Cusco y una agenda minera en movimiento
Cusco es la cuarta región productora de cobre a nivel nacional y también figura en las estadísticas como productora de oro, plata, plomo y zinc. La producción de cobre se concentra en las provincias alto andinas de Espinar y Chumbivilcas.
En lo que va del año se han invertido en minería algo más de US$ 120 millones, lo que equivale al 4.4% del total nacional y Cusco representa apenas algo más del 3% de la actual cartera de proyectos de inversión en minería. Entre los proyectos que ya cuentan con instrumento de gestión ambiental aprobado, figuran los de Coroccohuayco (Minera Antapaccay) y San Miguel (Brexia Goldplata).
A nivel de conflictos y según la base de datos de la Defensoría del Pueblos, Cusco figura entre las tres regiones con el mayor número de conflictos sociales, principalmente vinculados a temas ambientales y a actividades extractivas. Destacan casos como las demandas por incumplimiento de acuerdos entre la empresa de Antapaccay y la población de Espinar (luego del conflicto del año 2012), pedidos de diálogo y acuerdos entre las comunidades de la zona de influencia de proyecto Constancia de la minera Hudbay y por supuesto también los impactos en la salud de las comunidades de Espinar. También hay que mencionar los impactos por las actividades de mineros informales en distritos como Camanti, provincia de Quispicanchi.
Las concesiones mineras han seguido la tendencia nacional de una cierta recuperación: un leve aumento de 0.3% en el territorio concesionado respecto al primer semestre del año. Sin embargo, en octubre de 2017 el porcentaje concesionado era de 13.7%, frente al 15.1% medido en octubre de 2018.
A continuación detallamos algunos de los hechos más importantes ocurridos en varias zonas
de la región.
Foto: El Reportero de Chumbivilcas
Distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas
Según la Defensoría del Pueblo, el conflicto entre la Municipalidad Distrital de Velille y comunidades campesinas con la empresa MMG Las Bambas, fue el único realmente activo con nuevos hechos registrados en los últimos meses. Las comunidades de este distrito demandan ser incorporadas como área de influencia directa del proyecto.
Recordemos que los pobladores del distrito de Velille, anunciaron el 22 de marzo acciones de fuerza en contra de la empresa MMG Las Bambas. Exigían que se les reconozca como zona de influencia por los daños ambientales que ocasiona el transporte minero y que se cumplan los compromisos asumidos con la comunidad de Tuntuma. Para esto, demandaron la constitución de una mesa de diálogo y la suscripción de un convenio marco.
El 2 de mayo, en la Municipalidad Distrital de Velille, se realizó la reunión de instalación del Comité de Diálogo Ampliado para el Desarrollo de Velille. Participaron el alcalde y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Velille, la oficina de gestión social – OGGS – MINEM, SGSD – PCM, Coordinador Técnico de Velille, Frente de Defensa de Velille, presidentes de las comunidades campesinas de Tuntuma, Casa Blanca, Ccollana, Cullahuata, Urasana, Ayaccasi, Alccavictoria y Merquez; los representantes de los seis barrios de Velille, Federación Campesina y representantes de la empresa MMG Las Bambas.
En esa reunión se acordó la instalación de un espacio de diálogo denominado “Comité de Diálogo Ampliado para el Desarrollo de Velille, entre la empresa minera Las Bambas S.A. con el distrito de Velille”. Las partes se comprometieron a continuar con el diálogo y las autoridades y organizaciones sociales se comprometieron a mantener el orden público y paz social en el distrito de Velille, dejando sin efecto la medida de fuerza acordada.
Posteriormente el 28 de junio, en la Municipalidad Distrital de Velille, se llevó a cabo la reunión del Comité de Diálogo ampliado del distrito de Velille. En la reunión se acordó principalmente, aprobar la propuesta de reglamento del Comité de Diálogo elaborado por la Presidencia del Comité. Luego, el 26 de julio, se realizó otra reunión del Comité de Diálogo donde los pobladores deseaban abordar la Modificación de EIA, sin embargo, el MINEM precisó que debido a la naturaleza del espacio de diálogo, no era idóneo discutir la modificatoria de EIA. La empresa por su parte, ratificó su voluntad de diálogo, y manifestó que no es política de la empresa suscribir convenios marco. Frente a esas respuestas, los representantes del distrito de Velille, anunciaron que evaluarían tomar medidas de fuerza.
El 26 de julio, los representantes del distrito de Velille expresaron a través de un pronunciamiento el reinicio de sus medidas de lucha y plantearon sus demandas:
- Modificatoria del EIA declarando de influencia directa ambiental y social el distrito de Velille.
- Revisión y evaluación de los compromisos con el distrito y a las comunidades campesinas de Ccollana, Tuntuma y urbanizaciones barriales.
- Indemnizaciones y compensaciones por los daños ocasionados por la empresa minera Las Bambas.
- Beneficios de acceso a la prestación de servicios y bienes, así como a puestos laborales que genera la empresa.
- Firma de Convenio Marco.
Por ello, el 30 de agosto, el Frente de Defensa de Velille, comunidades campesinas, seis barrios de Velille y la Federación Distrital de Campesinos de Velille, iniciaron una huelga indefinida que consideró el bloqueo de vías. No obstante, un día después, se publicó el decreto Supremo N°091-2018PCM, declarando en Estado de Emergencia el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa por treinta (30) días calendario. Ante la declaratoria, la población de Velille en reunión acordó continuar con el bloqueo de carretera de Las Bambas en las comunidades Qollana y Tuntuma.
El 6 de septiembre, la empresa minera Las Bambas S.A. en un comunicado en un diario local, reiteró su voluntad de diálogo, pero precisaron que la inclusión del distrito como parte del área de influencia directa, depende de los criterios técnicos y legales establecidos en la Ley de Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Reglamento Ambiental Minero, y que la actividad de transporte terrestre por vías públicas no es una actividad minera prevista en la Ley General de Minería.
El 14 de septiembre, se realizó una reunión de coordinación para retomar el espacio del Comité de Diálogo Ampliado para el Desarrollo de Velille. No obstante, este nuevo intento no logró avanzar debido a que no fue posible acordar una agenda. Sin embargo, ese mismo día, los dirigentes y población de Velille, emitieron un pronunciamiento donde manifestaron principalmente el rechazo a la actitud “abusiva” e “irresponsable” de los funcionarios de la PCM y el MINEM, en condición de Comité de Avanzada para resolver el paro indefinido. Otorgaron un plazo de 72 horas para que otra comisión del Estado buscara solucionar los problemas del distrito, caso contrario radicalizarían la medida de fuerza y exigieron que se levante de inmediato el Estado de Emergencia en el Corredor Minero.
El 25 de setiembre, se realizó otra reunión de coordinación previa para el reinicio del Comité de Diálogo Ampliado para el Desarrollo de Velille. Los acuerdos principales a los que llegaron fueron que el MINEM trasladaría a la empresa minera la propuesta de conformar una presidencia colegiada integrada por el MINEM, PCM y Municipalidad del Distrito de Velille, para el reinicio del Comité de Diálogo Ampliado. Por su parte, los pobladores se comprometían a suspender temporalmente la huelga indefinida en el distrito de Velille. Finalmente, unos pocos días después, el 1 de octubre, se amplió por 30 días más el Estado de Emergencia.
Foto: El Reportero de Chumbivilcas
Coroccohuayco
La empresa minera Glencore, el gigante suizo que opera en Perú, va concretando el proceso de expansión de la unidad minera más grande que tiene en nuestro país: Tintaya-Antapaccay vuelve a crecer para incorporar un nuevo tajo abierto y labores subterráneas de explotación de cobre a las que denomina “Integración Coroccohuayco”. La operación se coloca sobre nuevos territorios de comunidades campesinas indígenas de la provincia de Espinar. Estos tres tajos y todos sus componentes, forman parte de la mega operación Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco.
Por esto, el 23 de julio más de dos mil ciudadanos se movilizaron en la provincia de Espinar. Los comuneros y comuneras de 13 comunidades campesinas protestaron porque habrían sido excluidos del área de influencia del proyecto en los estudios ambientales presentados por la empresa minera Glencore. Según los manifestantes, al no haber sido consideradas, están excluidas del proceso de participación ciudadana y no pueden hacer oír su voz respecto de los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto. Juan Pino, presidente del Frente de Defensa de Alto Pichigua, explicó que demandan que estas comunidades sean incluidas en el área de influencia y sean consultadas, por lo que buscan diálogo con la empresa minera.
Foto: El Reportero de Chumbivilcas
Otras protestas
Durante estos últimos 6 meses, se presentaron varias manifestaciones asociadas a conflictos mineros. Las protestas pacíficas que viene realizando y organizando la población local tienen que ver con la falta de estudios adecuados y oportunos sobre los impactos ambientales y sociales que iba a producir la carretera en la zona.
Los comuneros y comuneras de Fuerabamba realizaron un paro en Cusco y bloquearon la carretera a la altura del ex fundo Yavi Yavi. Denuncian que los terrenos sobre los que se ha construido la carretera utilizada por la empresa minera MMG Las Bambas, es de su propiedad. En señal de protesta cavaron zanjas y tomaron posesión de la misma. El día lunes 27 de agosto se hizo presente la Policía Nacional con un número aproximado de 200 efectivos.
La montaña de los Siete Colores
La más reciente resolución del Consejo de Minería, resolución 403-2018-MEM/CM, emitida el pasado 29 de agosto, declaró infundado el pedido de revisión que había interpuesto la comunidad campesina de Pampachiri contra la concesión minera que afecta la Montaña de 7 Colores. Como se recuerda, la comunidad había solicitado la anulación de esta concesión minera por no haber sido consultada, por la posible afectación ambiental a la zona y por involucrar a la también llamada “Montaña Arcoiris”, un atractivo turístico de gran importancia.
Sin embargo, el Consejo de Minería consideró que la concesión minera otorga derechos sobre los yacimientos minerales, pero no sobre la superficie, por lo que concluyó que la solicitud de la comunidad era improcedente. Además, indicó que correspondía al INGEMMET pronunciarse sobre el pedido de la empresa minera Minquest Perú, que solicitó renunciar a dicha concesión ante el escándalo nacional e internacional generado por la posible afectación de la Montaña de 7 Colores.
Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas anunció en septiembre que la concesión ya había sido anulada. Si bien dicha información aún no figura en el portal Geocatmin, estas declaraciones indican la voluntad política del Gobierno de zanjar este tema y anular la concesión.
Lo que llama la atención es cómo pesa más la voluntad de la empresa de renunciar a esa concesión, que los argumentos expuestos por la propia comunidad campesina de Pampachiri, que fueron desestimados por la autoridad minera.
El caso de la Montaña de los 7 colores nos recuerda que existen otras concesiones mineras en el área, que podrían afectar el turismo en la zona así como el santuario del Ausangate. Se necesita replantear la política de concesiones a fin de que sea coherente con la promoción de otras actividades y con el respeto a las prioridades de desarrollo de las comunidades locales.
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