Esta edición corresponde al segundo semestre del año 2019. El segundo semestre del año se ha caracterizado por un escenario de crispación política entre el Ejecutivo y el Congreso, que tuvo como momentos claves la propuesta de adelanto de elecciones planteada por el Presidente de la República el 28 de julio, la posterior disolución del […]
El 25 de marzo en el distrito de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, convocada para analizar la problemática ambiental y social vinculada al proyecto minero Crespo, concluyó sin resultados concretos ni decisiones vinculantes frente al conflicto. La jornada reunió a autoridades locales, representantes del Ejecutivo, organizaciones sociales y población de comunidades campesinas, en medio de un clima de creciente preocupación y protesta, donde la falta de capacidad resolutiva por parte de los funcionarios del Estado fue uno de los principales cuestionamientos planteados.
El Primer Juzgado Constitucional de Lima, volvió a suspender la audiencia única correspondiente a la demanda de amparo presentada por agricultores del Valle de Tambo. La acción legal está dirigida contra autoridades ambientales, el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Southern Perú, cuestionando por la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María.
Comunidades campesinas de Chumbivilcas protestan desde el 2 de marzo bajo la consigna “Agua sí, mina no”, expresando su preocupación por el Proyecto Minero Crespo, gestionado por Compañía Minera Ares S.A.C. y operado por Apumayo S.A.C., debido al posible impacto en las fuentes de agua de la cabecera de cuenca del río Santo Tomás.
Audiencia por contaminación ambiental en Espinar fue reprogramada por cuarta vez, prolongando la espera de justicia para las comunidades afectadas, representadas por la Asociación Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar Cusco (PAMATEC) y la Comunidad Campesina Huisa, frente a la Compañía Minera Antapaccay
Los agricultores de Moquegua y Ilo amenazan con cerrar el proyecto Quellaveco ante el incumplimiento de la empresa Anglo American Peru en la construcción de la represa Asana, al considerar que esta situación pone en riesgo el acceso al agua para el valle y vulnera los acuerdos firmados hace más de una década.
Mientras la contaminación sigue afectando la salud de miles de familias, el Ejecutivo vuelve a ausentarse en Espinar, dejando sin respuestas una de las crisis ambientales más graves del sur del país.
La audiencia será evaluada y representa uno de los últimos recursos legales de los pobladores para frenar el avance del proyecto, que consideran una amenaza directa para la agricultura, el agua y la salud de la población del valle.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay archivó siete investigaciones penales contra defensores del Valle del Tambo que participaron en protestas pacíficas contra el proyecto minero Tía María, al no encontrar pruebas.
Comunidades de Pallpata rechazan la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental de Antapaccay–Coroccohuayco y exigen la intervención inmediata del Estado ante los riesgos para la salud y el medio ambiente.
La formalización minera en el Perú es inviable bajo el marco legal actual porque una extrema concentración de concesiones —donde solo el 1% de los titulares controla más del 50% del territorio concesionado— bloquea el acceso de miles de pequeños mineros y mineros artesanales, haciendo insuficientes y meramente paliativas medidas como la ampliación del REINFO y la eventual aprobación de la Ley MAPE sin una reforma estructural del régimen de concesiones mineras.