Como parte de sus actividades institucionales, Fedepaz (integrante del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú-OCM) realizó una nueva visita a la Comunidad de Supayacu el pasado 30 de marzo y hemos constatado que la tensión ha aumentado, a raíz de diversas señales intimidatorias que un sector de la Comunidad de Naranjos está emitiendo contra todas aquellas personas que no están de acuerdo con la renovación del convenio con Exploraciones Águila Dorada SAC, que algunos de sus dirigentes vienen negociando.
Señales que se traducen en amenazas y seguimiento a pobladores de la propia comunidad de Naranjos y de Supayacu, esta última por estar en contra de la minería y a favor de ser consultadas y de defender el territorio compartido por ambas comunidades. Algunas familias se han visto obligadas a desplazarse para protegerse.
El pueblo awajún de Supayacu ha dado diversas muestras de exhortación al diálogo y de su oposición a la actividad extractiva por las vías legales establecidas, pero sigue sin ser atendido en sus demandas y hoy se encuentra expuesto a una creciente agresividad que los mantiene en estado de alerta.
Desde el 2011, Supayacu viene exigiendo que se respete su derecho al territorio, al desarrollo en un ambiente saludable y sostenible, y que se le consulte sobre decisiones que afecten sus derechos, en estricto cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, la Ley No. 29785 (Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios) y su Reglamento (D.S. 001-2012-MC), por encontrarse dentro del área de influencia del proyecto minero “Yaku Entsa” (en fase de exploración por Águila Dorada SAC en Naranjos). Las actividades de exploración, autorizadas por el MINEM[1], generaron contaminación en las aguas del Río Chirinos que abastece a ambas comunidades, un hecho denunciado y probado[2].
Con la asesoría legal de Fedepaz, la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca-ORFAC y la Comunidad de Supayacu interpusieron una demanda de amparo que fue admitida a trámite mediante Resolución 02 de fecha 20 de octubre de 2014, por el Quinto Juzgado Constitucional, con sede en Lima.
Una vez más, desde el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú-OCM, ALERTAMOS sobre esta situación que puede derivar en enfrentamientos violentos o la violación directa de derechos fundamentales de los referidos pobladores y DEMANDAMOS URGENTE ATENCIÓN por parte del gobierno local, regional y central a esta situación de conflictividad.
[1] Ministerio de Energía y Minas.
07 de abril de 2015
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN
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