bobadilla, Agripina Paucar y Miguel Meza señalaron que la decisión del Minem “profundiza el conflicto” en una zona donde la población ha rechazado de manera constante el proyecto. Recordaron que en la consulta popular de 2009, el 96.7 % de los habitantes del valle votó en contra de Tía María, y que el rechazo se mantiene “porque el agua y la tierra son la vida misma del valle”.

Vilma Condori relató que “el río Tambo ya está enfermo por tanta contaminación, y con Tía María lo van a matar del todo. Nuestros niños tienen metales pesados en la sangre y los médicos no nos dan respuestas. Lo que queremos es vivir de nuestro trabajo, no enfermarnos por una mina que nadie pidió”.

Paulina Bobadilla, agricultora del valle, recordó los años de represión y persecución sufridos por quienes se oponen al proyecto. “Nos han disparado, nos han detenido y ahora quieren imponernos otra vez lo mismo. El Estado no nos escucha, pero nosotros seguimos firmes, porque el agua vale más que el cobre”, afirmó.

Por su parte, Agripina Paucar enfatizó que las mujeres del valle “han sostenido la lucha y el hogar a la vez”. “Somos madres, agricultoras y defensoras. No tenemos armas, solo nuestras manos y nuestra palabra. Queremos paz, pero una paz con justicia, sin contaminación y sin miedo”, expresó.

El dirigente Miguel Meza denunció que el Gobierno “pretende imponer un proyecto sin legitimidad ni sustento técnico, usando un estudio ambiental caducado”. Añadió que la población continuará defendiendo su territorio “de manera pacífica, pero firme, para evitar más enfrentamientos y derramamiento de sangre”.

Durante la realización de la conferencia, efectivos policiales se presentaron en el lugar, hecho que los asistentes interpretaron como un seguimiento a los dirigentes. Los voceros advirtieron que este tipo de acciones se inscriben en un patrón de criminalización de la protesta social, aunque reiteraron que su lucha es completamente pacífica.

Acciones legales en curso

En el evento participaron también los abogados Rodrigo Lauracio, de la Red Muqui, y David Velasco, director ejecutivo de FEDEPAZ, quienes detallaron las medidas legales presentadas para frenar la ejecución del proyecto.

El 28 de marzo de 2025, los pobladores del Valle de Tambo, con apoyo de ambas instituciones, interpusieron una demanda de amparo ante el Primer Juzgado Constitucional de Lima, solicitando que se declare la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en 2014. Según explicaron, la Ley N.º 27446 establece que un EIA tiene una vigencia máxima de cinco años, por lo que el documento utilizado por Southern Perú ya no tendría validez legal.

Lauracio y Velasco precisaron además que la empresa no cuenta con licencia de uso de agua, ni para extracción subterránea ni para desalinización, requisito indispensable para iniciar operaciones. “La resolución del Minem se apoya en un estudio ambiental sin vigencia. Por eso presentaremos una medida cautelar para suspender sus efectos mientras el Poder Judicial analiza el fondo del caso”, señaló Velasco.

La audiencia de este proceso fue reprogramada para el 18 de diciembre de 2025, y los abogados esperan que el fallo se emita en las primeras semanas de 2026.

Defensa pacífica y llamado al diálogo

Los representantes del Valle de Tambo reiteraron que su lucha es pacífica y legal, y que busca defender derechos fundamentales al agua, al ambiente sano y al desarrollo sostenible. Anunciaron la convocatoria a una asamblea popular para definir próximas acciones en coordinación con organizaciones sociales y autoridades locales.

“El Valle de Tambo vive de la tierra y la agricultura. Defender el agua y la vida no es un delito, es defender nuestro futuro”, concluyeron los voceros.

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