Arequipa: más allá de Tía María
Durante el año 2018, Arequipa se mantiene como la principal región productora de cobre y molibdeno del país, luego de la ampliación de Cerro Verde. También ocupa el tercer lugar en la producción de oro, el quinto lugar en plomo y el sexto lugar en plata.
Por lo tanto, esta región se consolida como uno de los principales centros de actividad minera en el país. De hecho, el año 2016 entró en operación la unidad minera Tambomayo de la empresa Buenaventura (provincia de Caylloma), la cual tiene prevista una producción anual entre 140 y 160 mil onzas de oro, además de plata, plomo y zinc. Asimismo, en el 2019 empezaría la construcción del proyecto de hierro Pampa del Pongo (provincia de Caravelí) de Jinzhao Mining Perú, de capitales chinos con una inversión de US$ 2 500 millones. Esta mina se sumaría al único productor de hierro en el país, Shougang Perú, también de capitales chinos, en la vecina región de Ica.
En lo que va del año, Arequipa ha recibido US$ 329 millones de inversión minera, ocupando el cuarto destino a nivel nacional. En cuanto a la cartera de proyectos, Arequipa figura con US$ 4 692 millones en el cuarto lugar. Entre los proyectos con mayores probabilidades de iniciar la etapa de construcción destacan Pampa del Pongo (2019), con EIA aprobado, y Zafranal (2020), con estudio de factibilidad. Por otro lado, los proyectos Tía María (con EIA aprobado), y Don Javier (con estudio de pre-factibilidad), presentan una fecha indeterminada para el inicio de construcción, de acuerdo a la cartera del MINEM. Asimismo, Arequipa registra ocho proyectos en etapa de exploración.
Las concesiones mineras, luego caer de manera sostenida desde el 2014, han retomado un crecimiento desde el año pasado. En Arequipa, las concesiones ascienden a 2’306,165 hectáreas a finales del 2018, lo que representa el 36.5% del territorio regional.
Según la Defensoría, se registran 7 casos de conflictos en Arequipa, 4 son activos y 3 son latentes. De estos tres están relacionados a la minería.
El principal conflicto en la región relacionado a la actividad minera continúa siendo el proyecto Tía María en la provincia de Islay. Este conflicto se reporta desde el año 2010; cabe recordar que la preocupación central de los agricultores y de toda la población de Islay siempre ha sido el tema del agua y la posible contaminación de sus cultivos. En los últimos informes del Observatorio se han reportado sucesivas movilizaciones pacíficas en contra del posible reinicio del proyecto, tanto en el distrito de Cocachacra como en la ciudad de Arequipa. Por su parte, la empresa Southern Copper viene reiterando su intención de obtener la licencia de construcción del proyecto, a pesar de no contar con la denominada licencia social.
En relación a este conflicto, en agosto se instaló en la Corte Superior de Arequipa el juicio oral a un grupo de pobladores del Valle del Tambo, acusados de violencia a la autoridad durante las manifestaciones del 2015. Asimismo, el 9 de octubre, el Poder Judicial de Mollendo declaró fundada la petición de la defensa de los familiares del comunero Aurelio Huacarpima, fallecido en la provincia de Islay durante las manifestaciones del año 2011 en contra del proyecto. La jueza consideró que el Estado peruano será procesado como parte solidaria.
Por su parte, el 23 de octubre las juntas de usuarios de riego de la provincia de Islay realizaron un paro de 48 horas en contra del proyecto cuprífero Quellaveco (ubicado en la región de Moquegua). Las juntas de usuarios señalan que el proyecto Quellaveco afectaría el recurso hídrico de la cuenca del río Tambo.
Otro conflicto registrado por la Defensoría, en estado latente, es el de la comunidad campesina de Umachulco (provincia de Condesuyos), que reclama la reformulación del convenio de servidumbre con la empresa Buenaventura. Esta misma empresa registra dos conflictos adicionales en observación por la Defensoría: por un lado, con los pobladores del distrito de Tapay, debido al incumplimiento de acuerdos y, por otro lado, con los pobladores del distrito de Lari a causa de los impactos de la explotación de oro del proyecto minero Gaby, ambos en la provincia de Caylloma.
Por último, figuran los conflictos con los pequeños mineros y mineros artesanales, especialmente en la provincia de Caravelí, que continúan demandando a las autoridades nacionales facilidades para seguir operando mientras se implementa el proces o de formalización.
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